El argumento del gobierno nacional para modificar la conformación del Consejo de la Magistratura alumbró la ilusión de algunos sectores de Entre Ríos para avanzar en un cambio en igual sentido en el organismo provincial. De ese modo, propician su incorporación en el consejo que se encarga de evaluar a los aspirantes para los cargos de jueces, fiscales y defensores. La reciente condena al ex funcionario bustista Oscar Mori sembró la alarma entre la dirigencia política, en cuyo seno se hizo más evidente el interés por retomar las riendas en la designación de cargos claves del Poder Judicial. Tanto desde espacios legislativos del oficialismo como desde el seno del Superior Tribunal de Justicia se han dado señales claras de que están buscando la permeabilidad necesaria para ingresar al Consejo de la Magistratura. Esta suerte de embestida es resistida desde otros espacios del oficialismo, incluso, que busca imponer su voz sin dejar de considerar, no obstante, que el gobernador –quien tiene la decisión final sobre posibles cambios– “está en varias partes y escucha varias voces”. Busti no ha dado señales claras de avalar esos cambios, aunque sí reveló que su idea es hacer modificaciones en el Jurado de Enjuiciamiento, el organismo constitucional que se encarga de evaluar la conducta de los funcionarios de la Justicia.
Hay sectores que confunden hacer justicia con armar el Poder Judicial. No es precisamente lo mismo. La chance de nombrar jueces y destituirlos a piacere es la eterna tentación de gobiernos, partidos, corporaciones, personas.
En la provincia de Entre Ríos, con la instauración del Consejo de la Magistratura, se ha dado un salto cualitativo en la tarea de buscar ocupantes para los cargos en la Justicia. Y aunque ese instituto haya merecido observaciones sobre el margen que aún queda para perfeccionarlo, sigue siendo un parámetro que achica discrecionalidades políticas al momento de nombrar jueces, fiscales y defensores.
Sin embargo, el método actual ha comenzado a recibir embates destinados a lograr que se abra la integración y que se sumen sillas para ser ocupadas por senadores y diputados. “Siempre escucho que en algunos programas de radio sale el tema de querer integrarlo con diputados y senadores, pero en principio desde la Secretaría de Justicia no estarían de acuerdo”, dijo un integrante del Consejo de la Magistratura que centra su expectativa en que las apetencias de ciertos oficialistas esté frenada desde dentro del propio oficialismo.
La difusión mediante algunos medios paraoficiales es la muestra más liviana de un interés que busca materializarse y para eso avanza por carriles más orgánicos.
La embestida de la dirigencia política sobre la integración del Consejo de la Magistratura de la Nación ha dotado de argumentos a los sectores legislativos para tal fin. Ocurre que una variación en tal sentido puede sumar el súbito poder del oficialismo para vetar los nombres que molestan en la Justicia, y no precisamente por falta de idoneidad.
“Nunca se va a terminar de creer en lo que se votó en el Congreso”, dijo un dirigente justicialista entrerriano en alusión a las modificaciones a la institución encargada de evaluar. “Está claro que no había ningún margen para oponerse, en tren de la construcción del poder con el kirchenerismo”, observó el mismo entrevistado pese a su convicción de que el cambio de la integración del Consejo de la Magistratura nacional es indigerible desde el discurso mismo.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de la administración del Poder Judicial y de los procesos de selección y remoción de los jueces. El proyecto de ley aprobado impulsó una reducción de los integrantes del cuerpo de 20 a 13, y el aumento, en proporción, de la representación del poder político y, en especial, del oficialismo.
Ahora, tomando como referencia el argumento del que se valió el oficialismo nacional para hacer cirugía mayor en el organismo, hay una fuerte embestida para que se instale la discusión en el plano local, pese a las fortísimas críticas del mundo judicial a los cambios efectuados, entre otras cosas por lo que se consideró la pérdida de independencia del Poder Judicial.
En Entre Ríos el Consejo de la Magistratura funciona a partir de un decreto del gobernador, y cualquier cambio debe hacerse mediante el mismo instrumento, en tanto ese órgano carezca de rango constitucional. No se puede instrumentar por ley porque sería inconstitucional, debido a que no está contemplado en los términos constitucionales que la designación quede en manos de la Legislatura. El gobernador no puede renunciar a sus facultades constitucionales de participar en el proceso de designación.
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