Por Juan Gasparini (*), especial para el Semanario ANALISIS, desde Ginebra, Suiza.
Hay que recordar que el signo agorero de la irrupción de José López Rega fue la masacre de Ezeiza del 20 de junio de 1973. Allí no hubo enfrentamiento entre dos sectores, sino agresión de uno contra otro: de los que coparon militarmente el palco desde el que Juan Domingo Perón hablaría a la multitud que lo esperaba, contra los que condujeron prácticamente desarmados a esa multitud, que acudió casi con ingenuidad a recibir a su líder para festejar con él su retorno irreversible al suelo patrio, clausurando 18 años de exilio.
Oyarbide parece ignorar que fueron los dirigentes y militantes reaccionarios del justicialismo -en complicidad, inducidos o manipulados por las Fuerzas Armadas, dominantes en el aparato de seguridad del Estado- los que desataron en forma autónoma la violencia de la que hicieron gala las Tres A. No hay duda que para impedir la transformación pacífica de la guerrilla y frenar la transición a la democracia, el sindicalismo y la burocracia justicialistas fomentaron en ciertas provincias (Buenos Aires, Cordoba, Mendoza, Salta,
Catamarca, San Luis y Santa Cruz) el acoso y derribo de gobernadores tenidos por cercanos a la llamada tendencia revolucionaria del peronismo, que en virtud de su capacidad movilizadora reivindicaba un legítimo espacio político en la recuperación democrática de la República.
En esa coyuntura de golpe de Estado permanente, desempeñándose con nombres diversos o refugiados en el anonimato, e integradas por miembros de las Fuerzas Armadas, matones gremiales y políticos, fachos universitarios, policías y delincuentes comunes, hizo eclosión la TripleA. Fue una nominación genérica carente de una jefatura unificada, un movimiento clandestino que englobó la represión ilegal entre 1973 y 1976 al punto de instaurar “la antecámara del colapso total de las instituciones que tuvo lugar con la dictadura militar”, precisa la Cámara Federal de Buenos Aires.
Como el objeto del procedimiento manejado por Oyarbide no es el falso “demonio” de la guerrilla, sino el auténtico y único “demonio” de la asociación “cívico militar” para socavar el gobierno constitucional y propiciar su derrocamiento el 24 de marzo de 1976, el juez escuda su inoperancia en la iniciativa de Julio Strassera, uno de los fiscales de la causa, quien en 1981 provocó su sobreseimiento provisional.
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