La causa de los Contratos legislativos truchos tiene protagonistas clave, aunque se los intente minimizar. A través de ellos transitaron millones de pesos, manejos turbios, negocios varios y son una bisagra determinante para seguir la ruta del dinero. Son parte de un sistema corrupto, los alcanzan otras causas y si llegan a ser condenados -como se prevé- serán lo más parecido a un quiebre. O bien tendrán que hacer silencio por muchos años.
Daniel Enz
Los más entendidos indican que la pericia contable de la causa de los Contratos legislativos truchos terminaría recién a fines de octubre o principios de noviembre de este año. En absoluta soledad, lo viene realizando una contadora de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia, con más de 20 años de antigüedad, que, a la vez, aunque parezca inconcebible, debe seguir con las demás tareas asignadas. La pregunta es por qué a nadie de la cúpula judicial se le ocurrió determinar que la profesional se dedique pura y exclusivamente a esa tarea -donde debe revisar números y documentación de 10 años- y no ocupe también su tiempo en otras causas, en función de la importancia de tal pericia. O sea, una decisión que muchas veces adoptó el STJ en otras causas, en los últimos 30 años. Recién en esa fecha podría ser elevada a juicio oral, lo que recién se prevé, como dato optimista, que se realice en el segundo semestre de 2021. El tema es que es un año electoral y ello podría determinar nuevas demoras para lo que sería el primer juicio sobre este tema denunciado en septiembre de 2018.
“Son todos perejiles los que están imputados”, repitieron más de una vez cada uno de los abogados defensores de los acusados de participar de la banda recaudadora, cuando se conoció la estrategia del Ministerio Público Fiscal, de partir en dos la causa, habida cuenta del caudal informativo y testimonial que existe. Incluso, también lo reiteró con énfasis el diputado provincial Eduardo Solari (Cambiemos-Paraná), quien ha venido poniendo el foco, solamente, en el intendente de Paraná y exvicegobernador Adán Bahl, lo que ya había indicado en tiempos de la campaña electoral de Sergio Varisco, cuando era uno de sus principales colaboradores en el gabinete municipal. Y pese a que siempre se supo que la estructura fue mucho mayor y con otros protagonistas del oficialismo que ocuparon lugares de preponderancia entre 2008 y 2018. Más allá de la responsabilidad política y judicial que pueda tener el actual alcalde de la capital entrerriana.
Queda claro que entre los imputados hay gente clave en el andamiaje financiero de la política, que no solamente pasa por los contadores o administradores o por los recaudadores de los contratos. Hay que recordar que uno de los jefes operativos de la banda es, ni más ni menos, que Juan Pablo Aguilera, actual cuñado del embajador argentino en Israel y exgobernador, Sergio Urribarri. Tanto él y su mujer son mencionados por algunos de los contratados que declararon en la causa, según pudo corroborar ANÁLISIS, al acceder a los videos de las testimoniales, cuya difusión -en la edición anterior de junio- generó una fuerte reacción de los defensores y de varios operadores relacionados a tales desvíos millonarios de dinero público. Específicamente, porque en los años del urribarrismo -desde el primer gobierno del ahora diplomático- Aguilera y su gente armaron tres empresas para sus negocios familiares o personales (Cinco Typos; Formato Urbano y la librería de la esquina de Gualeguaychú y Monte Caseros, de Paraná), donde todos sus trabajadores eran sustentados a través de contratos de la Legislatura. Había cerca de 25 contratos solamente para tales fines privados de Aguilera.
(La nota completa en la edición 1112 de la revista ANALISIS del jueves 16 de julio de 2020)
