Desatención sin fin

Edición: 
725
Sin soluciones para los beneficiarios del Profé

Sandra Miguez

A pesar de los anuncios y los recambios de funcionarios en el área del Programa Federal de Salud a nivel provincial, los beneficiarios siguen sometidos a un deambular permanente para obtener lo que les corresponde: el acceso a la medicación. Luego de la intervención impuesta por el ministro de Salud y Acción Social, Gustavo Bordet, y el secretario de Salud, José María Legascue, no se logró organizar la tarea a realizar, ni modificar la estructura de funcionamiento que sigue formulando compras directas sin cotejo de precios, argumentando la urgencia de los casos. ANALISIS tomó contacto con beneficiarios que en la provincia siguen reclamando, incluso mediante amparos judiciales, por la provisión de medicación que les permita revertir su delicado estado de salud. El dinero ha sido enviado por la Nación, pero se han aplicado multas por los reiterados retrasos en la rendición de cuentas. Mientras tanto, los beneficiarios denuncian la falta de entrega de remedios. Testimonios dramáticos de indignación ante la falta de respuestas.

Luego del escándalo suscitado en el área del Programa Federal de Salud (Profe), en mayo último, por lo cual se removió de sus funciones a la coordinadora técnica administrativa, Alba Balocco -a quien se le endilgó toda la responsabilidad de desaciertos y desprolijidades económico-administrativas del programa y su desarrollo en la provincia- nada parece haber cambiado.

El informe periodístico de ANALISIS publicado el 29 de junio brindó precisiones respecto del circuito administrativo por donde se tramitaban los expedientes, las responsabilidades de cada uno de los funcionarios que tomaban intervención en el trámite y ofreció detalles de la deuda generada con prestadores privados de aproximadamente 2,4 millones de pesos correspondiente a prestaciones del 1° y 2° nivel de atención, por un millón del 3° nivel y por 1,4 millones de pesos a prestadores de medicamentos para “prestaciones de alto costo y baja incidencia” (PACBI) como son los casos de trasplantados, fibrosis quística, hemofílicos, etcétera, mientras existía una disponibilidad bancaria que hubiera permitido cancelar dichas deudas.

Así lo determina un informe realizado por funcionarios del programa a nivel nacional sobre la Unidad de Gestión Provincial, donde le recomiendan a las autoridades provinciales efectuar las modificaciones pertinentes para resolver los atrasos.

Sin embargo, a prácticamente cinco meses de la auditoría interna dispuesta por el Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia, el programa sigue sin encontrar su rumbo, con graves falencias en el suministro de medicamentos y sin las rendiciones que corresponden hacer ante la Nación, organismo máximo de control, por lo cual se han aplicado sanciones sobre la cápita que debe recibir la provincia, y se reitera la posibilidad de que el convenio entre nación y provincia quede sin efecto. Por ello, en dos oportunidades se multó al programa desarrollado en Entre Ríos con montos que superaron los 24.000 pesos debido al atraso en el pago a los proveedores y al incumplimiento en la remesa de información documentada que debe efectuar la provincia como contrapartida por las prestaciones para casi 14.000 beneficiarios de los meses de mayo y junio, y posteriormente se recibió un apercibimiento, lo que corresponde a una advertencia previa a una nueva sanción. Tal lo informado en la edición de ANALISIS del 20 de julio, la provincia recibió la primer multa de unos 12.700 pesos, como resultado del reclamo formulado ante Nación, por los prestadores y proveedores por el atraso en el que habría incurrido la provincia, lo que motivó quejas formales y el envío de cartas documentos. Esto fue confirmado por el Secretario de Salud José Legascue al ser consultado por ANALISIS en dicha oportunidad.

Al momento de la auditoría dispuesta por el ministro Bordet y el secretario Legascue, las mayores objeciones hacia Balocco se centraron en la realización de compras directas sin licitaciones ni cotejos de precios, con lo cual se habría dado lugar al pago de sobreprecios. Estas observaciones fueron las que derivaron en el sumario administrativo, sustanciado a través del Decreto Número 5.961/06, que alejó primero a Alba Balocco y luego a algunos funcionarios que se desempeñaban en el programa, como médicos auditores y al contador Yamil Asmu, a medida que el tema fue tomando estado público y se puso en evidencia la cadena de responsabilidades.

No obstante, la modalidad de la “compra directa” sigue siendo la forma en que habitualmente se resuelve la obtención de medicamentos e insumos para tratamientos médicos amparándose en “la necesidad y la urgencia”.

Sólo por mencionar un ejemplo, las facturas de Droguería De Torres Número 8.258 y 8.484, con fecha 6 y 14 d julio del corriente año respectivamente, por las que se adquirieron concentrados de Factor VIII, así lo demuestran.

El gran meollo de la cuestión es que en muchos casos no se están entregando los insumos a los beneficiarios en tiempo y forma, tal como lo revela el testimonio de varios casos de extrema necesidad que ANALISIS logró recabar. La pregunta de rigor entonces es saber si efectivamente se realizan las compras por qué no llegan los medicamentos a los beneficiarios, o en todo caso, quiénes son los que reciben dichos medicamentos, para no entrar en otro tipo de conjeturas que podrían sonar malintencionadas.

Desde la salida de Alba Balocco a la fecha, quien ha persistido en un lugar estratégico es Reinaldo Márquez, que se encarga de efectuar las compras de medicamentos de la misma forma en que se realizaban mientras Balocco estaba a cargo del programa. Pero esto no sería lo llamativo si tan sólo los beneficiarios encontraran respuestas inmediatas a cuestiones de vida o muerte. El tema es que desde que se impuso la auditoría interna a la fecha, cada vez son mayores los obstáculos que deben sortear los beneficiarios para acceder a la cobertura de sus tratamientos.

Mientras que en el área del Profe local se asegura que los medicamentos han sido entregados, la gente jura y perjura que les hacen adjuntar las recetas y certificaciones pero que éstos no son entregados, e inclusive existen fuertes versiones de que varios comprobantes de entregas de remedios llevan firmas apócrifas, como también la firma de algunos empleados del Profe que habrían retirado medicamentos a nombre de terceros.

“Es que mucha gente no sabe ni lo que firma, y los confunden con tantos papeleos. Con tal de resolver sus problemas terminan firmando en cualquier parte”, dijo una alta fuente consultada por este semanario.

Basta con preguntarse también si es que tanto se cuestionó la modalidad de compras y entregas de medicamentos, cómo es posible que hayan transcurrido cinco meses sin que se diera un golpe de timón; cómo es posible que no se cambiara el sistema que tanto se criticó. Para ello se podría haber puesto en funcionamiento los mecanismos de control y las áreas de la Secretaría de Salud destinadas a realizar supervisaciones sobre las compras, como por ejemplo la Subsecretaría de Administración o la Dirección de Administración a través de su Departamento de Contrataciones y la División Compras, reparticiones encargadas de ejecutar distintos tipos de adquisiciones de bienes y servicios para toda el área de Salud.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)

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