Por Mariel Fitz Patrick, para Infobae.

La mitad de los argentinos cree que la corrupción ha aumentado en el último año y que el gobierno no está haciendo lo suficiente para combatirla. Esta convicción se repite en gran parte de la región, donde sus ciudadanos también piensan que las prácticas corruptas está empeorando en sus países. Así lo refleja la última edición 2019 del Barómetro Global de la Corrupción, la encuesta internacional de opinión pública sobre este tema elaborada por Transparencia Internacional.

Asimismo, y más allá de lo que indican otros sondeos locales donde prevalece la preocupación por la situación económica, el estudio refleja que el 93% de los argentinos piensa que la corrupción en el gobierno es un problema grave. Pese a que este tema y la transparencia institucional ha sido un caballito de batalla de la gestión de Cambiemos, el 67% considera que el gobierno actual tiene un mal desempeño en materia de lucha contra la corrupción.

El 49% de los argentinos que cree que la corrupción se agravó en el último año, está apenas por debajo del 53% que opina lo mismo, en promedio, en la región. Un 29% de los ciudadanos de Latinoamérica y el Caribe cree que la situación está igual, y solo el 16% que mejoró.

El Barómetro Global de la Corrupción es la encuesta más amplia en América Latina y el Caribe sobre las opiniones de los ciudadanos en 18 países, en relación a la corrupción y sus experiencias de soborno. Para su confección, fueron consultados más de 17.000 personas, entre enero y marzo de 2019. En 13 de esos países, las encuestas fueron realizadas por IPSOS, incluida Argentina, donde la muestra alcanzó a 1.000 casos.

Pagar para acceder a servicios públicos

Pese a estos indicadores que encienden un alerta rojo sobre un problema que es estructural en muchas de las naciones latino y centroamericanas, en promedio, solo el 13% de los argentinos que usaron servicios públicos en los últimos doce meses dice haber pagado algún tipo de soborno para acceder a ellos u obtener algo que necesitaban.

Así, por ejemplo, el 11% de las personas en Argentina dijo haber tenido que dar un soborno el último año para acceder a servicios públicos como agua, gas o electricidad -o satisfacer alguna necesidad vinculada a ellos-, en tanto que el 10% afirmó haber pagado sobornos para conseguir un favor de la justicia, recibir asistencia judicial, o evitar un problema en los Tribunales.

Sin embargo, la institución donde más alto da el índice de sobornos en Argentina es en la Policía: el 14 % señaló haber tenido que pagar para acceder a servicios de las fuerzas de seguridad o para evitar situaciones como un control policial.

“Si bien el Barómetro muestra que los argentinos creen que la corrupción ha aumentado en los últimos 12 meses, son positivos los números de la experiencia de los/as ciudadanos/as frente a la corrupción. Muy pocos argentinos/as destacan que tuvieron que pagar algún tipo de soborno para acceder a un servicio público como la escuela, la justicia, o inclusive la policía”, analizó Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, Capítulo Argentino de Transparencia Internacional.

En Latinoamérica y el Caribe, las cifras sobre las prácticas corruptas son, en promedio, peores que en Argentina. Para muchos, el soborno es un fenómeno habitual. Más de uno de cada cinco ciudadanos que accedieron a los servicios públicos, como atención médica y educación, señalaron que habían pagado sobornos el año anterior. Esa cifra, según el Barómetro, equivale a aproximadamente 56 millones de ciudadanos en los 18 países estudiados.

“La falta de integridad política amenaza con socavar los cimientos democráticos de muchos países de América Latina y el Caribe. Esto se puede observar en los abusos cometidos en los procesos electorales, como la compra de votos y la difusión de noticias falsas, así como en el debilitamiento de las instituciones políticas”, advirtió Transparencia Internacional al dar a conocer el Barómetro.

