Foto ilustrativa. Fuente: Google.
Una abogada, un comerciante y un peón rural están acusados de estafa procesal y usurpación de un campo en María Grande Segunda. Se investiga la maniobra de un juicio de usucapión mediante el uso de personas humildes como falsos poseedores y la cesión a quienes se arrogan ser los dueños. La denuncia de los herederos y el expediente cerca de ser enviado a juicio oral, pero con numerosas dilaciones.
Se trata de una historia de despojo en el campo entrerriano. Un predio de 142 hectáreas en María Grande Segunda que pertenece a una misma familia desde 1949. Su dueña actual es Recia Sklarovsky, una mujer de 84 años que nació y se crió en esa tierra. Ella y sus hijos, Mario y Julio Kancepolsky, enfrentan lo que la Fiscalía y la querella describen como una “ingeniería delictiva” de personas que intentaron quedarse con lo que no les pertenece. Tal como se ha observado en diversas causas, se trata de los conocidos juicios de usucapión donde aparecen personas sin recursos como poseedores de campos que luego los ceden a terceros que buscan quedarse con esas propiedades.
Todo empezó en agosto de 2021. Los dueños que quedaron a cargo son los hijos de Recia, Mario y Julio Kanceplosky, viven en Mendoza, pero tienen a una cuidadora en la zona. Un día, ella llega al campo y se encuentra con algo extraño: habían cambiado los candados y puesto carteles de “Propiedad Privada”. Allí estaba Carlos Alberto Romero, quien decía que un abogado de Paraná lo había enviado porque el campo no tenía dueños. En ese momento, la policía intervino y Romero se fue.
Pero no terminó ahí. En abril de 2022, un vecino de un campo lindante, Ubaldo Cáceres, también intentó meterse. Abrió tranqueras, metió animales y hasta quiso anotar el campo a su nombre. Nuevamente, la Justicia tuvo que intervenir y este hombre terminó retirándose y reconociendo que no era suyo.
Mientras la justicia investigaba esos intentos de robo del campo, se estaba gestando un plan más sofisticado. En mayo de 2022, Carlos Romero —el mismo que se había metido primero— presentó una demanda ante la jueza civil Sofia María Gracia Keller para quedarse con las 142 hectáreas, alegando que él vivía allí desde 1997. Pero presentó usó documentos con errores burdos y nombres de personas que nunca trabajaron en ese campo.
Romero no actuaba solo. Según la Fiscalía, él fue el medio o la cara visible de otros dos acusados: la abogada Agostina Tropini y el comerciante Germán Trevia. Entre julio y septiembre de 2022, ambos se metieron en el campo de forma oculta. Ingresaron vacas, arreglaron alambrados y pusieron a sus propios empleados a cuidar el lugar.
Para intentar que todo pareciera legal, hicieron una jugada increíble: firmaron un contrato donde Romero (el empleado) les cedía o vendía sus supuestos derechos sobre el campo a sus patrones (Tropini y Trevia). Es decir, los jefes le compraron a su empleado un derecho que sabían que era falso."
Como Tropini es abogada, la Fiscalía y la querella resaltan que tenía los conocimientos suficientes para saber que ese campo tenía dueños legítimos. Ignoraron todas las señales: había denuncias en la policía, el nombre de la dueña real figuraba en los registros sanitarios (SENASA) y hasta en las facturas de impuestos de ATER aparecía que había causas por usurpación en trámite.
El fiscal Erik Zenklusen y los querellantes Miguel Cullen y Patricio Cozzi han pedido elevar el caso a juicio. Carlos Romero, defendido por Boris Cohen, enfrenta cargos por estafa procesal, por intentar engañar a una jueza. Por su parte, Tropini y Trevia, representados por Héctor Toloy, están acusados de usurpación. Los fiscales piden penas de hasta dos años y seis meses de prisión para ellos.
Este jueves se realizará una audiencia donde Romero pedirá la probation. El defensor remarcará su situación de hombre de campo, sin instrucción, que apenas sabe leer y escribir y que fue utilizado con el patrocinio letrado de una abogada que está citada como testigo, Verónica Valdez, para aquel juicio de usucapión. Es un hombre que hasta la Fiscalía y la OGA tienen dificultades para comunicarse porque vive en el medio del monte.
A esta altura, cualquiera pensaría que el campo volvió en seguida a sus dueños, a las personas que figuran en los registros públicos. Pero no: todavía no pudieron recuperarlo. Algo que en rigor debería haber sido al revés. La señora Recia Sklarovsky y sus hijos tienen los impuestos de ATER pagados al día. Está todo a su nombre. Sin embargo, el juez de Garantías Julián Vergara consideró que la devolución del campo se debía realizar luego del juicio donde una sentencia establezca cómo son las cosas. La querella apeló y el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones, Juan Malvasio, confirmó la resolución de Vergara e instó a acelerar la remisión de la causa a juicio.
Todo esto cuando no se trata del único frente judicial que tienen Trevia y Tropini. Hay denuncias en diferentes instancias tanto judiciales como administrativas, por ejemplo, en Vialidad.
Un caso que pone la lupa sobre cómo, a veces, la Ley se intenta usar para disfrazar un despojo. Y que se agrava cuando hay múltiples profesionales que intervienen en maniobras que saben que no son lícitas. Aunque luego no deban rendir cuentas en la Justicia.
