El Gobierno de Jujuy confirmó que las elecciones en esa provincia se realizarán el 7 de mayo del año próximo, en simultáneo con la elección de convencionales constituyentes que tiene a su cargo discutir la reforma parcial de la Constitución local que impulsa el Ejecutivo jujeño.

“Hemos firmado el decreto por el cual se ha decidido el 7 de mayo las elecciones donde los jujeños vamos a elegir gobernador, vicegobernador, diputados, intendentes y comisionados municipales, en simultáneo de elegir los convencionales que van a reformar la constitución de la provincia”, anunció el ministro de Gobierno jujeño, Normando Álvarez García.

“Creemos que es una fecha intermedia y que Jujuy debe elegir algo tan importante como su gobernador y vice alejado de lo que pase en Nación”, agregó el funcionario en relación a las elecciones nacionales, y explicó que ya se viene trabajando con la Secretaría Electoral para que se avance sin inconvenientes en el proceso electoral.

Por otro lado, Álvarez García se refirió a las aspiraciones presidenciales del gobernador Gerardo Morales e hizo hincapié en su posicionamiento. “Va a ser nuestro candidato a presidente. Queremos que sea el candidato del radicalismo y de Juntos por el Cambio”, expresó.

Finalmente, de cara a los comicios provinciales, habló de la continuidad de la actual alianza “Cambia Jujuy”.

“El frente va a seguir trabajando igual. Creemos que hay que consolidar lo que se viene haciendo hace ocho años; que esta alianza que está gobernando tiene que ser ratificada”, concluyó.

En octubre pasado, el gobernador Gerardo Morales ya había anunciado desdoblamiento de los comicios locales respecto de los nacionales, y su desarrollo junto a la elección de convencionales constituyentes para discutir la reforma parcial de la Constitución local, tras conseguirse en la Legislatura jujeña la aprobación del proceso.

La reforma de la Constitución local

La reforma que impulsa el Ejecutivo local busca, entre 47 puntos, avanzar en la prohibición de cortes de rutas; en reforzar las libertades individuales y la convivencia democrática pacífica; en la prohibición de la ocupación indebida y/o la usurpación del espacio y los bienes públicos; en habilitar la ejecución directa de multas por contravenciones que afecten la paz social, entre otros.