Silvio Méndez
La creciente preocupación social ante las irrefrenables quemas en el Delta del Paraná, y todos los problemas que acarrea, reavivó la actividad legislativa para lograr una Ley Nacional de Humedales. Cinco proyectos se discuten en Diputados y uno en la Cámara Alta de la Nación. En Entre Ríos, el Senado comenzó a discutir una propuesta del Ejecutivo para la gestión y uso de estos territorios en la provincia, que fue duramente criticado por las entidades ambientales.
Los meses por venir serán claves para saber hasta dónde avanza y qué rumbo tomarán los proyectos de ley que comenzaron a analizarse, para regular y proteger los humedales. Los incendios en el Delta del Paraná, con réplicas en distintos sectores insulares del Litoral, han colocado la cuestión ambiental entre las prioridades de la agenda del Congreso de la Nación y la Legislatura entrerriana. Una demanda en expansión, que llevó a los movimientos ecologistas y a la ciudadanía a tomar las calles -con importantes marchas en Rosario y Paraná– a la que se le suma las graves consecuencias del impacto de las quemas en la biodiversidad y en la salud de las poblaciones aledañas.
Los focos ígneos en las islas de Victoria se multiplicaron exponencialmente desde principio de año y, con ello, los dolores de cabeza para la administración del gobernador Gustavo Bordet. La imposibilidad de ponerles un coto desnudó el abandono oficial de esta zona. Así también, la falta de un seguimiento y un registro certero de cómo es explotado el territorio por ciertos intereses privados, de producción agrícola y ganadera que, sigilosamente, fueron desplazándose hacia las islas. Esto quedó en evidencia ante la decidida intervención Federal, la cual llevó al gran malestar en la conducción del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, ante la inacción del Ejecutivo provincial. La idea que en un principio comenzó a barajarse en la cartera que conduce Juan Cabandié, fue hacer del Delta una gran área natural de usos múltiples de gestión interjurisdiccional, con Nación, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. Pero desde la provincia se alzó una fuerte resistencia. “No podemos ceder el manejo todo ese territorio”, dijo a ANÁLISIS, una alta fuente gubernamental. Del otro lado, se observa con recelo la opacidad que persiste sobre quiénes efectivamente se benefician con los arriendos y manejos de tierras fiscales. En los hechos, se lo ha visto en la descoordinación de ciertas acciones: Nación lanzó una Red de Faros de Conservación para el Delta, y la Provincia anunció torres de control y videovigilancia. Para la semana pasada, se tenía previsto un acercamiento que permitiría desactivar este cortocircuito, cuyo resultado se observaría en los próximos tiempos.
(La nota completa en la edición 1113 de la revista ANALISIS del jueves 13 de agosto de 2020)
