En el marco de la decisión adoptada en Plenario provincial de la Asociación Judiciales de Entre Ríos (AJER), judiciales de la provincia harán paro total de actividades este miércoles y el próximo 25 de agosto, ante lo que consideran una “derogación de facto” de la ley que establece el sistema salarial del Poder Judicial entrerriano. El viernes 27, en tanto, definirán sobre la continuidad de las medidas.

“Entendemos que es una derogación de facto el hecho de habernos dado un aumento a través de un decreto en el mes de julio, cuando nuestra ley de enganche está en plena vigencia”, explicó el secretario general de AJER, Mario Brnusak, en referencia a la suba del 8% para el escalafón judicial y el personal del Tribunal de Cuentas, otorgado por el gobierno provincial mediante el decreto N° 1.805. Comentó que solicitaron explicaciones para saber “a qué se debe imputar ese aumento”, pero todavía no tuvieron respuestas.

Los trabajadores judiciales reclaman que el gobierno provincial se ponga al día con los aumentos para el sector, que quedaron en suspenso por la vigencia de la ley de emergencia. “El gobierno se comprometió a pagarnos una vez finalizada la emergencia”, señaló Brnusak y explicó que esa deuda se originó: “Por los aumentos que otorgó la Corte Suprema de Justicia durante el período en que nuestra ley de enganche estaba suspendida”.

Por otro lado, cuestionan “la aparición de este decreto cuando está en vigencia la ley de enganche. Interpretamos que es un decreto que la está derogando de facto”, señaló el titular de AJER a Apf.

Medidas

Los dos paros serán de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y con quite de colaboración. Así lo resolvió el Plenario provincial de AJER desarrollado el 11 de agosto, con la presencia de las 15 filiales.

Definió además celebrar un nuevo Plenario provincial el 27 de agosto en el que se evaluará, de acuerdo a la respuesta del gobierno, si se continúan o intensifican las acciones gremiales; y resolvió realizar las consultas para iniciar las acciones legales correspondientes.

La medida de fuerza es en reclamo a “la inmediata restitución y aplicación integral” de la Ley 10.068, que establece el sistema salarial del Poder Judicial y que fuera suspendida por un año por la ley de emergencia provincial. “El gobierno, en un acto de manifiesta ilegalidad, ha derogado de facto nuestra ley salarial con un decreto, por lo que los trabajadores y trabajadoras judiciales reclamamos se nos liquide lo que corresponde”, cuestionó el Plenario de AJER.

También manifestó que “la ley 10.068, de enganche con los aumentos de la Corte, no es un capricho ni un privilegio, es un mecanismo que garantiza la independencia del poder judicial, uno de los principios básicos del sistema democrático. Y su aplicación no solo evitó conflictos con los otros poderes del Estado y un funcionamiento ininterrumpido durante los casi 10 años de vigencia, sino que estableció aumentos equivalentes a los otorgados por el gobierno al resto de la administración pública sin ningún conflicto, por lo que pretender derogarla es un verdadero acto de irresponsabilidad”.

“Reclamamos que el gobierno recapacite y revea esta decisión no solo equivocada sino ilegal y nos permita volver a nuestras tareas con normalidad”, remarcó además.