Horas después del acuerdo extraordinario en el que se aceptaron los recursos de per saltum de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli, desplazados por el kirchnerismo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, convocó para jueves próximo a la Comisión para la Coordinación y Agilización de Causas por Delitos de Lesa Humanidad, conocida como Comisión Interpoderes. La tarea de esa comisión es “trabajar para superar las dificultades operativas” que puedan demorar los juicios por delitos de lesa humanidad.

En medio de las tensiones por el caso de los jueces, Rosenkrantz atenderá un frente que le es particularmente esquivo, desde su voto a favor de la aplicación de la “ley del 2x1” en favor del represor Luis Muiña, en 2017. Es que para el jueves fueron citados el ministerio de Justicia, el procurador general adjunto y algunos camaristas, pero también varios organismos de derechos humanos que criticaron duramente al presidente del máximo tribunal como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y el CELS que dirige Horacio Verbitsky, publicó el diario Clarín.

Según informaron desde la Corte, el objetivo de la reunión virtual del jueves es relanzar la actividad de la Comisión “como espacio de coordinación y cooperación entre los poderes para asegurar la celeridad en los procesos judiciales donde se investigan delitos de lesa humanidad. El compromiso de la Corte con esta materia se viene sosteniendo desde hace más de diez años, con las primeras convocatorias realizadas por la Corte durante la presidencia del doctor Lorenzetti”, advierten.

Para la reunión del jueves fueron convocados el ministro de Justicia, el secretario de Derechos Humanos, el director del Programa “Verdad y Justicia” del Ministerio, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado, la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, el Presidente del Consejo de la Magistratura y la Unidad de Derechos Humanos del Consejo, el Procurador General de la Nación, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, tres integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la Junta de Tribunales Orales, las Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora) y las Abuelas de Plaza de Mayo, la Organización de Familiares y Detenidos por Razones Políticas, la Liga y la Asociación por los Derechos del Hombre, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Agrupación Hijos y la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, consignó el diario Clarín.

En las últimas semanas, Rosenkrantz mantuvo reuniones presenciales con los camaristas de Casación, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma, para analizar el funcionamiento de la Comisión y la marcha general de los juicios.

El encuentro descongelará el tratamiento de varios pedidos y reclamos de los organismos. Se tratará de calmar ese malestar “abordando los problemas de forma conjunta para buscar asegurar los recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura necesarios para llevar adelante los juicios de forma más rápida”. Para lograrlo, se analizarán la cantidad de causas pendientes de sentencia de primera instancia, la cantidad de causas elevadas a juicio, el cronograma de audiencias de esos casos, la conformación de Tribunales Orales Federales, la designación o ratificación de jueces subrogantes si hicieran falta, los elementos tecnológicos para llevar adelante los juicios online y la disponibilidad de salas de audiencias.

Según aseguran en la Corte, Rosenkrantz buscará consensuar los temas más importantes para luego acordar un cronograma de acciones, con reuniones mensuales de los equipos de trabajo y una reunión trimestral de todas las autoridades.

La “Comisión Interpoderes” fue creada por la Corte en 2008 mediante la Acordada 42 con la firma de los Ministros Lorenzetti, Highton de Nolasco, Maqueda, Petracchi, Zaffaroni y Argibay.

Su última reunión fue en septiembre de 2016 y ahora se reactiva a raíz de un pedido de Estela Carlotto y Paula Litvachky, del CELS, hecho en mayo de este año.