Derechos Humanos: impulsan la causa por vuelos de la muerte sucedidos en la provincia

En 2005, familiares de víctimas de la dictadura realizaron una intervención en Paraná; para representar los vuelos de la muerte.

En 2005, familiares de víctimas de la dictadura realizaron una intervención en Paraná; para representar los vuelos de la muerte.

Entre agosto y septiembre, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se presentó como querellante en 12 causas por crímenes de lesa humanidad en diferentes tribunales del país. Cuatro de esas causas tramitan en Entre Ríos por delitos que se cometieron en la provincia durante la dictadura y una de ellas refiere a los vuelos de la muerte en el Delta del río Paraná, en el Sur provincial.

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que conduce Horacio Pietragalla Corti, se encuentra presente como parte querellante en decenas de causas que investigan y juzgan los delitos de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado en todo el país. Según un informe del organismo, entre los 12 expedientes a los que se sumó desde diciembre, hay cuatro que tramitan en los juzgados federales de Paraná y Concepción del Uruguay, publicó el diario Uno de Paraná.

En el Juzgado de Concepción del Uruguay se tramita una de las causas más importantes, en la cual se investigan vuelos de la muerte en las islas formadas por el Delta del Paraná y la desembocadura de algunos de sus efluentes en el río Uruguay, en la zona de Villa Paranacito. Según los testimonios de lugareños, durante los años de la dictadura era común observar helicópteros sobrevolando la zona, desde los cuales se arrojaban cadáveres que serían de personas detenidas-desaparecidas.

Además, hay testigos que dijeron haber tenido conocimiento del hallazgo de cuerpos en la costa de los ríos, atados con alambre o dentro de tambores rellenos con cemento. Esos cadáveres pudieron haber sido enterrados como NN en cementerios de la zona, pero con el paso de los años los restos sin identificación pasan a osarios, lo cual dificulta o hace imposible la tarea de ubicarlos.

El informe de la Secretaría de Derechos Humanos –según publicó el diario Uno- detalla que el expediente se inició a partir de la denuncia del periodista de Gualeguaychú Fabián Magnotta y el testimonio de diversos lugareños que vieron lanzamientos de cuerpos desde el aire, tanto sobre cursos de agua como en áreas de vegetación espesa. La fiscal Josefina Minatta tomó declaraciones testimoniales y solicitó documentación.

El organismo expresó que la causa aún no posee víctimas ni imputados, pero “resulta indispensable el acompañamiento de la Secretaría para el impulso y colaboración con la investigación”. Además, detalló que hasta ahora el Estado no había participado de esta causa.

Según se informó, desde la Fiscalía se intenta entrecruzar información de certificados de defunción de NN fallecidos por muerte violenta durante los años de la dictadura en el sur entrerriano –registros que posee el Registro Civil– con causas que se hayan abierto por esas muertes en la Justicia provincial. De esta manera se espera poder establecer la identidad de esas personas fallecidas y si corresponden a personas desaparecidas en el marco del terrorismo de Estado.

 

Las otras causas

 

La SDH también se presentó en la causa conocida como “La noche del mimeógrafo”, en la que se investigan secuestros, privaciones ilegales de la libertad y torturas a estudiantes secundarios, ocurridas en el Centro Clandestino de Detención y Torturas de la Delegación de la Policía Federal de Concepción del Uruguay.

Las víctimas César Román, Roque Minatta, Juan Carlos Romero y Juan Carlos Rodriguez fueron secuestrados en julio del año 1976, llevados a la Delegación de la PFA, sometidos a tormentos y demás condiciones inhumanas de vida hasta ser liberados. Todos tenían entre 17 y 18 años de edad y eran militantes de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES).

En cada allanamiento, las Fuerzas buscaban un mimeógrafo utilizado por los estudiantes para realizar y repartir panfletos. La causa tiene dos imputados, ambos ex agentes de la Policía Federal: Jorge Rodríguez, alias Manchado, y de Luis Oscar Varela. Además, ya fueron condenados Julio César Rodríguez, alias Moscardón Verde; Francisco Crescenzo y José Darío Mazzaferri.

Otra de las causas se denomina “La Quinta” y tiene la lupa puesta en el rol de la Policía de Entre Ríos en Paraná. La SDH se presentó en este expediente que investiga el secuestro de cuatro víctimas en diversos momentos de 1976 y 1977, que transitaron la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Policía Caminera, Comisarías y una casa a la que caracterizaron “tipo quinta” donde fueron sometidos a interrogatorios bajo tormentos y que aún no ha sido identificada. A pesar del paso del tiempo, aún no hay imputados.

La última causa es la que se identifica como “Destacamento de Inteligencia 122 del Área 222” y también es por hechos de la capital entrerriana. Se trata de delitos de lesa humanidad ocurridos en el Área Paraná, perteneciente al Segundo Cuerpo del Ejército con vinculación directa del Destacamento de Inteligencia 122 –Área 222 Paraná. Intenta reconstruir el funcionamiento del grupo de Tareas del Destacamento de Inteligencia 122 y establecer la identidad de sus integrantes, a partir de testimonios de numerosas víctimas que mencionaron la presencia de una persona de nombre Ramiro, perteneciente al Ejército, que aún no ha sido identificada.

Para contribuir a la investigación, la Secretaría presentó un Informe realizado por el Área de Investigación del Programa Verdad y Justicia en noviembre de 2015 que expone el diseño del plan represivo, hace posible vincular a quienes formaron parte de su estructura y permite analizar participaciones por la ubicación funcional en la estructura operativa.

 

Retrocesos

 

El organismo nacional explicó que su participación está fundamentada no solo en la responsabilidad del Estado nacional de cumplir con los compromisos internacionales en materia de memoria, verdad, justicia y reparación por las graves violaciones de derechos humanos, sino también en la voluntad política de seguir profundizando el juzgamiento a los responsables del período más oscuro de la historia reciente.

“Desde diciembre de 2019, y con un criterio federal, la Secretaría ha fortalecido su participación en los juicios, al presentarse como querellante en otros 12 nuevos expedientes de sumo interés para el proceso de justicia. Se priorizó así el impulso de causas en las que se investigan la responsabilidad empresarial, delitos de índole sexual, los vuelos de la muerte o hechos emblemáticos para la jurisdicción específica”, dice el informe.

“Con el fortalecimiento de su rol de querellante en las causas, la Secretaría advirtió la necesidad de activar investigaciones y avanzar en debates orales en diferentes causas que se vieron demoradas durante la gestión de Cambiemos. En los cuatro años del gobierno anterior, solo se presentaron seis querellas y se otorgaron dos poderes especiales para impulsar causas en las que la persecución penal adquirió características instrumentales”, afirma.

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El organismo continuará como querellantes en las causas que están en trámite.

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