Jorge Riani
Las respuestas a las cinco preguntas básicas que encierra cualquier historia conducen a un nombre: Julio De Vido. El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional es quien determinaba qué obras hacer, a quién otorgárselas para su realización, dónde se llevarían a cabo esas obras, cuándo hacerlas y también por qué esas obras y no otras.
Entre medio estaba la parodia de una licitación, que por eso mismo conducía a resultados que no sorprendían a nadie. Como si el territorio nacional fuera una gran superficie integrada por mosaicos idénticos, las obras públicas se desperdigaban por todo el mapa con un modo de ejecución también idéntico, como idéntica era su finalidad: hace caja, multiplicar las ganancias, hacerle pagar al Estado, con dinero de los argentinos, de los vecinos de cada pueblo, la fiesta de despilfarro y robo.
Como si se tratara de una novela salida de una mente febril aunque con final conocido, la trama ofrece pasajes y personajes asombrosos. Es el caso del ex secretario de Obras Públicas de la Nación, durante el último mandato kirchnerista, José Francisco López, aquel que fuera detenido cuando en horas de la madrugada ingresaba, en medio de un estado de pánico al saberse perseguido por la Justicia, casi 9 millones de dólares al convento de Monjas Orantes y Penitentes de Nuestra Señora del Rosario de Fátima.
De grandes obras, de pequeñas construcciones por años reclamadas en los pueblos, de caminos vecinales, de accesos a localidades perdidas en la profundidad argentina, de arreglo de calles en aldeas, en fin, de diversas obras, o mejor dicho del sobreprecio en cada una de ellas, está hecha esa fortuna que López intentó ocultar de modo absurdo, pero también otras fortunas.
Ahora, la Justicia debe investigar si el sobreprecio pagado en el asfalto de la localidad de Seguí se enmarcó en esa saga y deberá establecer también qué responsabilidades le cabe a los actores locales. Es que, tal como se informó oportunamente en “Análisis Digital”, tres concejales presentaron un pedido de investigación para que se analice si hubo delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, fraude contra la administración pública, peculado por parte del intendente de Seguí, Cristina Treppo y el empresario Aníbal Daniel Hereñú, titular de la empresa OIC SA, entre otros.
(Más información en la edición gráfica número 1062 de la revista ANALISIS del 6 de julio de 2017)
