El fiscal de La Paz, Oscar Sobko, brindó detalles de la denuncia por usurpación de un campo que efectuó el ex ministro Luis Miguel Etchevehere contra su hermana Dolores, Facundo Taboada y un grupo de unas 50 personas que responderían al dirigente porteño Juan Grabois. 

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Sobko señaló que “la situación hoy es, luego de lo que sucedió el jueves donde nos hicimos presentes en el lugar, se hicieron algunas gestiones”.

Recordó que “Dolores Etchevehere se presentó diciendo que tiene un derecho hereditario sobre una porción indivisa de ese campo que se llama ‘Casa Nueva’, mientras que Leonor Barbero viuda de Etchevehere, Luis Miguel, Sebastián y Juan Diego Etchevehere se presentan diciendo que hay una sociedad anónima, Las Margaritas, y dentro de ello está esta estancia, y eso es lo que debemos dilucidar”.

Ante ello, indicó que “se han pedido declaraciones informativas de Facundo Taboada y de Dolores que pidieron un aplazamiento, y ayer declararon como testigos Juan Diego y Sebastián Etchevehere”.

Sobre estas declaraciones, explicó que “se está viendo desde la Fiscalía que puede haber algún hecho delictual, algún tipo de hecho que se configure como delito, pero no hay elementos suficientes todavía para imputarle a alguien estos hechos. Facundo Taboada ha sido señalado desde el principio de la denuncia, pero como no tenemos elementos aun para imputar delito alguno, lo que se iba a hacer era la declaración informativa”.

“Como no hay elementos aun para imputar ni hacer una declaración testimonial a estas personas, haciéndoles saber que pueden incurrir en el delito de falso testimonio y que presten declaración de decir verdad. Estarían obligados a decir verdad si los trajéramos como testigos y ahí se podría violentar alguno de sus derechos si después terminan siendo imputados. Por eso el Código Procesal tiene esta situación informativa de declaración informativa, por la cual tienen el derecho a guardar silencio o a no contestar todas las preguntas”, explicitó.

“En eso estamos, recogiendo elementos objetivos para saber cuál es el camino y cuál es la verdad que se impone en este caso. Dolores dice que tiene derecho porque es heredera y la otra parte que dice que ella vendió esa parte o que tiene solamente acciones o que esas acciones se transformaron en algo físico, que es una parte del campo pero que no es el casco de la estancia que según algunos miembros de la familia se está usurpando”, agregó.

En este contexto, detalló que las medidas que se tomaron fueron “solicitar informes al Juzgado Civil y Comercial N°7, al Juzgado de Transición del doctor Ríos, a la Dirección de Personas Jurídicas y al Registro de la Propiedad”.

Por otra parte, consideró que “con la premura en que se solicitaron estos informes, en el corto plazo tendremos una idea acabada de quien es el que tiene mejor derecho aquí, más allá de que luego alguna de las partes diga que fue un contrato leonino o que se firmó de tal o cual manera, pero eso no nos corresponde a nosotros dilucidar, sino que investigamos si esta situación tiene cabida dentro del delito de usurpación que se ha planteado”.

El fiscal confirmó que “son unas 50 personas” las que se presentaron la semana pasada en el lugar el cual “está bajo una administración” y ante la posibilidad de que hubieran accedido a las oficinas sostuvo que “corroborado eso, se solicitará al juez de Garantías –en tanto y en cuanto sigamos sin tener los elementos objetivos a los que me refiero y no se pueda dar el paso para finiquitar el conflicto- algunas medidas de no innovar o de protección de lo que es el inmueble y de las personas que están prestando servicios en el lugar”.

Como ejemplo, mencionó que “hay un tambo muy cercano a la estructura del casco de la estancia, donde hay que ordeñar todos los días a las vacas y en caso de no hacerlo puede enfermar a los animales, y eso va mermando con el tiempo la producción y afectando a un establecimiento de producción ganadera”.

En tanto, afirmó que “en principio, violencia física no se ha corroborado pero sí es una situación de intimidación que aparezcan 40 personas de golpe, que no se sabe bien de donde vienen; es intimidatorio”. “Si bien no está comprobado que haya violencia física ni que se fuercen las cosas, entiendo que hay una situación de intimidación para quienes trabajan en el lugar porque conocen a las personas que habitualmente van al lugar y de repente se encontraron con otras 50 personas que no conocen, por supuesto que es intimidatorio, con lo cual no lo descartamos desde la Fiscalía y es algo a tener en cuenta ya sea la forma que sea en que vaya a terminar el conflicto”, apuntó.

“No quiero adelantarme a cómo vamos a finalizar, pero con los elementos objetivos para saber de quién es el mayor derecho, tomamos la decisión y se la solicitamos al juez de Garantías”, concluyó.