Américo Schvartzman
Es sabido que la empresa constructora Lemiro Pablo Pietroboni es una de las firmas que más negocios hizo con el Estado provincial en los últimos 15 años. Beneficiada por los gobiernos justicialistas, tanto por los Scelzi en la comuna uruguayense, como por los de Busti y su sucesor Urribarri, la excelente llegada de la empresa a los niveles de decisión le permitió incluso que le perdonaran más de un millón de pesos en 2005 previo al desembarco de los nuevos propietarios del BERSA. Aunque la empresa se declaró en concurso preventivo, siguió participando de importantes negocios con la obra pública junto a otras uniones transitorias de empresas (UTE). Un millón puede ser mucho para el lector, pero ¿qué es para una empresa que en la actualidad, sólo en Entre Ríos, tiene adjudicados –sola o como parte de alguna UTE– trabajos públicos por la suma, atención, de más de 1.100 millones de pesos (según se puede ver en su sitio digital www.lemiropietroboni.com.ar)? Eso le permite a Víctor Pietroboni afirmar que “la vida de la empresa no depende de esta obra”.
En el caso del Puente a la Isla del Puerto, resultó ganadora en abril de 2009 de la licitación para la construcción de la obra, financiada por el Fondo Fiduciario de Infraestructura Regional (FFIR), el proyecto más costoso de todos los que solventa ese organismo, a excepción de los trabajos comprometidos para Puerto Ibicuy (obra básica, pavimento y puentes de acceso, tramo de la ruta nacional 2 y subtramo de Paraje Roldán a Puerto Ibicuy) que alcanza los 135 millones de pesos (y donde también está, cómo no, Pietroboni...).
Pero el negocio no era sólo la construcción de la obra: la empresa pretendía además quedarse con la isla, con el proyecto y con sus beneficios futuros en cuanto a desarrollo turístico para la zona. Por supuesto, en aquellos planes iniciales no estaba prevista la construcción de una playa abierta a toda la población ni tampoco existía una preocupación por la cuestión ambiental. La idea era desarrollar un paseo costero con una urbanización detrás de la cual llegarían “las inversiones privadas que quieran complementar este ambicioso proyecto que comenzará a construirse a mediados de 2009, según el compromiso del gobierno provincial”, como lo informaran públicamente a través de los medios los voceros de la empresa, en enero de ese año. Lo que algunas voces de la oposición política y ambiental comenzaban a denominar “un Puerto Madero” uruguayense, o como lo insinuó el gobernador Urribarri al firmar el convenio con el FFIR, “la posibilidad enorme de desarrollar un potencial que quizás hoy no tengamos la dimensión de lo que va a significar en los próximos años”.
Lo que nadie decía en voz alta era que detrás de la obra había un enorme negocio particular que, como suele suceder en Entre Ríos, se confunde con lo público, o dicho de otro modo, negocios privados a los que sólo se accede de la mano de quienes gestionan lo público. Otro aspecto desconocido (al menos en público) era el origen del proyecto: cómo fue que logró tener carácter prioritario y sobre todo en una ciudad que presenta carencias de todo tipo, entre otras, más de un tercio de su población sin agua potable o cloacas –41.356 sin cloacas en el departamento, según las estadísticas que surgen del Censo 2001.
¿De dónde salió la idea? Era la gran pregunta sin respuesta. En ninguno de los cinco planes de ordenamiento urbano que la ciudad tiene desde 1974, existía ni una sola mención que se acercara a esta idea. Con todo, las objeciones produjeron cambios en el proyecto original: ya no se trata sólo de un puente a la Isla del Puerto y una nueva costanera en Concepción del Uruguay, sino que se incorporó la creación de nuevas playas, un aspecto reclamado por otras voces que, sin oponerse a la iniciativa, marcaban costados mejorables. Ahora, por primera vez desde que se publicó la primera línea sobre el proyecto, la propietaria de uno de los lotes principales de la Isla, reveló que durante varios meses de 2009 negoció la venta de su terreno con representantes de Pietroboni.
La nieta de don mariano
Martha García Iturriaga es nieta, por vía materna, de Mariano López, uno de los hombres públicos más destacados de la historia de Concepción del Uruguay, calificado por Celomar Argachá en la biografía recientemente editada, como “Un mecenas uruguayense”. Diputado y senador por Entre Ríos, ministro de Justicia, Hacienda e Instrucción Pública de la provincia, por su iniciativa se creó el Juzgado Federal, se adquirió el Palacio San José, se logró la ampliación del puerto, la mejora del puerto exterior e interior, la declaración de Zona Franca, y otras iniciativas siempre vinculadas con el progreso económico y social.
Aunque tiene 72 años, su voz es la de una mujer activa y joven. Sommelier, integrante del Centro de Enólogos de Buenos Aires, esta uruguayense se apasiona en el diálogo con el cronista, al contar cómo era su proyecto y qué pasó con él. Es que Martha es propietaria de uno de los principales lotes de la Isla del Puerto, isla que tiene dos mitades bien diferenciadas: una de ellas, la parte norte (donde se emplazaba la primera versión conocida del proyecto de puente y avenida costera) pertenece a dos titulares. La parte sur, en cambio, son numerosos lotes pequeños.
En su terreno, que abarca 32 hectáreas de la Isla del Puerto (que tiene 200 en total), Martha pretendía hacer lo que denomina un “barrio de islas”, con una laguna en el medio y con espacio para construir una hostería o restorán, y para un futuro emprendimiento turístico, con la posibilidad de marinas. “Era un proyecto muy lindo y muy ambicioso, en el que venía trabajando e invirtiendo desde hacía tiempo. Incluso el anteproyecto lo recibió el intendente Bisogni”, contó.
En el medio, curiosamente, se produce la noticia del megaproyecto. Y como parte de la noticia, el ofrecimiento de parte del titular de la empresa Lemiro Pietroboni. “Tuvimos una oferta de Pietroboni para comprar mi propiedad en la Isla”. Concretamente la oferta llegó de la mano del arquitecto que había trabajado en el proyecto de Martha, quien le informó que a partir de ese momento él se incorporaba al megaproyecto de Pietroboni, pero además, traía la oferta. “Yo justo en ese momento tuve un problema de salud, una speticemia, así que le pasé la negociación a mis hijos, pero finalmente se frustró porque apareció el requisito de la expropiación”, narró a este cronista la propietaria de uno de los principales lotes de la Isla.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
