Antonio Tardelli

La jugada se inscribe en la tensa armonía que caracteriza su vínculo con el gobernador Gustavo Bordet, que en la segunda mitad de su mandato se enfrenta aún con dificultades para edificar su liderazgo. La distancia entre uno y otro lució evidente con la resistencia que el proyecto de fitosanitarios, que pese al rechazo de los ambientalistas había obtenido media sanción en el Senado, encontró en la Cámara de Diputados. El urribarrismo, sin embargo, no acepta esa interpretación de los hechos. Aunque celebra la demostración de poder que pudo ensayar Urribarri, asevera que el primer mandatario no estaba al tanto de la iniciativa aprobada por sus senadores –que en todo caso la habían consensuado con el ministro de la Producción pero no con él– y que por tanto no se enfadó con su antecesor.

Pero también es verdad que la reforma política impulsada por Bordet a comienzos de año no ha sido aprobada todavía cuando transcurre ya el segundo semestre. El Poder Ejecutivo, que no ha podido disciplinar a sus legisladores, la da por caída, al menos por el momento, y se conforma con que la Legislatura le devuelva la atribución de fijar a su antojo el calendario electoral, alternativa de la que hoy carece en virtud de la modificación que en su momento se introdujo al régimen electoral conocido como Ley Castrillón. La necesidad de Bordet de contar con la potestad de fijar el día de votación, una herramienta que precisa para administrar su intento reeleccionista, le brinda a Urribarri la alternativa de negociar desde una posición ventajosa. A los mismos fines sirve el anuncio de su (controvertida desde lo legal) aspiración por regresar al Poder Ejecutivo.

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Urribarri, que fue dos veces gobernador, quiere serlo una vez más. Sus seguidores, orgullosos de su liderazgo, dirán que vuelve por sus fueros. Eso mismo, aunque con otro sentido, fue lo que comentaron algunos macristas entrerrianos cuando los portales de noticias divulgaron esta semana la ambición del presidente de la Cámara de Diputados. Conjeturan que Urribarri movió una pieza para ir, literalmente, por los fueros parlamentarios que lo pongan a resguardo de jueces y fiscales. Piensan que se posiciona para conformarse, más tarde o más temprano, con un lugar en las listas de candidatos a diputados o senadores nacionales. Urribarristas de paladar negro hacen oídos sordos a esos comentarios maliciosos. “Tranquilos. Ya nos verán caminar”, afirman con desdén.

Por lo pronto, el presidente de la cámara baja puso a trabajar a sus asesores. A Guillermo Smaldone, ex presidente del Tribunal de Cuentas, le encomendaron dos tareas complejas. Debe hallar argumentos jurídicos para defender un par de posturas que en principio son candidatas a la derrota: que la ley de lemas no contradice los postulados de la Constitución de Entre Ríos y que el texto reformado en 2008, que limita a dos turnos la posibilidad de reelección y que a los efectos del cómputo consideró al gobierno urribarrista de entonces como un primer mandato, no le impide a Urribarri ir por un nuevo intento. Si convertirse en gobernador es complicado no lo es menos dibujar un andamiaje jurídico que vuelva factible lo a priori imposible.

Lo cierto es que el peronismo de Entre Ríos no sabe cómo resolver sus conflictos internos y algunas corrientes creen que el sistema de lemas constituye una alternativa conveniente: les permitiría medir pesos internos tributando luego al candidato del partido que más votos obtenga en una elección general. La hipótesis fue reflotada mediante un proyecto que, presentado por el diputado Gustavo Guzmán, presidente del Consejo Departamental Paraná del PJ, fue calurosamente saludado por Urribarri. Tanto que se lo sindica como el verdadero autor de la iniciativa. Pero son acotadas las chances de que el proyecto avance. La Constitución de Entre Ríos establece que el gobernador debe ser elegido por simple pluralidad de sufragios y el mecanismo de las lemas puede terminar consagrando a alguien que no haya sido el más votado. Mago más que abogado debe ser el juez llamado a habilitar un procedimiento que parece chocar de frente contra el orden constitucional.

(Más información en la edición gráfica número 1082 de la revista ANALISIS del jueves 26 de julio de 2018)