Bordet inauguró las sesiones ordinarias de la Legislatura provincial con un discurso de casi una hora en el que eligió omitir, por un lado, el legado de Sergio Urribarri, especialmente en razón de una situación económica asfixiante y, por otro, la nula intervención de los organismos de control en la provincia de Entre Ríos.

Bordet, en cambio, prefirió apuntar al control del empleo estatal, subrayando que ha dado órdenes expresas para no incorporar nuevos agentes a la administración pública, al tiempo que anunció que será “implacable” para expulsar del Estado a quienes figuren en la nómina de empleados y no concurran a trabajar.

Mientras el mandatario ofrecía su discurso, sin expresar nada acerca de la compleja herencia que recibe de Urribarri, un papper de unas 40 páginas comenzaba a circular entre los legisladores de la provincia y se remitía, al mismo tiempo, a organismos nacionales, consignó Entre Ríos Ahora.

El informe fue confeccionado por los abogados denunciantes en la causa iniciada a Sergio Urribarri por enriquecimiento ilícito: Rubén Pagliotto -presidente de la Sección Paraná del Colegio de Abogados- y Guillermo Mulet -denunciante en la causa por las cosechadoras truchas de Concepción del Uruguay-.

El “informe sobre las principales causas de corrupción en la Provincia de Entre Ríos”, comienza advirtiendo que la situación que atraviesa la provincia y el fuerte crecimiento de la corrupción “por todos los meandros de la Administración Pública” mucho tiene que ver con “el desguace permanente de los organismos de control constitucionales, tales como el Tribunal de Cuentas, la Contaduría General de la Provincia, la Tesorería y la Fiscalía de Estado”.

Directamente, en el paper se dice que los organismos de control “después de su destrucción sistemática, han pasado a hacer meras maquetas o cáscaras”.

Pagliotto y Mulet quieren dar a conocer al universo político del país que en Entre Ríos ha habido “funcionarios que en una década de ejercicio de la función experimentan crecimientos patrimoniales exponenciales, que jamás podrían explicar, sin torturar el sentido y la inteligencia común”. En ese sentido, citan el ejemplo del exgobernador Sergio Urribarri y su grupo familiar, “cuyo enriquecimiento desmedido e injustificado, puede ser calificado de obsceno, impúdico y criminal”.

En las 40 páginas en el que se extiende el informe, se detallan los casos de corrupción más resonantes en la era Urribarri: desde las cosechadoras truchas con destino a Angola, por la cual fueron imputados los ex ministros de economía y producción, Diego Valiero y Roberto Schunk; pasando por el caso del jardinero K Ricardo Barreiro (contratado por la provincia y proveedor del Estado al mismo tiempo), hasta el enriquecimiento de Urribarri y las denuncias por desvíos de fondos contra el director de Vialidad de la provincia, Jorge Rodríguez.

La relación del poder con el narcotráfico es uno de los capítulos más fuertes del informe, como así también los alcances económicos de la familia Urribarri, que trascienden, incuso, los negocios confirmados en el país.

El detalle de cada uno de los episodios conocidos, y otros por conocer, sobre la corrupción en Entre Ríos ya está en manos hoy de funcionarios nacionales. En la provincia, sin embargo, Bordet elige el riguroso silencio. De lucha anti corrupción y organismos de control, en la provincia, nada se dice. Y nada se hace.