Frente al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal que impulsa el gobierno nacional, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) expresó su “preocupación” ante la posibilidad de que “su aprobación legislativa aumente dramáticamente el acoso judicial a los periodistas por parte del poder político”.

Explicaron que “esto es así porque el rol institucional de la Procuraduría General de la Nación y de los y las fiscales es fundamental para la libertad de expresión y para la vigencia de la democracia”.

En tal sentido, los trabajadores de prensa recordaron que “la Constitución prescribe que el Ministerio Público es ‘un órgano independiente con autonomía funcional y autarquía financiera que tiene por función promover la actuación de la justicia en defensa de la legalidad de los intereses generales de la sociedad’ y por eso es de suma trascendencia que no esté al servicio de un sector político”.

“Nuestra preocupación está basada en que en Argentina hay tres aspectos del diseño institucional que permiten que el titular del Ministerio Público pueda ser independiente en la práctica: su forma de elección, su forma de remoción y el plazo de su función. Si esto se modifica, si se le quita estabilidad, o si para nombrarlo o removerlo alcanza con una mayoría simple, o si para remover a los fiscales inferiores se instauran mecanismos que permiten un control político fuerte sobre ellos o ellas, se debilita su autonomía e independencia”, plantearon.

Aseguraron que “un Ministerio Público y fiscales “no independientes”, sino dependientes de mayorías políticas circunstanciales, pueden generar un grave daño a la libertad de expresión y a los periodistas” y remarcaron que “entre los diversos obstáculos que los periodistas enfrentan, la persecución penal con fines de amedrentar el pleno ejercicio de su libertad de expresión es uno de los más usuales en América Latina”.

“La posibilidad de ser criminalizado resalta la situación de vulnerabilidad de los periodistas frente al poder estatal, ya que al publicar y difundir información sensible o de interés público se someten al riesgo de ser perseguidos penalmente. Esto genera un efecto de amedrentamiento que promueve la autocensura, lo que provoca una menor y más baja cantidad de información al servicio de la ciudadanía”, indicaron.

“Por todo lo expuesto, Fopea solicita a los legisladores nacionales que rechacen la aprobación de ese proyecto. Estamos convencidos de que si esa reforma se llega a concretar aumentará el hostigamiento judicial a los periodistas y una afectación sensible al valor de la libertad de expresión”, concluyeron.