-El rojo de la tensión. Tal como era avizorada por esta hoja, la confrontación entre gobierno y productores agropecuarios se sigue empinando y tal como lo indican los tableros de los autos, la agujita empieza a pisar el rojo de la temperatura. Sino toda, gran parte de la Argentina está concentrada en el paisaje del conflicto. En este escenario que se repite en todas las arterias principales de la República, también se hacen presentes en lo físico o en la palabra dirigentes rurales, el sindicato de Camioneros, Hugo Moyano -que además de camioneros encabeza la CGT-, dirigentes políticos de todo el abanico opositor y también el gobierno, fundamentalmente con la figura del jefe de Gabinete, Alberto Fernández. En este contexto el protagonismo entrerriano tiene una repercusión nacional. El inquieto miembro de la Federación Agraria Argentina en la provincia, Alfredo De Ángeli, como siempre verborrágico, entró en la pelea golpe por golpe con Moyano.
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-El choque inevitable. En el volumen que fue adquiriendo el conflicto, los productores agropecuarios se fueron entusiasmando y las medidas fueron en ascenso. Así se llega al día Jueves Santo, donde los diferentes agrupamientos ruralistas, como la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina o Coninagro, entre los más notorios por si falta alguno, se encuentran desbordados por la afluencia espontánea de productores que no se reconocen en las agrupaciones y comparten la expectativa de voltear el sistema de retenciones a las exportaciones. En esa tónica no era de extrañar que en las asambleas de base cobraran fuerza posiciones extremas del corte total de las rutas por tiempo indeterminado. De Ángeli no ocultó la expectativa de llegar al desabastecimiento total de alimentos en función del paro de los productores. O hay que ser especialista en Derecho Constitucional o Teoría Política para dar cuenta de que ese plano de enfrentamiento se da la mano con un estado de insurgencia institucional. Es decir, el cuadro de situación que se tiene por delante sale de los moldes de una lucha reivindicativa común de las miles que se abren y se cierran todos los días. Hay que tener en cuenta algo que ya ha sido advertido: cuando hay buena democracia los conflictos se multiplican en lugar de aplacarse. Cada sector se siente confiado en poder hacer sentir lo que considera suyo. También hay que caer en la cuenta de que en el esplendor de un Estado de Derecho, el propio sistema institucional protege la movilización y la lucha por las reivindicaciones.
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-El hervidero justicialista. A su vez, la generalización del conflicto y el abanico opositor que se va desplegando, a no pocos justicialistas entrerrianos se les ha venido a la cabeza la alternativa de generar un buen espacio de presión sopando en la solidaridad con la posición de los ruralistas. El primero en saltar el cerco ha sido Raúl Taleb, caracterizado dirigente del justicialismo entrerriano. El constituyente justicialista y senador por Diamante, además de expresar su adhesión a las protestas ruralistas, puso en claro su enfrentamiento con Urribarri por el alineo del gobernador con la política nacional de Cristina Fernández de Kirchner. Este paso de Taleb es inédito en el ambiente del justicialismo entrerriano, donde desde siempre hubo en cada dirigente un celoso cuidado en no disentir, por lo menos públicamente, con las posiciones del gobierno nacional y provincial. Sin ir más lejos, días pasados, cuando el secretario de la Producción, Héctor Motta, se apersonó en el corte de la ruta 11 para manifestar su solidaridad con la movilización del campo, el senador provincial del PJ-Paraná, Santiago Gaitán, salió airado a protestar por la herejía en que incurría el funcionario-empresario. Lo hecho y dicho por Taleb reviste una gravedad insoslayable si se la compara con la de Motta. El actual secretario de la Producción no es hombre que venga de la política -aunque en los últimos 10 años estuvo estrechamente ligado al menemismo-; su presencia dentro del gobierno de Sergio Urribarri tiene su razón en la consideración que ha tenido el mandatario de incorporar este perfil de empresario emprendedor de Motta en la perspectiva de su gobierno. En cambio Taleb no puede ignorar los códigos del justicialismo de apoyo a los gobiernos de su partido. El otro que puso sus condimentos es el diputado provincial Jorge Kerz. El ex funcionario bustista criticó diferentes medidas del gobierno nacional en el orden económico, denostando el conocimiento técnico del gabinete de Cristina Kirchner. Pero además puso el acento en el tema represivo, un costado por demás sensible del gobierno nacional. Kerz se despachó con que Entre Ríos no es Santa Cruz, que ésta es una provincia esencialmente pacífica.
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-El bochazo. El resultado no puede ser más sospechoso. Juan Ascúa y Noemí Berros son dos juristas caracterizados por su saber técnico en materia de Derecho Penal y su independencia de criterio. Entre otros, estos dos juristas integraban el Consejo de la Magistratura y evaluaron con 75 puntos en un total de 100 las aspiraciones del abogado Julio Albornoz para ocupar el cargo de titular del Juzgado de Instrucción de la ciudad de Diamante. Era notablemente el mejor puntaje de todos los concursados. Julio Albornoz, a su vez, registra una carrera notable dentro de la Justicia reconocida entre sus pares y que ha merecido el apoyo del Colegio de Abogados de la ciudad de Diamante a sus pretensiones de llegar a ser juez.
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-El mensaje de la impunidad. No son pocos los que comentan sobre la perspicacia que han sabido tener los miembros de la Comisión de Acuerdos del Senado, que a pesar de no tener prácticamente ninguno de sus miembros un conocimiento especial sobre el saber jurídico, han sabido dar cuenta de las limitaciones de este abogado Albornoz, que a juristas avezados como Noemí Berros y Juan Ascúa se les pasaron de largo estos detalles. Citamos estos dos integrantes del Consejo de la Magistratura pero también es bueno tener presente que en esa evaluación participó Tristán Uranga, una persona que también posee algunos conocimientos como para evaluar a un postulante como era Albornoz. Por otra parte, por fuera de las preguntas y repuestas en la Comisión del Senado, el abogado Albornoz ha estado a cargo del Juzgado de Instrucción de Diamante y previamente fue fiscal en el mismo lugar. Además, tiene publicaciones en la materia. Estos dos aspectos dentro de sus antecedentes son de inmenso valor, pues una de las garantías de justicia es el conocimiento público de los criterios jurídicos que tiene el aspirante a juez. En este caso, el Consejo de la Magistratura, como así también el propio Senado y la misma sociedad, tienen material de sobra para conocer los criterios que envuelven el concepto de justicia del abogado Albornoz.
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