La decisión de llevar adelante la devolución del Impuesto al Valor Agregado a las compras de la canasta básica y la suba del piso del Impuesto a las Ganancias, dos medidas impulsadas por Sergio Massa, ya comienza a ser cuestionada por las provincias. Se debe a que esas modificaciones significarán una caída importante en la recaudación de dos tributos coparticipables.

Mediante un escrito presentado ante la Corte Suprema, el gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, le reclamó a los jueces que hagan lugar a una medida cautelar en la que se suspenda la ley que modificó el piso de Ganancias (Ley 27.725) y el Decreto 473/2023 que estableció la Devolución del IVA a las compras de la canasta básica (la ley tiene media sanción de Diputados).

Asimismo, que se ponga como medida urgente “ordenar que los efectos fiscales” de la aplicación de ambas normas y que “sean asumidos con recursos propios del Estado Nacional sin afectar la coparticipación que le corresponde a la provincia de Mendoza”.

Según explica el escrito presentado por el gobernador saliente -y que cuenta con el apoyo de Alfredo Cornejo- las modificaciones de ambos impuestos que son coparticipables afecta “de manera directa en la conformación de la masa coparticipable, detrayendo de manera unilateral, fondos ya comprometidos por la provincia para el 2023″.

Mendoza es la punta de lanza ya que no será la única provincia que siga el camino judicial respecto a la caída en la recaudación y, por consiguiente, los fondos que reciben por IVA y Ganancias. El tema fue planteado en la reunión de gobernadores de Juntos por el Cambio y se espera para los próximos días que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés siga el mismo camino que su par cuyano.

El resto de los gobernadores electos de JxC asumirán el próximo 10 de diciembre por lo que es probable que, si no hay una solución de fondo, se sumen con medidas similares a la que presentó Mendoza.

La Corte Suprema de Justicia suele manejar tiempos más extensos que el de la política por lo que ahora deberá analizar el peligro en la demora de tomar una decisión y la verosimilitud en el derecho para ver si viabiliza o no el pedido de Mendoza.

Pocos creen que, a pesar del enfrentamiento que tienen los cortesanos con el oficialismo, se tome una resolución en medio del proceso electoral. Esto, al igual que buena parte de las decisiones, también deberá esperar al 19 de noviembre y los resultados de las elecciones presidenciales.

El argumento principal que esgrime el gobierno mendocino es que la decisión de modificar dos impuestos coparticipables que implican una caída en la recaudación y por consiguiente una merma en los recursos a repartir, fue tomada unilateralmente por la Casa Rosada. Y cita como precedente un situación “análoga” en donde la Corte Suprema aplicó una cautelar pedida por la provincia de Entre Ríos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación realizó informes sobre el impacto de ambas normas. En el caso de la norma de Compre sin IVA, el Congreso estimó que tendrá un impacto de una pérdida de 1,01% del Producto Bruto Interno del 2024.

En el caso de Mendoza, el gobernador Suárez estableció que entre octubre y noviembre la provincia cuyana perdió “aproximadamente $7.000 millones” en concepto de coparticipación por el achicamiento de los fondos coparticipables.

En el caso de Ganancias y su modificación que llevó el piso un poco más arriba del 1.8 millones de pesos de salario bruto a partir del cual se paga -estaba casi en 800.000 pesos- la Oficina del Congreso estimó que la caída en la recaudación sería de alrededor de casi 3.000 millones de pesos, lo que significa una caída de 0,83% del PBI.

Respecto de este punto y como empezará a regir a partir de enero -Ganancias es un impuesto anual- la provincia estimó que durante el 2024, la provincia deberá afrontar una pérdida de ingresos de 1.700 millones de pesos.

Fuente. Infobae