Juan Cruz Varela
La salud en el departamento Federación parece ser un servicio cada vez más reducido a aquel que pueda pagarlo. Edificios en mal estado; falta de insumos y escasez de personal y ambulancias; uso privado de los hospitales públicos; cargamentos con instrumental, aparatología, insumos y otros equipamientos provenientes del exterior desaparecidos; y médicos que no cumplen con sus obligaciones son algunas de las cosas que los pobladores de las localidades del norte entrerriano vienen denunciando en saco roto ante las autoridades provinciales. La situación es insostenible y amenaza con desembocar en un escándalo de dimensiones en el área que más dolores de cabeza le ha dado y en la que más conflictos irresueltos tiene el gobierno.
Los problemas que padece el lejano departamento Federación parecen remotos y ajenos para los dirigentes escondidos en la capital provincial. A 350 kilómetros de distancia, todo puede taparse o esconderse debajo de la alfombra, aunque en el medio esté la salud de la población o los derechos de los trabajadores. Edificios en mal estado; falta de insumos y escasez de personal y ambulancias; uso privado de los quirófanos de los hospitales públicos; cargamentos con instrumental, aparatología, insumos y otros equipamientos provenientes del exterior desaparecidos; médicos que no cumplen con sus obligaciones; y no pago de la coparticipación del arancelamiento a los trabajadores son algunas de las postales y hechos irregulares que se dan en el sufrido departamento del norte entrerriano en el que la salud de unos 60.000 habitantes depende del poder adquisitivo.
Evidentemente, la cuestión sanitaria parece ser un verdadero dolor de cabeza para el gobierno provincial, que a diario tiene que enfrentar problemas en el sector. Mientras el ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet, trataba de explicar el escándalo desatado por el incierto destino de 2,5 millones de pesos del Programa Federal de Salud (Profe), solapado, aparecía un nuevo dolor de cabeza en el departamento Federación.
El 26 de junio pasado, el secretario gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en el departamento del norte entrerriano, Marcelo Lacuadra, entregó un informe -también remitido al secretario de Salud, José María Legascue- en el que detalla una serie de irregularidades en los hospitales y centros de salud que atentan contra la normal atención de la población.
El detalle comienza planteando la escandalosa desaparición de una importante donación realizada a mediados de 2004 por la Fundación Texas Ayuda -una institución presidida por Ángel Jiménez, un argentino residente en Estados Unidos y que además integra el Rotary Club de Houston- consistente en más de 600 elementos que incluían instrumental médico, aparatología, insumos, medicamentos, equipamiento, entre otros elementos nuevos y usados, que debían ser entregados al Hospital Santa Rosa de Chajarí, pero que sin embargo nunca llegaron. El container de 4,5 toneladas de elementos partió desde el puerto de Tampa, en el Estado norteamericano de Florida, el 16 de febrero de 2004 y llegó al puerto de Buenos Aires en los primeros días de marzo, por lo que inmediatamente se iniciaron las gestiones ante la Representación Especial para Acciones de Solidaridad de la Cancillería para que el embarque pudiera ser derivado a Entre Ríos y Corrientes, tal como estaba previsto.
El detalle de lo que contenía el embarque nunca pudo conocerse oficialmente. Según pudo averiguar ANALISIS, en el container había unos 650 elementos que incluían, entre otras cosas, prótesis, zapatos y cuellos ortopédicos, muletas, estetoscopios de alta complejidad, camillas, sillas de rueda, equipos nebulizadores, catéteres, equipos de resucitación; otros elementos como sábanas, delantales, toallas, unidades de higiene, bolsas para cadáveres; hasta insumos como pañales para niños y adultos, chupetes, guantes, jeringas, medicamentos, etcétera.
“Hay una cantidad de cosas que han llegado, pero muchas otras faltan”, reconoce Carlos Miller, delegado de ATE en el Hospital Santa Rosa, con resignación. Y luego agrega: “Todo lo que es bien mueble o aparatología debe ser inventariado como patrimonio de la Secretaría de Salud, pero eso no fue posible en este caso porque la documentación misteriosamente se extravió”. Esta denuncia nunca fue desmentida por las autoridades del gobierno provincial, que tampoco dieron ninguna explicación al respecto.
En ese contexto, los trabajadores del hospital han planteado una serie de quejas por “la falta de entrega de medicamentos específicos, prótesis especiales, pedidos de traslado de pacientes y/o internación en caso de que no haya una autorización expresa de parte de algunos funcionarios públicos locales ajenos al hospital. A ello se suma el hecho de que mientras por un lado se exhiben grandes adquisiciones de insumos y equipamiento en el servicio de laboratorio, en forma constante se reciclan recipientes descartables para muestras de análisis. Asimismo, reiteradamente se han suspendido cierto tipo de análisis por falta de reactivos, que sugestivamente son derivados a profesionales particulares que trabajan en el mismo servicio”.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
