La familia de Leonor Etchevehere suma nuevos capítulos en la compleja e intrincada vida judicial. Esta vez, se trata de denuncias que comienzan a hacerse públicas contra las distintas empresas de la madre y los hermanos del ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, por supuestas irregularidades que se detectaron en el edificio de calle Urquiza donde funcionaba El Diario.

La resistencia al pago de expensas del edificio de calle Urquiza y un posible caso de robo de energía eléctrica al “colgarse durante muchos años”, según evalúan los vecinos, son las causas que hoy los vuelven a poner en la palestra, en una saga impía de desaciertos y deliberadas estrategias empresarias.

La Justicia ya comenzó a intervenir en el plano civil con embargos de cuentas bancarias y no se descarta que haya un avance en lo penal.

Por un lado, se inició una causa contra la firma Los Vascos Propiedades SA por no pagar las expensas del emblemático inmueble, motivo por el cual les embargaron una cuenta del Banco Macro por más de $81 mil, entre capital e intereses.

Incluso, por la misma razón, está en proceso de ejecución de embargo otra cuenta perteneciente a la firma Construcciones del Paraná SA, también de la familia, por más de $146 mil  de capital más intereses.

Por otro lado, se concretaría en las próximas semanas una denuncia (cuya modalidad está siendo analizada), por el supuesto robo de luz en el mismo inmueble. Los integrantes del consorcio advirtieron que disminuyó considerablemente el consumo de energía desde que dejó de funcionar El Diario. Con las boletas en la mano, los consorcistas entienden que semejante merma sólo es posible porque el consumo que implicaba el funcionamiento del matutino no corría por cuenta de los Etchevehere, sino que existía un mecanismo de fuga que hacía que los gastos energéticos se licuaran en la boleta de todo el edificio. La ubicación del medidor en la planta baja, perteneciente a la familia centenaria, es motivo de sospechas.

El edificio donde los Etchevehere adeudan expensas y se sospecha que se colgaron de la luz.

Expensas

El edificio de calle Urquiza al 1100 es el que está en la mira de la Justicia. De las 24 unidades funcionales, 14 pertenecen a los Etchevehere (entre subsuelo, planta baja, primero y segundo piso), mientras que el resto se reparte entre los integrantes del consorcio, a partir del tercer piso hasta la terraza.

Según recuerdan algunos memoriosos, los 14 departamentos de ese edificio, donde alguna vez funcionaron las dependencias de El Diario en planta baja, subsuelo y primer piso, fueron adquiridos por los tres socios a Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), editora del matutino (Arturo Roosevelt y los fallecidos Ivar Julio y Luis Félix Etchevehere), capitalizando la empresa por un valor de $1 millón a mediados de la década de 2000 y el inmueble fue desguazado.

Aunque nunca pudo ser corroborado, personal administrativo de la empresa tuvo la sospecha de que la escrituración de esos inmuebles fue realizada con ese millón de la capitalización de la empresa.

Cuando Arturo e Ivar vendieron sus acciones en la empresa, todo quedó en manos de Leonor Barbero Marcial de Etchevehere y sus hijos (especialmente Sebastián y Juan Diego), y fue allí que todos los cuantiosos activos que supo tener la compañía corrieron la misma suerte, perdiéndose a manos de terceros o en operaciones que no esclarecen el destino abiertamente.

Ciertamente, cuando SAER ingresó en concurso de acreedores, a mediados de 2018, ninguno de los más de 20 inmuebles que llegó a tener figuraba en el patrimonio, y lo que había se encontraba largamente embargado.

Actualmente, Barbero Marcial y sus hijos (entre los que se incluye al actual ministro de Agricultura de la Nación Luis Miguel Etchevehere, que según él mismo lo reconoció en una entrevista periodística, posee el 4 %) quedaron con el 40 % de la compañía, compartiendo el 60 % del capital restante con NEA Capital Creativo, una sociedad con varios nombres, algunos visibles y otros no tanto.

Los conflictos comenzaron cuando se detectó una considerable diferencia entre ingresos y gastos que debían ser cubiertos por el administrador, de su bolsillo, para que no les cortaran los servicios; además de otras problemáticas como el deterioro edilicio.

En este sentido, la primera denuncia se concretó a raíz de las expensas y lleva por título “Consorcio de propietarios del edificio de calle General Urquiza 1.119/1.123 c/Los Vascos Propiedades SA S/monitorio ejecutivo”.

La jueza Adriana Acevedo, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 10, ordenó el pasado 16 de septiembre embargar una cuenta del Banco Macro en concepto de ejecución de expensas.

