En su primer año en la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández dictó 76 Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), la cifra más alta desde 2002 y 2003, época en la que el país atravesaba por una fuerte crisis económica y política por la tormentosa salida de la convertibilidad en 2001. Solo la mitad de estos decretos fueron ratificados en el Congreso.

En 2002 el gobierno firmó 106 DNU y en 2003 otros 96, de acuerdo al Sistema Argentino de Información Jurídica del Ministerio de Justicia (SAIJ). En un año, el Presidente Alberto Fernández firmó 76 Decretos de Necesidad y Urgencia, de los cuales 48 fueron por la pandemia y cinco prorrogaron emergencias sectoriales y moratorias impositivas.

El resto de estos decretos no estuvieron vinculados con la pandemia, como el intento de expropiación de la agroexportadora Vicentin y el mantenimiento de la suspensión de la movilidad jubilatoria, por el que se otorgaron aumentos en los haberes a través de decretos.

El Congreso ratificó 37 de eso decretos, cerca de la mitad del total. Entre ellos, el que avanza sobre las telecomunicaciones, que declaró como servicios públicos esenciales la telefonía celular y fija, Internet y la televisión paga, rechazado tanto por la oposición como por las empresas del sector.

Por otro lado, hubo una cantidad similar de DNU como de leyes promulgadas. Ya que desde la asunción del Presidente hasta el 31 de diciembre se sancionaron 71 leyes, cerca del doble que en el último año de gestión de Mauricio Macri con 39 en total, consignó diario La Nación.

El oficialismo logró que se aprobaran una gran cantidad de las iniciativas que envió al Congreso, 22 de 36 proyectos en total. El resto todavía deben ser tratadas por los legisladores.

Entre las leyes más destacadas están la de la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo, sancionada en los últimos días del año en el Senado. Fueron clave para su aprobación los cambios que aceptó hacer el oficialismo en la reglamentación, que sumaron respaldo de legisladores a la propuesta.

Además de la sanción en la cámara baja de la nueva fórmula de movilidad para el cálculo de los haberes jubilatorios, pensiones y asignaciones, que había tenido cambios en el Senado por orden de la vicepresidenta Cristina Kirchner. El proyecto fue resistido por la oposición, en especial por el interbloque de Juntos por el Cambio, que criticó que no se tenga en cuenta el índice de inflación como una de las variables para determinar las subas en los haberes.