Por Sergio Avero (*)
Cuando tomé la Fiscalía de Estado, en 1999, el gobernador electo en ese entonces, Sergio Montiel, me convocó para el cargo y para mí fue un orgullo que lo haya hecho, fundamentalmente por la importancia que tiene en Entre Ríos un órgano estatal de estas características. Incluso hoy, con la reforma de la Constitución provincial, mantiene las mismas características y ha profundizado algunos aspectos que hacen a su función.
Al ingresar advertí que para llevar adelante algunos aspectos constitucionales fundamentales como la defensa del erario público y los juicios de la provincia, el organismo no tenía una estructura administrativa adecuada: no había servicio contable ni fondos permanentes –existían muchas trabas burocráticas para solicitarlos y en un período de alta inflación, tardaban meses en llegar, generando un costo adicional importante–. Entonces, una de las primeras medidas que tomé fue modificar la estructura orgánica y crear un servicio administrativo contable. Con un contador a cargo, se posibilitó que la Fiscalía tenga un fondo permanente y pudiera emitir los pagos en término, negociar quitas de intereses, evitar ejecuciones de honorarios de los profesionales. Todo eso significó un ahorro importante.
Con esa primera modificación, también creamos una oficina de auditorías e investigaciones especiales –en ese entonces no existía la Fiscalía de Investigaciones Administrativas– porque había una serie de causas penales trascendentes que había que conducir.
Creamos otra oficina que tenía a su cargo asuntos administrativos, porque también la Fiscalía concentra los expedientes y dictámenes de toda la administración pública. Para dar un ejemplo, yo tenía que emitir unos 1.800 dictámenes al año, por lo que se movía un número importante de expedientes.
Y finalmente, abrimos una oficina de asuntos judiciales que tenía a su cargo todo el control de los procesos judiciales donde la provincia demandaba, o en la mayoría de los casos, era demandada. Esta área antes no existía, o era muy ambigua, sin una estructura fuerte, y eso hacía que el personal no tenga responsabilidades precisas y concretas, por lo que fue un punto importante en el ordenamiento.
Cuando asumimos, además, se sancionó una ley de reordenamiento administrativo, por lo que casi en 80 por ciento del personal contratado quedaba afuera del organismo. Decidí recontratar al personal que venía desempeñándose argumentando al gobernador y al ministro de Economía que eran personas capacitadas y era un desperdicio tener que sumar gente nueva, siendo que estas personas tenían una formación adecuada en la defensa de la administración del Estado. Por lo que respetamos mucho las jerarquías y conocimientos adquiridos en el ejercicio de la función durante los años previos, y nombramos a cada uno en cargos de responsabilidad.
Una idea que me pareció interesante poner en práctica, también, fue realizar convenios con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y la Universidad Católica Argentina (UCA) para incorporar abogados recién recibidos, con buenos promedios y domiciliados en Paraná, para que sean pasantes rentados, y hasta hoy muchas de esas personas siguen desempeñando funciones. La característica que tiene la Fiscalía es que hay de todo para hacer, en todas las ramas del Derecho, así que es una experiencia profesional sumamente interesante. Además Hubo convenios de intercambio e investigación científica con la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.
Diseñamos la página web, que actualmente está en funcionamiento, así que gran parte de las cosas que hicimos están cargadas en el sitio de la Fiscalía. En ese marco, diseñamos el Foro Permanente de Fiscales de la República Argentina con sede en Paraná para intercambiar impresiones, ideas, problemáticas de lo que sucede en las Fiscalías de las distintas provincias; antes habíamos armado junto a la UNL y la UCA un Centro de Capacitación Jurídica para los abogados de la administración pública provincial, pero después lo abrimos al resto de los profesionales que ejercen esa profesión donde participaban en conferencias relacionadas al Derecho y la administración pública.
Hasta 2001 se pudieron realizar todas estas actividades, y también se incentivó al personal para que promoviera demandas en representación del Estado –y no tanto su defensa como estábamos acostumbrados–, ya que hay más resistencia para impulsar acciones judiciales de este tipo. Esto fue posible gracias a incentivos de mejores honorarios en los juicios ganados donde se reconocía el derecho del Estado, y eso permitió también contar con fondos importantes. Todos los honorarios que la Fiscalía cobra, se destina un 50 por ciento a la compra de libros y a inversiones en el propio organismo, y el otro 50 por ciento se distribuye entre el personal profesional y administrativo.
En el ámbito judicial, tuvimos que atender una cantidad enorme de acciones de amparo, propio de la situación de crisis económica, donde, como se sabe, hubo demoras en los pagos de sueldo. Allí se atendieron aproximadamente 10.000 acciones de amparo en un año y medio, pero igual se salió adelante. Desde la Fiscalía se promovieron distintas acciones como créditos con garantías que tuvieron que ser ejecutadas, pero en ese sentido, dejamos sentadas las bases judiciales para que se tramiten en los años posteriores, así que recién ahora se conoció la sentencia definitiva de muchas de ellas.
En lo personal, creo que no he dejado nada pendiente en mi gestión; si bien tuve un ofrecimiento para ir a otra área, no lo hice, y luego con la crisis me fue difícil dejar el organismo, por la situación compleja que vivía la provincia ya que repercutía directamente en la Fiscalía.
(*) Ex fiscal de Estado en el período 1999-2003.
