Rosario es territorio en disputa: la confluencia de intereses de bandas narco-policiales, la redistribución de jugadores de peso de esas bandas, el cambio de gobierno y la firme decisión política de conducir a la fuerza policial se convirtieron en un cóctel explosivo en la primera quincena de enero. La explosión tuvo una medida fatal: 18 asesinatos en dos semanas. El regreso de las formas más primarias de financiamiento de una banda narco, como es la venta de seguridad, y el recambio de cincuenta jefes de policiales terminaron de hacer eclosión en el verano santafesino, aunque mediáticamente sea el nombre de Rosario el que más impacte. Los más detallistas hablan de un índice de homicidios superior en Santa Fe ciudad frente a la Chicago argentina.

El conflicto mantuvo hasta ahora algunos límites. El crimen en el casino City Center, el sábado de la semana pasada, encendió un alerta naranja: es que los balazos contra el gerente del Banco Nación de Las Parejas, Enrique Encino, eran para amedrentar a la población de modo general y no contra otras bandas, como viene ocurriendo en los últimos años. Que cualquiera pueda ser blanco es una modalidad que hasta ese día no se había desplegado.

Los dueños de la calle -como pretenden erigirse algunos jefes policiales- dejaron de ser tales con el recambio y esto provocó cimbronazos marcados. El jefe provincial Marcelo Villanúa, corrido del cargo hace poco, había asumido en marzo de 2018 arengando a la tropa para que logren que "les tiemble la pera a los harry cuando vean un patrullero", en referencia al temor que debía generarles a los delincuentes la simple presencia policial. No pareció lograrlo, aunque el temor parece haber ganado la calle por las reacciones violentas y sangrientas de varios sectores delictivos. No sólo narcos con sus gatilleros, sino ataques planificados con la pata policial de esas organizaciones.

Con este escenario de fondo el ministro de Seguridad Marcelo Saín aparece tomando las riendas de una policía que no había sido dirigida y controlada por el anterior gobierno. “Los socialistas fueron responsables de esta connivencia”, afirmó. "El mundo criminal fue protegido históricamente por las estructuras policiales y por la vista gorda de la política de Santa Fe en los últimos años”, dijo.  "En cambio, nosotros con el gobernador Omar Perotti decidimos cortar por lo sano con una cúpula policial que fue connivente con estas estructuras criminales durante más de una década”.

Saín es hipercrítico de la gestión anterior. "El socialismo ha dicho que el narcotráfico es un problema de competencia federal y cuando se detuvo al ex jefe de policía de Santa Fe Hugo Tognoli, dijeron que era una operación del Gobierno Nacional. Son la gataflora y son los responsables de esta olla que hemos destapado”, detalló. En esa línea no tuvo dudas de que “hay resistencia policial: lo vemos en cierta inflación de crímenes en la calle”. Y ligó esta reacción a un hecho puntual: "decidimos que aquellos que los altos comisarios que fueron parte de la cúpula de la policía durante los últimos años, se tenían que ir a la casa. Y a muchos de ellos los estamos investigando hace mucho".

"Hemos observado el intento de desestabilización política en el activismo en las redes de muchos opositores que son absolutamente deleznables en su actitud: se hacen los amiguitos, pero operan en las sombras, incentivando puebladas, y lo hemos visto en balaceras que son dramáticas. Esto escaló a la última, que fue el sábado a la noche en el casino del City Center. Esto nunca pasó: siempre hubo balaceras en casas de jueces, en oficinas judiciales y siempre esas balaceras se inscribieron en el marco de conflictos entre grupos organizados contra autoridades judiciales".

En esa línea de sospecha se ubica uno de los principales investigadores de las balaceras rosarinas: el fiscal Matías Edery, quien desliza sus sospechas sobre el motivo de los disparos sobre el frente de los tribunales locales, ocurrido hace pocos días. "El Centro de Justicia Penal -sede de la justicia local- fue alcanzada por un puñado de plomo la madrugada del viernes 3 de enero. Antes había sido baleada una oficina del Servicio Penitenciario, y finalmente el sábado último el Casino".

De los 18 homicidios en los primeros 14 días de enero, cuatro personas murieron apuñaladas en grescas, y en uno de esos casos un chico mató a su padre. Otros dos -ladrón y supuesta víctima de un asalto, que era gendarme- murieron en el Parque del Puente Rosario-Victoria. Los once restantes fueron baleados en lo que siempre se denominó como "ajuste de cuentas": personas que llegaron o pasaron a bordo de un vehículo y gatillaron con un blanco fijo. El crimen del casino fue un punto de inflexión. Y una muestra del poder remanente del líder narco Ariel "Guille" Cantero, desde la cárcel.

Edery recuerda que la primera vez que balearon el CJP “fue Guille Cantero, líder de los Monos, quien quería volver a Rosario, porque estaba en una cárcel del sur. La segunda vez fue un narco rival: Esteban Lindor Alvarado, quien pergeñó un plan para culpar a los Cantero y fracasó. Pero este ataque no tiene ningún motivo aparente. Es curioso”, dice el fiscal, dejando leer que pudo ser la misma conjunción de intereses de quienes se sintieron tocados por decisiones de este gobierno provincial.

De todos modos los números de otros eneros son también duros: en 2018 hubo 32 muertos y en 2019, 18. Es decir que ya hubo veranos calientes: en rigor el detenido por la balacera al Casino con un muerto no ejerce una actividad novedosa. "Cachete Díaz viene extorsionando gente desde hace un año. No es nuevo, lo que ha ocurrido es la confluencia de intereses entre quienes deben cuidarnos y quienes se les cortaron cajas o rebusques. Hay bandas que empiezan a flaquear en algunos negocios y profundizan otros, como los que le dieron aire en sus comienzos, y ahí aparece la venta de seguridad. Cachete lo que quiere es plata para su jefe”, dice un avezado investigado.

Varios jefes policiales de la anterior administración terminaron presos por pertenecer a bandas narco: el comisario Javier Makhat por pertenecer a la banda de Alvarado y vivir en un departamento de su propiedad; el ex jefe de la División Antidrogas Alejandro Druetta, por regentear una banda narco; el policía Pablo Bancora, por pasar datos desde dentro de la fiscalía que investigaba balaceras al jefe del clan Alvarado; y una decena de uniformados presos y condenados por sus vínculo con Los Monos. Es una fuerza policial manchada desde hace tiempo.

Fuente y foto: Página/12