La abogada querellante que representa a la familia de Ariel Goyeneche, Corina Beisel, brindó precisiones respecto del planteo de la defensa de los policías imputados en la muerte del joven, que pretende que ciertas pericias se realicen en la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Beisel sostuvo que “la causa ya lleva 10 meses de Investigación Penal Preparatoria (IPP) y la audiencia de ayer trató un pedido que hizo la defensa en los términos del artículo 220 del Código Procesal Penal que es una posibilidad que tienen todas las partes de solicitar a un juez de Garantías que ordene que se realicen determinadas medidas de prueba cuando son negadas por quien lleva adelante la investigación, que en este caso es el fiscal”.
Especificó que “la defensa había entendido –a mi entender, de modo erróneo- que desde Fiscalía se le estaban negando una serie de medidas ampliatorias del informe autópsico. Tras la autopsia que se le realizó al cuerpo de Ariel Goyeneche, la defensa –asesorada por un consultor técnico- realizó observaciones al informe de autopsia y solicitó al fiscal que se evacúen unas 15 a 17 preguntas, pero que se haga ante los médicos forenses de la Corte Suprema de Justicia nacional”.
Al respecto, explicó: “Desde Fiscalía y querella, en la audiencia nos opusimos a que esto sea así fundamentalmente porque el fiscal nunca negó que se evacúen esas preguntas, sino que, por el contrario, ordenó que las realice el Departamento Médico Forense de Entre Ríos con participación de tres miembros del mismo, incluyendo al jefe del Departamento. Entendemos que esa medida de prueba no está coartada, sino que se va a realizar; sucede que la defensa no está de acuerdo con algunas conclusiones de la doctora Lilian Pereyra y entiende que por ello puede irse a la Corte a que se haga esta pericia. Consideramos que la doctora Lilian Pereyra es una medica idónea, que esta ampliación se hará evacuando todas las preguntas que tiene la defensa sumando a otros profesionales y además entendemos que Entre Ríos tiene plena autonomía y tiene personal capacitado para poder realizar esta pericia con total solvencia y suficiente, y que además remitir la realización de esta prueba a la Corte Suprema de Justicia nacional violaría los principios de celeridad y no respetaría la economía procesal”.
Agregó que “acá tenemos una conclusión del Departamento Médico Forense de Entre Ríos que concluyó en el sentido de que la causa eficiente de la muerte de Ariel fue compresión toraco-abdominal. Ahora, que la defensa plantee ampliaciones porque tiene divergencias o pretende atacar ese informe, tiene toda la legitimidad, pero nosotros vamos a sostener nuestra postura porque entendemos además que este informe forense y su conclusión contundente está apoyada con soportes fílmicos, con videos; no es una aventura a la que se sumaron los médicos, sino que evaluaron el cuerpo, pero además contamos con otros elementos que permiten sostener esta conclusión, y que no la predeterminaron a la conclusión sino que la sostienen. Y las conclusiones médicas son autónomas y están basadas en datos científicos”.
“La discusión es legítima, y nosotros acompañamos que se hagan todas las medidas que se tengan que hacer, pero que se hagan en Entre Ríos, no hay ninguna razón para en esta instancia, a esta altura, remitir el caso a la Corte. El juez dio un plazo de tres días para dictar su decisión, y según el artículo 220 del Código Procesal Penal su resolución es inapelable”, sentenció.
Consultada por los plazos procesales y qué resta para llegar a juicio en la causa, Beisel explicitó que “uno de los defensores de uno de los acusados presentó una pericia particular que todavía no estudié y el fiscal tiene que resolver en relación a eso. Es un caso que exhibe complejidades en cuanto a la cantidad de acusados, son tres personas imputadas; a la gran divergencia entre los informes que estas personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad hicieron. Cuando asumí la querella me encontré con un caso contra policías, donde los propios policías habían realizado los informes”.
“Hubo ciertos miembros de fuerza de seguridad que eran falsos, que serán estrepitosamente contradichos por prueba fílmica que ellos mismos tomaron porque dentro de la comisaría hay cámaras. Entonces, cuando se tiene esta desconfianza y hay que revisar un montón de cuestiones, 10 meses de investigación no me parece mucho tiempo, cuando tenemos causas de estafas donde los plazos de investigación pueden ser de hasta dos años. Obviamente queremos que esto llegue rápido a juicio, pero en lo profesional no deseo que pase como pasó con otros casos precedentes donde se termina definiendo que la culpa fue de la víctima, no deseo que esto sea una investigación hacia la víctima ni un señalamiento hacia Ariel Goyeneche y su familia. La defensa puede hacer todas las medidas que desee, el fiscal nunca se las negó, el hecho que narró el fiscal es absolutamente detallado en cuanto a circunstancia, tiempo, modo y lugar, y la defensa ha tenido todas las garantías. Desde la querella vamos a acompañar, sí hemos marcado que no vamos a coincidir con la calificación legal con la acusación pública porque entendemos que esto se trata de un homicidio simple, acá no hubo un exceso en el cumplimiento de un deber, y oportunamente fundamentaremos sobre este particular. Entendemos que la pena que deberían afrontar, en el caso de ser declarados culpables, es muchísimo más elevada que la planteada por el fiscal”, concluyó.