Por Juan Cruz Butvilofsky

En el mundo existen –al menos- dos paradigmas para brindar una solución a los consumos problemáticos de drogas legales e ilegales. Por un lado hay un modelo represivo hospitalario y por el otro un paradigma que pretende una solución interdisciplinaria y comunitaria. En nuestro país, dicha disputa de modelos se zanjó en 2010 cuando se sancionó la Ley de Salud Mental (LSM) Nº26.657. Antes de eso, en la Argentina hegemonizó la noción que criminaliza a quienes tienen un consumo problemático de drogas y la única solución que le brindaba como alternativa a la cárcel era la internación que privaba de su libertad al adicto.

A partir de la LSM se pasó a considerar las adicciones como un problema de salud mental que debía atenderse en la comunidad, de manera interdisciplinaria –no reduciendo el tratamiento a la psiquiatría y los fármacos- y buscando una política de Estado que reduzca los daños sin violar los derechos humanos. Bajo este paradigma que hoy es ley en nuestro país, la internación no es la primera de las opciones y sólo se justifica ante un “riesgo cierto e inminente”. Siempre hablando de las privaciones compulsivas, sin la voluntad del usuario de los servicios de salud mental.

“Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley en su relación con los servicios de salud”, señala el artículo Nº 4 de la Ley 26.657. Aún más, en el decreto reglamentario de la norma se indica: “Las políticas públicas en la materia tendrán como objetivo favorecer el acceso a la atención de las personas desde una perspectiva de salud integral, garantizando todos los derechos establecidos en la Ley. El eje deberá estar puesto en la persona en su singularidad, más allá del tipo de adicción que padezca”.

Nuestra provincia adhirió a la norma en el mes de octubre de 2016 y en 2017 entró en funciones el Órgano de Revisión Provincial de Salud Mental, que está bajo la órbita del Ministerio Público de la Defensa de la Justicia entrerriana. Es decir, en nuestra provincia las problemáticas de las adicciones se deberían atacar –y desde algunos organismos se busca hacer de esa manera- desde la perspectiva interdisciplinaria que establece la LSM.
Además, la ley nacional está inscripta dentro de distintos tratados internacionales que garantizan los derechos humanos de los usuarios del sistema de salud mental.

Sin embargo, a pesar de haber adherido a la norma nacional, en nuestra provincia hay un panorama contradictorio. A pesar del esfuerzo que realizan los profesionales de salud mental que trabajan bajo la órbita del Ministerio de Salud de la provincia, existen otros estamentos públicos que no se rigen por la ley sino por la pretensión de dar una respuesta efectista. A veces, es más efectivo en términos políticos presentar una aparente solución inmediata y no atacar el problema de fondo.

El ex gobernador Sergio Daniel Urribarri firmó el proyecto que comenzó a gestar la construcción del “único Centro de Tratamiento de Adicciones de la provincia”. Allá por 2015, el entonces gobernador puso el gancho a la obra que comenzó a levantarse en la zona del Aeropuerto de Paraná. Sin embargo, fueron la iniciativa y voluntad política del actual gobernador Gustavo Bordet las que aceleraron el proceso.

“Es un centro de rehabilitación para personas con adicciones, esto es, con internación y también con tratamiento terapéutico. Es único en la provincia. Es un establecimiento que estaba siendo requerido porque muchas familias se encuentran ante la dificultad, ante un caso que se presenta con adicciones con algún grado de dificultad que requiere ser internado, y solamente hay instituciones privadas y la mayoría fuera de la provincia. No contábamos con un establecimiento de esta naturaleza. Por eso es que tomamos la decisión, en los primeros días de nuestra gestión, de avanzar en este proyecto que estaba establecido y comenzamos el proceso licitatorio”, dijo Bordet a los medios en su recorrido por las obras en febrero de este año.

De las palabras del mandatario provincial puede desprenderse e interpretarse que hay buenas intenciones: ante el problema de una persona con adicciones, la familia requiere su internación y la provincia le va a ofrecer un centro de adicciones público como satisfacción a dicha demanda. Pero la buena voluntad se ve limitada por enrolarse dentro de un paradigma que no se enmarca dentro de la ley. Esto es porque va contra lo establecido por la LSM y la ley de adhesión provincial que el mismo oficialismo de la provincia concretó en 2016.

(Más información en la edición gráfica número 1077 de la revista ANALISIS del jueves 10 de mayo de 2018)