El concejal de Paraná, Enrique Ríos, volvió a criticar la inacción del Estado municipal para resolver el conflicto del transporte público de pasajeros que ya lleva nueve días de paro. “Dispusieron un sistema de transporte en función exclusiva de los intereses empresariales”, se quejó.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio De la Plaza), Ríos sostuvo que “hoy estamos en un horizonte muy difícil de solucionar porque estamos en una situación en la que los empresarios –que a mi entender son los responsables mayores de esta crisis- no quieren resignar la rentabilidad que han tenido en años anteriores, quieren tener los mismos márgenes de ganancias en un proceso de crisis económica muy grande, y por otro lado hay una ausencia total del Estado municipal, que es quien debe garantizar la prestación del servicio y el cumplimiento del contrato de concesión”.

“En esto ha sido clara la resolución de la justicia que ayer determinó que el Estado municipal debe ser el garante de la prestación del servicio y que tiene las herramientas institucionales”, remarcó.

A ello agregó que “hay un panorama de un gobierno nacional que tampoco reconoce que producto de una política económica que ha dolarizado la economía y ha generado la licuación de los salarios producto del proceso hiperinflacionario y ha generado una situación de crisis muy grande; también reestructuró el tema de los subsidios, lo cual ha originado que esta parte carezca de sustentabilidad”.

En ese marco, resumió que “los responsables mayores de esta situación no se hacen responsables y por ende tampoco están dispuestos a ceder en algunas cuestiones para encontrarle una salida a este conflicto”.

Consultado por las posibles soluciones concretas, el concejal señaló que “ayer habrían ingresado alrededor de ocho millones de pesos a las arcas de las empresas, cinco millones del subsidio de la provincia y el resto de los atributos nacionales correspondientes a los descuentos de SUBE y de este modo las empresas cuentan con un monto considerable de dinero para empezar a saldar las cuentas con los trabajadores, y así se podría generar una mesa de diálogo y compromisos reales para ir cumpliendo con el deber de los empresarios de cumplir con las pautas salariales y abrir un canal para empezar a circular los coches en la ciudad”.

En ese sentido, consideró que “cuanto menos circulen menos recaudación habrá y más difícil será encontrar una solución”.  

Asimismo, afirmó que “la resolución judicial viene a ratificar lo que nosotros venimos diciendo desde hace mucho tiempo: estamos ante un Estado municipal que cuenta con herramientas instituciones y normativas para hacer cumplir la prestación del servicio, pero evidentemente este Estado que hoy le reclama a la Justicia que haga cumplir la prestación del servicio estuvo ausente durante todo este tiempo sino que además dejó hacer y permitió que las empresas incumplieran sistemáticamente con el contrato de concesión”.

Puntualizó asimismo que “el municipio pidió la declaración de servicio esencial, que está regulado por una ley nacional para aquellos servicios que son considerados vitales y que las medidas gremiales se cumplan en cierta medida para no perjudicar a los usuarios, pero ese carácter de servicio esencial tendrían que haberlo tenido en cuenta cuando delinearon las estrategas para implementar el sistema”.

“Han dejado sistemáticamente que las empresas hagan lo que quisieron en la ciudad de Paraná. Dispusieron un sistema de transporte en función exclusiva de los intereses empresariales”, cuestionó.

Por último, el edil se refirió a la posibilidad de quitar la concesión a las empresas y consideró que “los empresarios vienen con una presión donde plantean como rehenes a los usuarios y nos han metido siempre este miedo a qué va a pasar si ellos se van”. “Hay que romper con ese miedo, hay que explorar otras alternativas y es una de las mejores formas de encontrar una salida para el intendente electo, hay que plantear un plan de movilidad urbana multimodal incorporando otros actores al transporte público, pero también entiendo que la caducidad de la consunción es una estrategia para ejercer presiones, y también las organizaciones gremiales operan como factor de presión en beneficio de los sectores empresariales”, concluyó.