De ANÁLISIS

La jueza de Garantías N°1, Marina Barbagelata, comunicó su resolución este viernes al mediodía sobre la controversia que supone una pericia contable en la causa contratos de la Legislatura.

Barbagelata definió sobre dos aspectos en los cuales chocaron las partes del proceso: los puntos de pericia y quién debe ser el perito.

Cabe señalar que los fiscales Ignacio Aramberry y Patricia Yedro cuentan con un trabajo elaborado por el contador Héctor Enrique, un empleado del Ministerio Público Fiscal. El informe de Enrique determinó el monto de la supuesta defraudación al Estado: unos 2000 millones de pesos presuntamente sustraídos del seno de la Legislatura entre 2008 y 2018.

La defensa atacó ese informe contable, pidió la realización de una pericia y argumentó que el perito debe ser “imparcial” y no de una parte. Además los defensores cuestionaron el monto de dinero que (para el MPF y ahora también para la Fiscalía de Estado que es parte del proceso), fue supuestamente sustraído mediante contrataciones irregulares.

Este viernes, la jueza de Garantías que entiende en la causa aceptó parcialmente la propuesta de los defensores. Ordenó que a la pericia la haga un contador del cuerpo que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ). “Corresponde que el perito sea del Superior Tribunal de Justicia, porque así lo dispone la ley”, dijo.

También admitió algunos puntos de pericia y no la totalidad pedida por la defensa. “Se confirma el rechazo de los puntos de pericia del 1 al 6”, comunicó Barbagelata y agregó: “Lo que la defensa pretende es adelantar con la pericia la etapa de ‘falsación’ (propia del juicio) a la instrucción”. Asimismo, consintió que se realicen los puntos 7, 8, 11 y 12 y sostuvo que lo que se pedirá al perito es lo propio a la ciencia contable. “No se necesita un contador para leer la Constitución Provincial”, valoró.