En la Dirección General de Rentas se afina el lápiz para poner en marcha un sistema digital interno por el cual se hará un seguimiento específico “día a día” de los procesos sobre apremios fiscales. El programa cambia sustancialmente la relación entre quienes ejecutan a los contribuyentes y la repartición. Los impulsores reconocieron ante ANALISIS que la iniciativa no sólo actuará como un mecanismo de contralor, sino que ahorrará honorarios.
Federico Malvasio
La presencia de un periodista en la Dirección General de Rentas (DGR) genera, con seguridad, la sospecha entre los funcionarios de que quien se apersona busca números. No hay muchas variantes. Lo cierto es que la visita de ANALISIS a las oficinas del organismo fue para recabar información en torno a la cantidad de causas o estado de litigiosidad que existe actualmente. Cifras precisas sobre el número de causas no hay, pero aseguran que el dato “no es lineal”.
Lo cierto es que en Rentas está para salir un sistema de digitalización que registrará los apremios que tiene el organismo. En rigor, se trata de un programa interno por el cual en la DGR y en la Fiscalía de Estado se conocerán la cantidad de procesos y la instancia en la que se encuentran. Pero ante todo, el programa promueve un salto en cuanto al control judicial de la repartición.
Control en la computadora
La DGR es la única fuente de recursos genuinos de la provincia. Es en ese marco que la capacidad de los funcionarios y los mecanismos de control son una de las premisas que se requieren.
En la repartición, que funciona en Urquiza y Pellegrini, sólo falta la firma de una resolución para que se ponga en marcha oficialmente un registro on line por el que se llevará un control de la cantidad de causas por apremios fiscales y la instancia en la que se encuentran.
Actualmente, la DGR cuenta con 150 procuradores en la provincia: 63 en Paraná y 87 en el interior. Cada uno de ellos se encarga de cobrar deudas que contribuyentes adeudan en impuestos provinciales. Hoy en día, para iniciar un proceso un procurador recibe del área de Asuntos Jurídicos una planilla conocida como Título de Ejecución; es la orden para que actúe en el litigio.
Una de las cuestiones que se están llevando a cabo, pese a que aún no está en funcionamiento el sistema, es informar a la Dirección sobre los juicios que tienen relevancia fiscal. “Los planes de pago o moratorias también tienen otro mecanismo respecto a los procuradores. Antes, cuando los procuradores comenzaban un trámite para ejecutar un plan de pago, una vez que el contribuyente pagaba las primeras cuotas, enseguida cobraban los honorarios y se desentendían del asunto”, cuentan a este semanario. Esa forma de operatividad trajo una serie de problemas. Uno de ellos consistía en que, una vez que el contribuyente dejaba de abonar la cuota pactada, el plan se terminaba anulando y se elaboraba otro título ejecutivo. Esto generaba nuevos honorarios. En definitiva, se pagaba dos veces por el mismo caso.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
