¿Cuántas son las personas desaparecidas en la Argentina? ¿Cuántas son las víctimas en total del terrorismo de Estado? ¿Y cuántas fueron las víctimas de la desaparición forzada? ¿Por qué es importante diferenciar entre esas categorías para zanjar debates, aun si se instalan desde la crueldad o el cinismo? ¿Por qué la cifra “canónica” (los 30 mil) sigue siendo tan poderosa? ¿Puede aportar algo la investigación académica en ese sentido? Un trabajo reciente ofrece claves para responder estos interrogantes.
Por Américo Schvartzman
La cantidad de personas desaparecidas en la Argentina durante la última dictadura ha motivado debates que se revitalizaron desde la llegada al poder de Javier Milei. En particular se cuestiona el número de 30 mil, cifra que adquirió rasgos simbólicos en los años de denuncia de los crímenes de la dictadura, pero que nunca fue establecida con precisión.
Emilio Crenzel, de extensa trayectoria como investigador de esta problemática, es autor de un detallado trabajo publicado a comienzos de este año en Latin American Research Review en donde historiza las cifras de víctimas y propone un abordaje riguroso del tema, un valioso punto de partida para superar alguna vez este debate doloroso. Valioso para quienes se aproximan a esta discusión de buena fe y no desde chicanas perversas (como el Presidente actual) o para ratificar sesgos ideológicos. Se podrá objetar que no son tiempos de buena fe (“el mal tiempo trae mala fe”, cantaba Silvio Rodríguez treinta años atrás). Pero nada vale más, en cualquier discusión, que los buenos argumentos.
Crenzel explica que la cifra de 30 mil desaparecidos adquirió carácter canónico, aunque como muestra en su estudio, no es arbitraria ni caprichosa: surgió de datos elaborados a lo largo de muchos años, desde el inicio de la dictadura. Los organismos denunciantes elaboraron estimaciones desde las primeras listas con pocos miles de nombres hasta cifras muy superiores a los 30 mil. Tras el retorno de la democracia, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el gobierno de Raúl Alfonsín, registró un número cercano a 9 mil casos.
En los años ´90, con veinte decretos de indulto el presidente Carlos Saúl Menem garantizó la impunidad de los máximos responsables de la represión ilegal, hubo grupos y asociaciones de la sociedad civil que elaboraron sus propias cifras, con las dificultades surgidas de la escasa disposición del Estado por esos tiempos. Recién a partir de los años dos mil, el Estado —y en especial desde la presidencia de Néstor Kirchner— propició nuevos intentos de clarificar, como el Registro Único de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE).
(Más información en la edición gráfica de la revista ANALISIS, edición 1156, del día 21 de noviembre de 2024)
