Una de las marcas del gobierno de Mauricio Macri fue el Decreto de Necesidad y Urgencia 70, que endureció los controles migratorios y aceleró la expulsión de extranjeros con causas judiciales pendientes. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández analiza la posibilidad de derogar esa polémica norma.

Pocos días después de que comenzara la nueva administración los organismos pidieron la derogación del cuestionado decreto “de forma urgente para preservar los derechos de las personas migrantes”. Lo hicieron a través de “Agenda Migrante para 2020”, un texto suscrito, entre otros, por el CELS y Amnistía Internacional.

El mismo día de su publicación, el 30 de enero de 2017, el CELS denunció que el DNU 70 “habilitó un procedimiento de detención y deportación exprés de los extranjeros sometidos a cualquier tipo de proceso judicial de carácter penal y también de quienes hayan cometido faltas administrativas en el trámite migratorio, como, por ejemplo, no haber acreditado el ingreso al país por un lugar habilitado”, y subrayó que a partir de entonces los migrantes que trabajaran como vendedores ambulantes podrían ser denunciados “penalmente por su actividad económica o por resistir un desalojo en la vía pública y ello implicará su clasificación como ‘expulsable’”.

Además, el decreto hizo que jueces y fiscales tuvieran que notificar “a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM) la existencia de causas judiciales que involucran a migrantes”, lo cual “desata el inicio del trámite de expulsión de manera inmediata, sin importar si tiene familia, lazos sociales, arraigo o un plan de vida en la Argentina”, recordó el CELS.

En consecuencia, las deportaciones se multiplicaron tanto como el repudio a la nueva política impulsada por la gestión anterior. El gobierno macrista cumplió 3 mil expulsiones, el triple que en los cuatro años precedentes. En el ínterin, se sumaron pedidos de inconstitucionalidad y se generó un derrotero judicial: un juez lo avaló, pero la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal lo rechazó y está en estudio de la Corte Suprema.

Los organismos piden ahora "igualdad de derechos entre nacionales y migrantes", de acuerdo con lo establecido en la Constitución, y que se pueda regularizar la situación de los migrantes extra Mercosur.

El tema está en la órbita del Ministerio del Interior, que conduce Eduardo “Wado” De Pedro, y de quien depende la Dirección Nacional de Migraciones, a cargo de Florencia Carignano.