Hugo Remedi
“Casi la mitad de los estatales que están bajo el ámbito de nuestra actuación vive al borde de la línea de pobreza”, aseguró en una entrevista con ANALISIS el secretario general de ATE, Edgardo Massarotti. Y aunque reconoció que en el 2006 hubo recomposición salarial, respecto a la inflación advirtió que todavía falta. Alertó que este gobierno no puede demorarse y tiene que reglamentar el Régimen Jurídico Básico antes de irse. Pronto a dejar la titularidad del gremio, el dirigente aseguró que fue un error estratégico de la lista opositora que encabeza Pelandino que no haya aportado a conformar una lista de unidad. Salió al cruce de críticas a su conducción diciendo: “No pueden decir que nos hemos enternecido con este gobierno al que le hemos hecho más de 50 medidas de fuerza”. Respecto del IOSPER señaló que siguen sin resolverse algunas cuestiones de peso y que se gasta mucho en medicamentos. Calificó lo que hizo Castrillón el día de las elecciones como una “burrada fenomenal, y lo mejor que puede hacer -agregó- es volver a la política”. Sobre su patrimonio particular dijo: “A los que sospechan les contesto que miren mi vida personal y las cuentas del sindicato”. En relación con lo que viene, indicó que es clave la discusión con la Nación y que “para fin de este año las provincias van a un rojo”.
-¿Qué falta sacarle a este gobierno antes de que se vaya?
-Afianzar el Régimen Jurídico Básico aprobado por unanimidad en la Legislatura y esto significa que no se modifiquen aspectos sustanciales de la ley. Como ser, que sigan tal como fueron votados el Régimen de Jurado de Concursos, el Tribunal de Disciplina, el Consejo de la paritaria estatal como autoridad de aplicación, elementos esenciales al procedimiento de un Régimen Colectivo de Convenciones Colectivas más moderno con una nueva institucionalidad. Y en particular, esto no es importante sólo para los trabajadores estatales sino también en función de que estamos frente a una nueva coyuntura en la que el Estado debe ponerse al servicio del pueblo para el cual los trabajadores debemos cumplir un rol fundamental. Y en este nuevo tiempo es fundamental que comencemos un camino de ir dejando de ser trabajadores del Estado sometidos permanentemente a los tironeos de los gobiernos que se van sucediendo.
-A propósito, ¿qué pasó con las rectificaciones que el gobierno anunció iba a efectuarle a la ley?
-Precisamente por eso digo que uno de los temas pendientes es afianzar el Régimen Jurídico Básico. En su momento Busti emitió un veto, que no se compadecía con lo aprobado y que contenía algunos criterios no adecuados. Pero saludablemente el gobernador en un gesto destacable por lo inusual, levantó el veto, y confiamos entonces en que todo lo que haya que definir se haga en el marco del diálogo. Se pueden corregir algunas cuestiones formales, lo que no se debe es modificar la sustancia que, insisto, es una nueva institucionalidad para el Estado.
-En verdad no se nota su aplicación. Concretamente, ¿está en vigencia la ley?
-Ha sido debidamente promulgada, al ser retirado el veto ha quedado firme, por lo tanto es una ley de plena vigencia pero a la cual hay que reglamentar. Y con esa reglamentación hay que avanzar, porque –insisto- el Estado debe funcionar mejor y para eso el empleado público tiene que tener una organización de su vida institucional mejor.
-¿Y cuáles son los plazos de reglamentación?
-La ley establecía un período prolongado para la reglamentación. Y volviendo a tu primera pregunta insisto en que esto es muy importante porque después de 20 años de batallar reclamando el Régimen Jurídico Básico y las Convenciones Colectivas para los estatales por primera vez tiene concreción ese anhelo en una ley. Ahora, para la concreción en los hechos falta la reglamentación. Es decir que sería muy bueno que este gobierno antes de irse esté convocando para que estemos trabajando en ello.
-Dijiste antes: “tiene un largo plazo para reglamentarla”. ¿Cuánto concretamente es ese largo plazo? Porque uno sabe que sacó la ley, pero supone también que si no se reglamenta sólo están entreteniendo a la gilada, como dirían los chicos.
-Por supuesto. La ley tiene bastante tiempo para reglamentarse. Pero para nosotros ése es un motivo de acción para que este gobierno que es el que la ha sancionado le empiece a dar concreción real y vigencia. Así que creemos que como dice uno de sus artículos, dentro de los 90 días hábiles a contar a partir del 10 de enero de este año en que se publicó en el Boletín Oficial, se comenzará a trabajar en ello.
-¿En el 2006 hubo recuperación salarial de los salarios estatales?
-Ha habido recomposición salarial, para utilizar la palabra más precisa, incluso medido en paralelo con la inflación de este período ha sido superior en algunos puntos. El problema es que nosotros partimos de un piso muy bajo. Esta historia tiene antecedentes y no deben olvidarse en ese sentido: los pagos fuera de término, los pagos en (bonos) federales y la abruptísima caída del salario durante lo que fue el gobierno de Montiel. Entonces, en función de ese criterio es que si bien ha habido una recomposición que en términos porcentuales parece importante, también es cierto que en términos cuantitativos todavía falta.
-¿Qué porcentaje de trabajadores estatales vive bajo la línea de pobreza?
-En los ámbitos donde nosotros tenemos actuación la cifra sigue siendo importante, estamos hablando de porcentuales de casi la mitad de los trabajadores que están en ese borde de la línea de pobreza y de hecho nosotros siempre hemos planteado que nuestro objetivo es dejar de ser pobres. Por eso en la discusión de política salarial hemos introducido un tema que nos parece esencial, que es la discusión que se debe hacer en la relación Nación-provincias. Porque la distribución de fondos coparticipables ha sido despareja e injusta para con las provincias. Las provincias después de la salida de la convertibilidad tienen una situación en la que por el propio proceso de salir de ella licuan deudas, entran en un cierto superávit en general y todavía están pasando por un momento de cierto equilibrio fiscal. Pero yo anticipo que para fin de año las provincias van a un rojo. Y esto tiene que ver con que la Nación sigue concentrando recursos en detrimento de las provincias. No es casual que cuando se dio el tema de la recomposición salarial de los compañeros docentes en la provincia de Buenos Aires saltó un ministro de Economía.
-Con Montiel se confrontaba, con Busti se negocia. ¿Cómo va a ser la relación con Urribarri? Incluso ustedes ya han mantenido relaciones con él en su carácter de ministro de Gobierno entonces.
-Sí. Primero, siempre se mantuvo diálogo en su momento con él en su carácter de legislador provincial y también recordamos que fue el único legislador justicialista que no votó la 8.706 (NdeR: despidos de la gestión Moine), y ése es un aspecto importante en la relación. Y como ministro, también hemos tenido instancias de diálogo. En realidad, es un poco parte del perfil del gobierno del propio Busti, en líneas generales es esto. Lo anormal fue lo de Montiel, que exacerbó la confrontación y generó una represión absurda. En fin, creo que estos que vienen serán gobiernos más normales.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
