Jorge Riani
“Dad al César lo que es del César, dad a Dios lo que es de Dios”. En la Iglesia Católica los asuntos del alma y los de la tierra suelen aparecer fuertemente vinculados. Las almas no se mensuran, pero las propiedades están perfectamente registradas. Para la Iglesia los servidores pueden ser voluntariosos muchachitos de pechera amarilla que asisten a los feligreses en cada evento masivo, pero también pueden ser las computadoras donde se almacenan el millar de inmuebles que nutren sus riquezas terrenales tan sólo en esta provincia.
En efecto, en Entre Ríos la Iglesia tiene registradas 995 partidas de inmuebles, que incluyen los templos, pero también las casas, campos, granjas, salones comerciales, terrenos baldíos que han recibido en concepto de donaciones. Y en poder de la misma Iglesia Católica hay en territorio entrerriano 217 vehículos, entre autos, combis, colectivos y algún camión que necesiten para los insondables recodos de la obra pastoral.
Nada de eso paga impuesto. Si la Iglesia Católica fuera un contribuyente más, sería el más importante del fisco entrerriano. Pero en un país donde hasta una madre desocupada paga el 21 por ciento de impuesto en el litro de leche que compra para su hijo, la bimilenaria institución no tributa.
Sin embargo, figuran en los registros catastrales, de propiedad e impositiva, aunque inmediatamente en el casillero correspondiente a calidad de contribuyente aparezca, cada vez, la palabra “exento”.
Esa prerrogativa se llama “gasto tributario”. El gasto tributario puede definirse como los ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar concesiones tributarias que benefician a contribuyentes o sectores.
Por ejemplo, cuando un gobierno quiere beneficiar a alguna actividad comercial, puede otorgar la exención de impuestos. En el caso de la Iglesia, como en otros credos reconocidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos, todo es exención.
La liberación del compromiso de tributar que tiene la Iglesia es materia de controversia y debates permanentes en todo el mundo.
Ahogada en una profunda crisis económica, el gobierno italiano intentó recientemente levantar la exención del pago de tasas municipales a los inmuebles eclesiásticos y sólo en ese concepto, el fisco de la península esperaba sumar unos 700 millones de euros al año. Tras anunciar que la Iglesia acompañaría el ajuste general, el primer ministro Mario Monti fue invitado por Benedicto XVI a asistir al Vaticano y tras un encuentro privado las pretensiones oficiales fueron abandonadas. Así, el Papa terminó bendiciendo las políticas neoliberales de Monti y aseguró que su Iglesia continuará sin pagar impuestos.
En la base de datos del gobierno de Entre Ríos, las partidas de esa misma Iglesia están todas registradas. Pero en el inventario de los “gastos tributarios” (es decir de los que no pagan con debida autorización estatal) sólo figura una pequeña parte de los bienes terrenales de la Iglesia.
Aunque los registros están desactualizados. Para conocer los números reales y los registros oficiales, hay que empezar por decir que la Iglesia Católica aparece como titular de tan sólo tres inmuebles rurales exceptuados por valor de 4.603,70 pesos, mientras que otras instituciones religiosas tienen seis propiedades.
(Más información en la edición gráfica de ANALISIS de esta semana)
