Antonio Tardelli
El futuro de las finanzas entrerrianas se juega ahora mismo en una operación internacional de magnitud: el gobierno de Gustavo Bordet, que en 2017 se endeudó en 500 millones de dólares, acaba de contratar al HSBC Securities (USA) Inc. para que reestructure los compromisos emitidos bajo legislación extranjera. Luego de anticipar que no cumpliría con el pago del cupón respectivo, Entre Ríos dejó de abonar la semana pasada los 21 millones de dólares de intereses correspondientes al vencimiento de agosto. El aviso evitó el default y abrió paso al período de gracia de treinta días en que la entidad trasnacional deberá conseguir la aprobación del 75 por ciento de los tenedores para que Entre Ríos no caiga en cesación de pagos y a la vez oxigene sus cuentas en el corto y el mediano plazo.
Las angustias de la deuda pública encuentran su contracara en el buen negocio que supone para los intermediarios financieros. De alcanzar su cometido, el HSBC embolsará una comisión de medio millón de dólares que pagarán los contribuyentes entrerrianos. La entidad se alzó con el negocio al aceptar el tope del 0,1 por ciento de comisión que una ley federal establece para las operaciones de reestructuración. Los otros dos bancos que en su momento integraron el consorcio colocador del título, el Santander y el Citibank, aspiraban a un porcentaje mayor y se terminaron apartando de la operación.
La situación es paradojal: el alivio financiero llegará a Entre Ríos si el HSBC alcanza la reestructuración. Pero para ello debe convencer a los tenedores con una oferta seductora. Eso en buen romance significa que de a ratos jugará para el gobernador Bordet y de a ratos para los bonistas. Su negocio depende de conformar a ambas partes y no sólo a su mandante.
Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo cerró la semana pasada otra contratación. Se trata del estudio jurídico DLA Piper, que lo asesorará en la negociación. Con domicilio argentino en Avenida Madero de Buenos Aires, el bufete se presenta como “un despacho global de abogados con oficinas en más de cuarenta países”.
En 2017, al colocar el millonario título, el gobierno de Bordet había contratado al estudio Cabanellas, Etchebarne y Kelly. Poco después la firma se fusionó con la sección argentina de DLA Piper y por eso ahora sus integrantes se encargarán tanto de la deuda con legislación nacional como de la regida por la ley de Nueva York. Deberán atender un cuadro de situación modificado por los profundos cambios operados en la economía desde entonces hasta hoy: el endeudamiento externo de Entre Ríos, que en 2017 representaba 8.200 millones de pesos, asciende ahora a 38.500 millones.
(La nota completa en la edición 1113 de la revista ANALISIS del jueves 13 de agosto de 2020)