“Se ha dispuesto librar oficio a fin de que proceda a tomar razón del embargo decretado en autos sobre los fondos que tenga depositados la demandada Los Vascos Propiedades CUIT N°30-70954310-1, sea en cuentas de caja de ahorro en pesos o dólares, cuenta corriente, plazos fijos en la orden indistinta, conjunta y/o persona, en el Banco Macro SA, hasta cubrir con su importe la suma reclamada en pesos cincuenta y ocho mil cuatro con sesenta centavos ($58.004,60), con más la de pesos veintitrés mil doscientos ($23.200,00) estimada provisoriamente para intereses y costas”, reza el texto enviado al gerente de la entidad bancaria.

Seguidamente, el oficio indica que “dicha suma deberá ser depositada en el Nuevo Banco de Entre Ríos SA (Sucursal Tribunales) a la orden del Juzgado y Secretaría y como perteneciente a estos autos, como así también acompañar comprobante de depósito en autos o remitir contestación mediante correo electrónico”.

En un informe periodístico que este viernes publicó el sitio Dos Florines, indica que el reclamo corresponde, según los vecinos del edificio, a muchos años (sin poder precisar cuántos ya que la Dra. Barbero Marcial de Etchevehere fue administradora por un gran lapso) y durante todo ese tiempo y los años recientes no se pagaron las expensas desde la familia.

La relación con los vecinos nunca fue buena, y algunos de ellos que hablaron (pidiendo reserva de su nombre) aseguran que las sospechas de irregularidades vienen de muchos años atrás y ya no estaban dispuestos a seguir sosteniendo la morosidad de la familia y sus empresas.

Son harto conocidas las decenas de historias y anécdotas que circulan acerca de la naturaleza de la doctora Barbero Marcial de Etchevehere en cuanto a su convicción de que no corresponde que su familia afronte gastos corrientes que implica la vida en una sociedad abierta, como cualquiera de los mortales entrerrianos.

Energía

Según los documentos de control interno del Consorcio, en el ejercicio que va del 1° de noviembre de 2017 (fecha que dejó de funcionar El Diario desde los tres pisos inferiores del edificio) del total de $398.389,89  que debieron pagar los vecinos por todo concepto para el mantenimiento del inmueble $192.205,58  corresponde al concepto de “electricidad, servicio común”.

Ahora bien: si se mira el mismo período, pero del año anterior, fecha en que el matutino se seguía editando en el edificio, con oficinas en el primer piso, la redacción periodística en el entrepiso y planta baja y las rotativas en el subsuelo, los gastos por energía eléctrica trepan notablemente. El período que va del 1° de noviembre de 2018 al 31 de agosto de 2019, el costo total del consorcio fue de $399.164,78, el costo de “electricidad, servicio común” se ubica en 75.171,78 pesos; casi un 70 % menos con respecto al año anterior.

“A esta altura no tenemos ninguna duda de que la familia transfería el costo de la energía de El Diario y sus empresas a todos los miembros del consorcio. Cuando tuvimos la convicción decidimos convocar a un escribano y a la empresa de energía para realizar una constatación pero creemos que algún vecino los alertó y pudieron descolgarse a tiempo ya que tenían los medidores en sus oficinas. Pero no hay forma de explicar semejante caída del consumo de energía eléctrica justo desde el mismo mes en que El Diario dejó de funcionar en el edificio”, explicó uno de los consorcistas con marcado malhumor por la situación y que dijo “sentirse estafado”.

División

El edificio de calle Urquiza contiene 24 unidades funcionales, de las cuales cuatro son las más importantes: subsuelo, planta baja, primero y segundo piso. Estas cuatro, de Construcciones del Paraná, representan nada más y nada menos que el 50% del total de la superficie, por lo cual su incidencia en los gastos totales es determinante. De las 20 restantes, 10 pertenecen a la firma Los Vascos Propiedades SA, por las cuales la Justicia embargó la cuenta bancaria por el cobro de expensas. En tanto, los otros 10 departamentos son distribuidos entre los integrantes del consorcio que anuncia verse afectado.

Entre los reclamos que los consorcistas están evaluando realizar legalmente a la familia de Leonor Etchevehere figura la instalación de una antena de telefonía de una compañía nacional en la terraza del edificio (instalada a mediados de los 2000) y por la cual SAER SA habría cobrado un canon más que cuantioso por un lapso de 30 años sin que esa cifra haya sido socializada con el resto de los propietarios que posee el inmueble.

El 27 de septiembre pasado, en medio del malestar de los vecinos, el consorcio realizó una asamblea, a la que los Etchevehere no asistieron, y donde (asegura una fuente interna) se dieron a conocer los informes sobre el consumo de energía eléctrica y se aprobaron los detalles brindados por el administrador. Allí, indican, se abordaron las estrategias judiciales a seguir donde prometen ir por otros temas que no han salido a luz y que prefieren mantener en secreto hasta que vean la luz de Tribunales.