A más de un año que organizaciones ecologistas hicieran pública la denuncia sobre la construcción ilegal de un gigantesco terraplén con fines productivos en una isla de Victoria, poco han avanzado los pedidos para analizar el impacto y posible daño ambiental por esta infraestructura. Tras el inicio de un expediente en la Secretaría de la Producción y el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), se aguardan los estudios de factibilidad de la obra para habilitarla, aunque la misma ya este hecha. A pesar de las intimaciones para el cese de su montaje, recientemente se habrían constatado la continuidad de los trabajos de mantenimiento del enorme murallón de tierra para faenas agrícolas. Beneficiada por los aletargados tiempos del Estado, la firma holandesa Bema Agri B.V, propietaria del predio, sigue usufructuando beneficios de una zona primordial y altamente vulnerable en el sistema de humedales del Delta.
Silvio Méndez
A partir de las declaraciones públicas de organizaciones ecologistas entrerrianas y santafesinas, a mediados de 2008 se conoció la denuncia sobre movimientos de tierras a gran escala en la isla Irupé, en el departamento Victoria, por parte de la firma de origen holandés Bema Agri B.V. La acusación apuntaba a que los trabajos consistentes en la construcción de un gigantesco terraplén para escurrir aguas con fines agrícolas fueron realizados sin autorización del gobierno provincial, que tiene potestad en el contralor sobre este tipo de infraestructura. La obra, se apuntó, pone en peligro parte de un rico sistema de humedales, por el que se pretender resecar una extensa superficie insular.
Luego de conocida la noticia, el hecho fue admitido por la propia Secretaría de la Producción de Entre Ríos, que en septiembre de 2008 labró un resolución e intimó a los propietarios a paralizar las obras hasta tanto “regularicen la situación”, otorgando un plazo de 60 días, y un similar llamado de atención se repitió en marzo de 2009. En las notificaciones, se establecía la suspensión en la edificación del dique en la isla, aunque en distintos momentos organizaciones ambientalistas que visitaron el lugar comprobaron igualmente que el muro se iba extendiendo.
En su momento, los funcionarios del área de Producción señalaron que las actuaciones correspondientes fueron elevadas finalmente al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa), que debería resolver qué tipo de pasos se debían seguir. Este organismo colegiado es el encargado de la aplicación de la ley provincial Nº 9.172, que regula el uso y aprovechamiento del recurso natural constituido por las aguas subterráneas y superficiales con fines económicos productivos en el territorio provincial. Fue precisamente este Consejo que ratificó lo actuado por sus áreas técnicas y la intimación hecha a los propietarios de la isla Irupé para que frenen las obras hidráulicas y regularicen su situación ante los organismos provinciales pertinentes. Según lo informado, desde entonces no ha habido mayores avances. Los equipos de Producción e Hidráulica de la provincia que intervienen en el Corufa se encuentran abocados a los análisis técnicos, ya que la empresa habría comenzado a entregar alguna documentación para que su emprendimiento sea aprobado, aunque se desconoce cuándo finalizarían los mismos. El próximo encuentro del Corufa esta programado para principios de octubre y en su temario no ingresaría aún el tratamiento de este caso. El anterior cónclave mensual fue suspendido por la falta de quórum de sus 13 miembros.
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