El ranking de los más corruptos

Según el Barómetro de Transparencia Internacional, los presidentes, los primeros ministros y los parlamentarios son considerados los más corruptos. Más de la mitad de las personas consultadas sostuvieron que la mayoría o todos los políticos electos y los funcionarios no son honestos y priorizan los intereses privados sobre los públicos.

La cifra es aún más alta en nuestro país, donde el 63% cree que la institución más corrupta es la Presidencia de la Nación, un 20% más que hace dos años, cuando aún no había estallado a la ex presidenta la “causa de los cuadernos”, que involucró directamente a los ex mandatarios Néstor y Cristina Kirchner en un sistema de cobro de coimas a empresarios para conseguir contratos con el Estado. La ex jefa de Estado enfrenta 13 procesamientos en expedientes vinculadas a actos corruptos durante sus dos mandatos, media docena de los cuales están en instancia de juicio oral. Y quien fuera su vicepresidente, Amado Boudou, está preso y condenado a 5 años y 10 meses de prisión en la causa de la ex imprenta Ciccone por cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

Por su parte, el presidente Carlos Menem fue condenado este año, a tres años y nueve meses por la venta del predio ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina, ocurrida hace casi 30 años, por un precio muy inferior a su valor real. También tiene sobre sus espaldas una condena por el pago de sobresueldos, y la Corte debe resolver sobre la absolución que le dictó la Cámara de Casación por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador.

A la institución presidencial, le siguen en el ranking de imagen de receptores de sobornos los empleados públicos con el 56% de las opiniones, los legisladores (55%), los jueces (54%), los ejecutivos de empresas (47%), los empleados públicos locales (45%) y la Policía (44%). La institución policial obtuvo, a su vez, la tasa más alta de sobornos en toda la región: 24%.

Los datos del Barómetro también destacan la compra de votos, las amenazas de represalia si los ciudadanos no votan de determinada manera y la difusión de noticias falsas. La falta integridad política, en especial, en época de elecciones pareciera agudizarse: un número relativamente alto de argentinos, 21% aseguró haber algún tipo de soborno a cambio de su voto.

“La creciente desconfianza y decepción hacia los gobiernos ha llevado a agudizar el sentimiento de rechazo hacia la corrupción en toda la región, pero esta situación fortalece a los dirigentes populistas que, con frecuencia, empeoran las cosas. A pesar de estas dificultades, los ciudadanos tienen un gran interés en marcar la diferencia en la lucha contra la corrupción. A fin de cuentas, las personas tienen el derecho de denunciar los casos de corrupción, exigir a los políticos que actúen con integridad y aprovechar las oportunidades de participar activamente en las decisiones y procesos que afectan sus vidas, familias y comunidades”, observó Transparencia Internacional..

A pesar de esto, el Barómetro refleja que hay esperanzas de que se produzca un cambio positivo en relación a las prácticas corruptas. El 77 % de los ciudadanos encuestados sostuvieron que pueden ayudar a detener la corrupción. En Argentina, una cifra ligeramente inferior, el 70%, cree que la gente común puede hacer la diferencia en la lucha contra la corrupción.

Sin embargo, el 80% admitió tener miedo a represalias en caso de denunciar corrupción, y el 66% mencionó que no denunciaría porque no se tomarían acciones concretas.

“Con demasiada frecuencia, los presidentes, parlamentarios y otros líderes políticos actúan en su propio interés, a expensas de los ciudadanos a los que sirven”, dijo Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional. «En una región donde los esfuerzos anticorrupción están generando impulso a pesar de los recientes contratiempos, los ciudadanos siguen exigiendo más y mejor medidas de sus gobiernos».

En el documento, la organización internacional recomienda a los gobiernos de la región “promover una mayor integridad política, en especial, en época de elecciones, fortalecer las instituciones judiciales, mejorar la transparencia del financiamiento político, empoderar a las personas, la sociedad civil y los medios para denunciar la corrupción, y disminuir los factores que propician los sobornos, en especial en los servicios públicos”.