Luis María Serroels
Desde hace ya bastante tiempo, la política argentina transcurre atravesada por un fuerte mesianismo. Los auto-predestinados para el poder no trepidan en canalizar toda la energía y el potencial (léase la cooptación de adhesiones y la aplicación del aparato con toda su capacidad logística) para eternizarse en el ejercicio del gobierno, llámese en cargos ejecutivos o en bancas legislativas, sin contar la extensión casi obscena hacia el sector tribunalicio, donde se logra cerrar el círculo dentro del cual se concentra un control global de las instituciones republicanas, ejecutado desde el anti-republicanismo.
Pero por el lado que se lo mire, cada uno tiene su historia y su legajo que lo exhibe crudamente ante la ciudadanía y el cual no se puede limpiar con una mera expresión de deseos.
En estos días, por ejemplo, se está librando una insólita batalla en la provincia de Misiones, donde el actual gobernador, Carlos Rovira, ha urdido una operación -utilizando los consabidos aparatos y el poder de captación del asistencialismo- para lograr mediante la reforma constitucional, consagrarse mandatario prácticamente vitalicio.
Desde el gobierno se utilizó el instrumento del plebiscito a modo de soporte extra, como si la habilitación de la convocatoria a elegir convencionales, lograda desde la Legislatura unicameral, no fuese suficiente, acudiéndose a la ciudadanía para cohonestar un proyecto que le abre las puertas a un ejercicio indefinido del cargo. Algo propio de dictadores mesiánicos y seudo-iluminados.
El actual gobernador de Misiones, que ya está cumpliendo su segundo mandato consecutivo, puso así en marcha sus ambiciones de transformarse en mandatario perenne de los misioneros. Pero lo más extraño es que el propio Presidente de la Nación lo respalda en un propósito que tal vez él mismo no sustenta para sí, máxime cuando sus colaboradores más estrechos salieron a desmentir la idea kirchnerista de prolongarse en el poder hasta cumplir 14 años continuos. Incluso, y con buen criterio, el mismo Presidente ha aclarado que cualquier reforma de la carta magna vinculada con los sistemas de reelección, nunca se haría para favorecer a quien propicie y consagre esa modificación.
¿Cómo se explica entonces? Es que Rovira es hoy uno de los gobernadores que integran su tablero electoral futuro y que reciben su padrinazgo, en una suma de voluntades afines a sus proyectos de concentración de poder político. Ello supone el alineamiento ante su liderazgo y, consecuentemente, la posibilidad de disfrutar sin tropiezos de apoyo financiero desde el poder central. Se estima que más de una docena de mandatarios provinciales buscan hoy incorporarse al escenario reeleccionista detrás de esta idea de discutido federalismo.
Vox populi, vox dei (Voz del pueblo, voz de Dios) se anda diciendo para justificar los anhelos de perpetuación, pero también es voz del pueblo, por ejemplo, el mayoritario rechazo a la elevación de la cota de la represa binacional de Yaciretá.
Una realización que quizás pueda deslumbrar a Néstor Kirchner y su ministro de Planificación en términos de necesidades energéticas, puede servirle como rampa a su candidato pero no al medio ambiente y en especial, al hábitat cotidiano de sectores posadeños (Rovira fue intendente capitalino entre 1995-1999) y a un área muy extensa situada aguas abajo, con severo compromiso para esa formidable reserva que son los Esteros del Iberá, ya en Corrientes.
La represa (considerada como un “monumento a la corrupción”) tuvo en su origen 76 metros de cota, a un costo ampliamente superior al calculado inicialmente y sin que ello haya originado investigaciones serias y mucho menos condenas ejemplares. Como si fuera poco, se propició la elevación de su cota a 83 metros mediante un acuerdo suscripto con el gobierno paraguayo. Para ello -curiosamente si se tienen en cuenta los esfuerzos actuales de nuestro gobierno para frenar el apoyo financiero externo a las futuras pasteras uruguayas-, se requirió auxilio al Fondo Monetario Internacional, organismo que planteó estudios previos para resolver la nueva cota y... ¡advirtió que de resultar viable, previamente se someta la obra a su privatización!
Ampliar en 50.000 hectáreas las áreas inundadas, tornar más lenta la renovación de aguas del estanque, con sus consecuencias sanitarias (¡qué paradoja, porque Rovira es ingeniero sanitario!), incrementar el número de pobladores afectados y por tanto expuestos a relocalización (se habla de unas 80.000 personas), significa multiplicar el impacto socio-ambiental, no estudiado ni evaluado desde el comienzo.
Cuando mencionamos la corrupción nos referimos a toda la hilera de actos reñidos con la legalidad llevados adelante durante el imperio del menemismo y, como siempre sucede, sin responsables, porque en la Argentina existe corrupción sin corruptos identificables.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
