De ANÁLISIS
 

En horas del medio día de este viernes, la jueza Carolina Castagno resolvió hacer lugar pacialmente a los planteos de los abogados defensores y redujo el monto del embargo total a los acusados. Es decir, de los $3.000 millones de pesos que habían sido embargados por el Poder Judicial de modo preventivo, la magistrada redujo el monto embargado a $190.000 por multas y costos. El argumento central es la ausencia de una pericia que compruebe, al menos de manera parcial, cuáles fueron los bienes que los imputados habrían obtenido gracias al ilícito que se les investiga.

"Resuelvo hacer lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuesto por los abogados defensores contra las resoluciones dictadas por la jueza de Garantías Nº1, Marina Barbagelata, y en consecuencia revocar el embargo preventivo dispuesto por la suma de $2.000 millones más la suma de $1.000 millones en conceptos de intereses a la fecha. Manteniéndoselos al embargo en la suma de $190.000 en conceptos de multas y costas del proceso, respecto de los bienes de los imputados", aseguró la magistrada. 

Además, Castagno rechazó el planteo defensivo que buscaba que se levante la inhibición de dichos bienes, por lo cual esa resolución queda firme. 

El pedido de los defensores

La audiencia de apelación a los embargos en la causa contratos se había realizado el lunes pasado. Hasta esa instancia llegaron los abogados Guillermo Vartorelli y Patricia Balín, codefensores de Juan Pablo Aguilera, Alejandro Almada, Jorge De Breuil, Gustavo Pérez, Verónica Caíno, Guido Krapp y Pedro Opromolla. A la apelación se sumó el abogado Emilio Fouces en representación Sergio Cardoso, Gustavo Falco y Sandra Marozzini; los defensor José Velázquez y Leonardo Shonfeld en representación de Jazmín Mena Giovenni, Jorge Valladares y Nicolás Beber; el abogado Franco Cánepa en representación de Renato Mansilla; y los abogados Iván Vernengo y Damián Petenatti en defensa de Gabriela Wainstein.

Los abogados pidieron que se levanten los embargos impuestos a sus defendidos porque aseguran que no tienen ningún fundamento, que la cantidad de dinero es un número irracional obtenido a través de un informe contable de la propia Fiscalía, porque no se ha podido realizar una pericia contable en la causa, entre otros argumentos.   

La audiencia tuvo una particularidad, participó el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, en representación del Estado entrerriano, particular interesado en que se mantenga la medida de caución.

Del lado de la acusación pública estuvo el Ministerio Público Fiscal representado por Patricia Yedro e Ignacio Aramberry.

La jueza de Juicios y Apelaciones, Carolina Castagno, presidió la audiencia y dará a conocer este mediodía la resolución sobre los planteos.