La Justicia uruguaya suspendió el trámite para definir la extradición de Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, el diputado del Parlasur y señalado como el principal operador judicial del gobierno de Mauricio Macri, hasta que se defina su solicitud para ser considerado un refugiado político.

Así lo resolvió la jueza Adriana Chamsarián, a cargo del área especial en Crimen Organizado en Montevideo, que dispuso que el ex funcionario macrista deberá “constituir domicilio en el país y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder” mientras que se dispuso el cierre de fronteras para él “con carácter de urgente”.

Todo sucedió en el marco de la audiencia que tuvo lugar esta tarde en los tribunales de Montevideo. Allí estaba citado el ex funcionario macrista a una audiencia clave que debía analizar sobre el pedido de la jueza María Servini para proceder a su captura y extradición. Luego de ese acto, la justicia local decidió suspender la extradición hasta tanto el gobierno de Luis Lacalle Pou defina si le otorga el asilo político que pidió por, supuestamente, ser “un perseguido”.

En el exterior del juzgado hubo una nutrida guardia periodística que buscó sin éxito contactar a Rodríguez Simón. Infobae pudo capturar las imágenes del ex funcionario macrista que el 17 de mayo pasado decidió anunciar su decisión de pedir convertirse en un refugiado politico de Uruguay. El abogado argentino llegó a bordo de un Uber.

Según confirmaron a Infobae fuentes judiciales, la jueza Adriana Chamsarián, a cargo del área especial en Crimen Organizado en Montevideo, comenzó la audiencia a las 14:45. Allí estaba el propio Rodríguez Simón, de 62 años, sus abogados Eduardo Sanguinetti y Rodrigo Rey; y el titular de la la Fiscalía Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 2°Turno, Ricardo Lackner, junto a la fiscal Daniela Ramos.

Precisamente, la defensa de Pepín ya informó y aportó a la causa “la constancia de solicitud de condición jurídica de refugiado ante la Comisión de Refugiados (CORE) y los restantes documentos individualizados en el escrito introductorio”. Según indicaron las fuentes, la sola petición ya le otorgaría el estatus legal de refugiado hasta que el organismo uruguayo encargado decida si rechaza ese pedido. El CORE es un organismo de siete miembros, presidido por la Cancillería, que tiene un plazo de 90 días para expedirse, plazo en el cual el ex funcionario no puede ser extraditado.

No obstante, la jueza también deberá analizar el pedido que hizo la jueza Servini para proceder a su detención. La jueza desmintió que el imputado pueda ser considerado un refugiado politico. “Los delitos que aquí se investigan de ningún modo pueden ser considerados delitos políticos, y su condición de funcionario público –aún no determinada fehacientemente– no puede ser entendida como suficiente para estos fines”, aseguró.

La jueza María Servini investiga a Rodríguez Simón en el marco de una denuncia que radicó el empresario Fabián de Sousa contra Macri, “Pepín” y otros por lo que él entiende que fue una “asociación ilícita” para desapoderarlo de sus empresas en la gestión de Cambiemos y meterlos presos.

“Los hechos que aquí se investigaban eran de grave trascendencia institucional, puesto que se denunciaron diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos que involucraban a diversos organismos de la estructura del Gobierno e incluso al entonces Presidente de la Nación, en desmedro de un grupo empresario y los titulares de esas empresas. En ese marco, se habría logrado establecer que Fabián Jorge Rodríguez Simón, diciéndose representante del entonces Presidente, Ing. Mauricio Macri, habría participado de diversas reuniones con el querellante Cristóbal Manuel López, y sus socios (Federico de Achával y Ricardo Benedicto), en las que les manifestaba las pretensiones económicas y operativas que tenía el Gobierno, y que en caso de que no fueran acatadas les traería consecuencias negativas tanto para sus empresas como para ellos”, sostuvo Servini ante la justicia uruguaya.

La magistrada había citado a indagatoria a Rodríguez Simón para indagarlo luego de que se conocieran una serie de entrecruzamientos de sus llamados telefónicos durante tres años y medio.

Desde Uruguay, en declaraciones periodísticas, “Pepín” aseguró que el empresario Cristóbal López, dueño de C5N, en conjunto con Servini y con aval del Gobierno, montó una persecución judicial en su contra cuyo objetivo es meterlo preso. “Alberto Fernández estaba en la nómina de Indalo [el grupo empresario de López] hasta antes de ser presidente”, dijo.

En la audiencia de hoy, la jueza evaluó el material enviado por la jueza Servini, con la solicitud de captura nacional e internacional a los efectos de su extradición para tomarle declaración indagatoria, y el pedido del cierre de fronteras. “Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país (de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional)”, había dicho Servini para justificar su pedido.

Cuando se le preguntó a Rodríguez Simón si quería volver a la Argentina, el abogado respondió que no. E insistió en su planteo de convertirse en refugiado político.

En ese sentido, la resolución de la jueza a la que accedió Infobae dice lo siguiente: “Atento a lo manifestado por la defensa del Sr. R.S. en cuanto a su oposición al pedido de extradición de las autoridades argentinas por encontrarse en trámite la solicitud de condición jurídica de refugiado, de conformidad a lo manifestado por el Sr. Fiscal al amparo de lo dispuesto en la Ley 18.076 arts. 41, 10 y 13, así como a los tratados internacionales suscriptos por el país en relación al tema, se dispone: Suspender el presente proceso de extradición del Sr. FRS hasta resolución firme sobre la cuestión previa invocada de su calidad de refugiado”.

Para ello la jueza dispuso como obligación a Rodríguez Simón “constituir domicilio en el país y entregar los pasaportes que pueda tener en su poder”. Tiene 24 horas para hacerlo. También dispuso “el cierre de fronteras” con “carácter de urgente”. Le concedió un plazo de 24 horas a los efectos de dar cumplimiento a las obligaciones que estén dentro de su actuación.

La documentación entregada a la justicia uruguaya se tramitará bajo secreto por estar “amparadas al derecho de confidencialidad”, señaló la magistrada.

En el entorno de Rodríguez Simón celebraron la decisión de la jueza porque se rechazó su “prisión preventiva” hasta que se defina la concesión del refugio y porque el fiscal no apeló esa decisión, según pudo saber Infobae.