El episodio se constató el miércoles 13 de marzo, en horas de la tarde, cuando una cuadrilla de operarios de Enersa acudió a la casa de calle Pascual Echagüe 842, supuestamente, a raíz de una denuncia anónima que indicaba que la vivienda se abastecía de electricidad por medio de una conexión clandestina.

Los operarios hicieron las constataciones y, al detectar la falta del medidor, se dio intervención al abogado de la empresa Francisco Javier Toyé, quien radicó una denuncia penal. En un principio, la denuncia fue contra “autores desconocidos”, al constatar que no había medidor en la casa y establecer que no se había emitido ninguna factura en los meses de vigencia del contrato de alquiler. La empresa, además, dispuso el corte del servicio, que fue restablecido luego de que los moradores presentaran el contrato de alquiler del inmueble y solicitaran que se le instale el medidor.

Cuando la noticia tomó estado público, a través de ANALISIS DIGITAL, la concejal Claudia Acevedo aseguró que era ella, y no el intendente, quien alquilaba el inmueble; y dijo que se trataba de “una operación de prensa” enmarcada en la campaña electoral, en la que Varisco busca su reelección.

Lo cierto es que la novedad le fue comunicada al abogado Miguel Ángel Cullen, defensor de Varisco y Acevedo, el día después de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias y el intendente deberá comparecer el miércoles 24 de abril.