Antonio Tardelli
En cualquier caso, la lógica extorsiva se volvió palpable. Los furiosos opositores podrán adjudicársela a los ocupantes de la Casa Rosada, pero más ajustado sería concluir que el paulatino y sostenido avance de la Nación sobre las autonomías provinciales es lo que explica el vínculo de imposición y sumisión. El Poder Ejecutivo fue claro: la eventual aprobación de la iniciativa legislativa traería como consecuencia inmediata la supresión de los fondos correspondientes al Programa de Asistencia Financiera y al Fondo Federal de la Soja. Al margen del cálculo finito, dejando de lado lo que en tal caso ganaría o perdería cada distrito –no hay un criterio único, porque las situaciones comarcales son disímiles–, lo concreto es que, como un gran tutor, el Estado Nacional, que en los últimos veinte años incrementó gradualmente su participación en el reparto, prefiere decidir él en qué se gasta y en qué no. Se resiste a transferirle esa potestad a las provincias, a las que otorga un trato de subordinadas.
Como el ex mandatario estadounidense George W. Bush, que en su momento promovió la tala de árboles para evitar los incendios forestales, la Presidenta Cristina Fernández sugirió el lunes, durante el encuentro que mantuvo con un grupo de gobernadores, la alternativa de suprimir el Impuesto al Cheque. El razonamiento sería: para evitar que se distribuya de otro modo lo producido por el tributo, eliminemos el tributo. Aún concediendo que nada ingenuo puede deparar una reunión de políticos experimentados, la hipótesis curiosamente se convierte en el método propio para desfinanciar el Estado, acusación que el oficialismo lanzó sobre los opositores que propugnan un cambio en el sistema de reparto. Es, ciertamente, un extraño pase de manos. El Impuesto al Cheque le entrega anualmente al aparato estatal cerca de 24 mil millones de pesos, que comparte con las provincias sólo en un 30 por ciento.
En el fondo, todo es una discusión acerca de los niveles de justicia que prevalecen en la distribución, o sea, acerca de qué modelo de Estado democrático se adopta y, en ese marco, qué márgenes de discrecionalidad se le confiere al poder político. Un informe difundido en los últimos días consigna que en 2009 Entre Ríos fue favorecida en el reparto discrecional de los dineros correspondientes al plan de viviendas denominado Techo Digno. Sólo es relegada por Buenos Aires, Santiago del Estero, Tucumán y Salta. Únicamente el alineamiento automático del gobernador Sergio Urribarri explica que aparezca por encima de Santa Fe y Córdoba, distritos que la superan en población. Santa Fe recibió la quinta parte de los fondos girados a Urribarri y Córdoba la mitad de los que llegaron a esta parte de la geografía nacional.
Si las conclusiones del estudio pudieran extenderse al total de partidas, si fuera una acabada muestra del modo en que se vinculan el poder central y las provincias, el gobernador dispondría de un elemento que avalaría su estrategia: su fe kirchnerista sería altamente conveniente para los intereses de los entrerrianos. Las penurias de los relegados, sus colegas desfavorecidos, constituirían la prueba de su acierto. Pero tal cosa sería evaluar el panorama desde la estrecha lógica de un contador. Definir la estrategia en función de una obra pública más o una obra pública menos supone rebajar la política a parámetros impropios de la gestión estatal. La evaluación de los costos y los beneficios no debería agotar el análisis de una situación que incluye elementos históricos, políticos y económicos.
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