Jueces, magistrados, fiscales, defensores, camaristas, diputados nacionales y referentes de la Iglesia Católica, están este viernes y sábado reunidos en Tinogasta, Catamarca. Los convoca un debate sobre financiamiento educativo, derecho a la protesta, baja de la edad de punibilidad y justicia social, entre otros tópicos.

Se trata del IV Encuentro Nacional del Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Jueces y Juezas por los Derechos Sociales (Copaju), que este año propone reflexionar a partir del lema “Estado, Constitución y Derechos Sociales desde la mirada franciscana”. En un parte de prensa enviado a ANÁLISIS sostuvieron que los convoca “debatir sobre cuestiones centrales y urgentes de la realidad argentina”.

Copaju es una organización creada bajo la inspiración del Papa Francisco, que convoca a magistradas y magistrados en defensa de los sectores más vulnerables. Este fin de semana habrá más de 20 expositoras y expositores en Tinogasta, llegados desde distintos puntos del país.

En siete paneles, el Capítulo Argentina de Copaju propone abordar temas como la baja de edad de punibilidad; la compraventa de niñas, niños y adolescentes como modalidad de trata; la reforma laboral y sus consecuencias negativas; resiliencia estatal y justicia social, justicia humanitaria, encíclica Laudato si’; derecho a la protesta pacífica; discapacidad; salud mental; servicios públicos, vivienda digna y pobreza energética.

En la apertura del encuentro, dirigirá unas palabras el gobernador de la provincia anfitriona, Raúl Jalil. Junto a los jueces Roberto Andrés Gallardo, presidente de Copaju; y César Raúl Jiménez, coordinador del Capítulo Argentina del comité, entre los disertantes estarán la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; Juan Manuel Olmos, presidente de la Auditoria General de la Nación; Vanesa Siley, diputada nacional y secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales de la Ciudad de Buenos Aires; Marisa Graham, defensora nacional de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; Alejandro Agustín Gober, fiscal general de Catamarca; las diputadas nacionales Silvana Micaela Ginocchio y Victoria Tolosa Paz; Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Concejo de la Magistratura porteño; y el padre Carlos Alberto Accaputo, responsable de la Pastoral Social de la Arquidiócesis de Buenos Aires.

“Malestar” de jueces por “la conducta política” respecto del financiamiento universitario

Hace unos 15 días, el Capítulo Argentino de Copaju tomó posición respecto del financiamiento universitario y la protesta estudiantil en el país. En ese momento, la coordinación emitió un comunicado de prensa que decía lo siguiente:

“Buenos Aires, 10 de octubre. Tras la aprobación en el Congreso del veto presidencial contra la Ley de Financiamiento Universitario, el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju) reiteró su ‘preocupación y malestar ante la conducta política y social de las/os diputadas/os nacionales que con su voto negativo, con su abstención o con la no concurrencia al recinto legislativo convalidaron la amenaza de desfinanciamiento de la educación universitaria estatal’.

Las magistradas y magistrados de todo el país reunidos en el Capítulo Argentina de Copaju advirtieron que la ‘catástrofe educativa’ -una figura empleada por el Papa Francisco- que podría causar la falta de recursos para la educación universitaria ‘tendrá consecuencias directas sobre el nivel educativo, y sobre estudiantes, docentes y no docentes, además de impactar negativamente en la movilidad social ascendente, que ha sido una de las características esenciales del acceso a la universidad estatal en nuestro país’.

De esta forma, las juezas y jueces ratificaron la postura que habían manifestado en su declaración del pasado 2 de octubre, cuando pidieron al presidente de la Nación que promulgara esta ley y exhortaron al Congreso a no convalidar un veto.

‘Asistimos a la vulneración de un derecho social esencial como lo es la educación, mediante conductas de representantes legislativos electos’, lamentaron desde el Capítulo Argentina de Copaju. Y concluyeron que ‘se priorizó la visión economicista del gasto público, relegando la inversión presupuestaria en el sistema educativo universitario, lo que traerá consecuencias perjudiciales en un contexto social económicamente incierto, con índices desfavorables de pobreza’”.

El Capítulo Argentina de Copaju está encabezado por César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, Misiones. Lo acompañan el vicecoordinador Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el secretario Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos; y las y los vocales María Alejandra Villasur García, jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); Mariana Beatriz Pucciarello, defensora ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA; Rómulo Rubén Abregú, asesor de incapaces de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; y Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA.