El abogado Enrique Pita, patrocinante de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche en el Jurado de Enjuiciamiento que se le sigue expresó una serie de aclaraciones y especificaciones que consideró “imprescindibles” para responder el comunicado que emitieron los vocales del Superior Tribunal de Justicia que integran el jury.

En su escrito, Pita consideró “preocupante” que “los integrantes de un órgano colegiado de juzgamiento, emitan anticipadamente declaraciones y manifestaciones sobre la causa cuando esta se encuentra en trámite, incluso en su etapa inicial”. “La independencia e imparcialidad que se pretende de ese órgano y de sus integrantes parece incompatible con manifestaciones públicas como las que ahora nos ocupan, circunstancias que ameritan eventualmente su recusación en la instancia procesal oportuna”, advirtió.

Específicamente respecto del párrafo donde “pretenden dirigir un mensaje tranquilizador a la sociedad en el sentido que –si se adopta la decisión de suspender a los funcionarios denunciados- existen herramientas legales destinadas a proveer a su reemplazo en las causas de corrupción donde intervienen o han intervenido”, el abogado consideró que “estas manifestaciones no pueden sino causar especial inquietud a los denunciados –entre ellos mi patrocinada- pues la entrelínea permitiría suponer que esa es la solución que se propiciaría por el Jurado de Enjuiciamiento y que ella sería eventualmente compartida por los señores vocales”.

Sobre la referencia a “operaciones mediáticas carentes de objetividad y veracidad”, Pita sostuvo que “más que preocuparse por supuestas operaciones mediáticas, los Sres. Vocales integrantes del Jury deberían procurar resguardar la privacidad y reserva de los votos emitidos, cuyo conocimiento público anticipado ha generado su previsible réplica social, mediática e institucional”.

“Si el resultado final de la votación del Jury se corresponde a lo que se anticipó periodísticamente, no se trataría de una “operación mediática”, como se señala, sino de información veraz y debidamente verificada”, aclaró.

Del mismo modo, el abogado apuntó a la referencia a “declaraciones corporativas carentes de objetividad y veracidad, con relación a una denuncia aún en trámite” y planteó que “no se individualizan las corporaciones a las que se alude, es dable presumir que se refieren a declaraciones –o propuestas de declaración- emanadas de diferentes colectivos, representativos de los fiscales y de los magistrados”. “Los Sres. Vocales deberán tomar debida nota que las instituciones a que se hace mención –peyorativamente calificadas como “corporativas”- no han hecho otra cosa que cumplir con sus fines institucionales, consistentes en garantizar la independencia del Poder Judicial y evitar el uso desviado del mecanismo de remoción y sanción de jueces y fiscales”, señaló.

“Sería pecar de ingenuidad analizar la denuncia promovida contra el procurador General y la procuradora Adjunta aisladamente y no el contexto que le proporciona la causa a la que la misma refiere. Se trata de la investigación de una presunta organización criminal, que habría operado durante más de 10 años, en la que habrían intervenido altos funcionarios del Estado. La minuciosa y extensa remisión de la causa a juicio ilustra adecuadamente al respecto y permite así verificar la trascendencia y gravedad de los hechos imputados, realidad subyacente que resulta de ineludible análisis a la hora apreciar –con sentido de integridad y contextualidad- el enjuiciamiento al que ahora son sometidos los fiscales denunciados”, concluyó.

Jury: vocales del STJ hicieron aclaraciones y hablaron de “operaciones mediáticas”