Carlos Merenson
En su discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el 16 de marzo, el presidente Milei dedico dos largos párrafos destinados -una vez más- a descalificar al ambientalismo.
Sus afirmaciones no constituyen un diagnóstico riguroso, sino una serie de simplificaciones y distorsiones que reemplazan el debate por la descalificación. Más que discutir posiciones reales, construyen caricaturas —un ambientalismo que prohibiría toda actividad, una preocupación por el futuro convertida en absurdo— para luego descartarlas. En lo que sigue, se abordan algunos de esos planteos de manera puntual, no para polemizar en el mismo registro, sino para restituir la complejidad de una discusión central: cómo producir y desarrollarse sin destruir las bases ecológicas que hacen posible la vida y la economía.
Conviene hacer, además, una breve salvedad sobre el uso reiterado del término “idiota” como recurso descalificador. Lejos de la carga peyorativa actual, conviene recordar que el adjetivo proviene del griego ἴδιος (ídios), que remite a lo propio, lo privado, lo particular. En la Antigua Grecia, el “idiota” era quien se desentendía de los asuntos comunes y se replegaba en su interés individual, renunciando a la vida pública. En ese sentido original, el término no describía una falta de inteligencia, sino una forma de desvinculación respecto de lo colectivo. Resulta entonces, como mínimo, paradójico aplicarlo al ambientalismo, cuya preocupación central es precisamente lo común: los bienes compartidos, las condiciones de vida y las responsabilidades que exceden el interés individual. Si algo no caracteriza al pensamiento ambiental es ese repliegue sobre lo privado que definía, en su origen, al “idiota”: un término que, como un búmeran, termina volviendo sobre quienes desprecian lo público y degradan la política.
Pasemos entonces a dar respuesta a las principales afirmaciones anti ambientalistas del presidente.
Milei afirma en su discurso: “…tenemos a la minería. En la minería podemos hacer un montón de cosas, tenemos cobre, tenemos litio, tenemos oro, tenemos minerales raros, tierras raras, cosas fabulosas. Chile —con la misma cordillera— genera 30 veces más que lo que generamos nosotros con la misma cordillera. ¿Todo por qué? Porque estamos abrazados a los ambientalistas idiotas extremos”.
El argumento parte de una simplificación que no resiste un análisis mínimo. Que Chile produzca más minería que Argentina no se explica por la existencia de ambientalismo en un país y su ausencia en el otro. Chile posee legislación ambiental, evaluaciones de impacto, tribunales ambientales y conflictos socioambientales muy similares a los que existen en Argentina. La diferencia en la magnitud de su producción minera responde a una historia de inversiones sostenidas, políticas sectoriales de largo plazo, infraestructura desarrollada y una estructura productiva orientada a ese sector desde hace décadas.
Atribuir esa diferencia a la influencia de “ambientalistas extremos” no sólo es incorrecto: también invisibiliza los verdaderos factores económicos, tecnológicos e institucionales que explican el desarrollo de la minería en cada país. El problema no es la existencia de regulaciones ambientales, sino la ausencia de una estrategia minera coherente, transparente y socialmente legitimada. Presentar al ambientalismo como el obstáculo central no aclara el debate: lo reemplaza por una descalificación.
Afirma el presidente: “…si ustedes les hicieran caso a los ambientalistas, no podrían tocar nada en la tierra, porque seguramente causaría daño. Si ustedes llevan esa hipótesis al extremo ¿saben qué pasa? Se mueren”.
Ese argumento se construye sobre una caricatura. El ambientalismo no sostiene que no se pueda intervenir en la naturaleza ni que toda acción deba prohibirse. Las sociedades humanas siempre han transformado su entorno para producir alimentos, energía y materiales. Nadie plantea seriamente la paralización de esas actividades.
Lo que plantea el pensamiento ambiental es algo bastante más razonable: que esas transformaciones deben reconocer los límites ecológicos de los sistemas naturales y evitar daños irreversibles. Muchas de las regulaciones actuales surgieron precisamente después de experiencias en las que la explotación sin controles produjo contaminación, degradación de suelos, destrucción de ecosistemas o crisis productivas.
Plantear que cualquier límite equivale a “no tocar nada” no describe la posición del ambientalismo. Sustituye un debate complejo —cómo producir sin destruir las bases naturales de la vida— por una exageración funcional a su rechazo.
Milei afirma: “…si ustedes para consumir algo que está en la tierra necesitan la autorización de la generación que viene atrás…”.
Ese planteo no describe una posición real: es una deformación extrema del principio de responsabilidad intergeneracional. Nadie propone un sistema de autorizaciones infinitas. La equidad intergeneracional significa algo mucho más simple: que el uso presente de los recursos no comprometa las condiciones de vida de quienes vendrán después. No exige paralizar la economía ni impide la apropiación de recursos; exige evitar su degradación irreversible. Es un criterio de prudencia, no un mecanismo de veto.
De hecho, múltiples actividades productivas ya operan bajo esta lógica. Cuando esos límites se ignoran, los sistemas colapsan y, entonces sí, se vuelve imposible producir o sostener la vida. Presentar la responsabilidad hacia el futuro como una imposibilidad práctica no sólo distorsiona el concepto: oculta el problema real.
Agrega Milei que: “…si siguen con ese patrón pelotudo lo que va a pasar es que cuando ustedes vean algo no se lo van a poder apropiar, porque van a necesitar la autorización del que viene atrás. Con esa idea ustedes no van a poder comer”.
Ese argumento vuelve a apoyarse en una distorsión del concepto de responsabilidad intergeneracional. Nadie sostiene que la apropiación de un recurso dependa de una autorización infinita de generaciones futuras. Esa idea extrema no forma parte de ninguna propuesta ambiental seria; es una construcción retórica para desacreditarla.
El planteo ambiental es mucho más concreto: que la apropiación presente no destruya las condiciones que permiten que otros también puedan apropiarse en el futuro. No impide usar recursos, sino que cuestiona su uso depredatorio. De hecho, cuando esa lógica de “apropiar sin límites” se lleva a la práctica, el resultado suele ser exactamente el contrario al que se invoca: suelos agotados, ecosistemas degradados y sistemas productivos que dejan de funcionar.
Además, conviene no perder de vista un dato básico: en la Argentina actual ya hay demasiadas personas que no pueden garantizar una alimentación adecuada todos los días, y esa situación no es consecuencia del ambientalismo. El hambre responde a desigualdades estructurales, a la forma en que se distribuyen los ingresos y a las condiciones económicas, no a la existencia de límites destinados a evitar la degradación de los sistemas naturales.
El problema, entonces, no es la existencia de límites, sino su ausencia. Porque cuando todo puede apropiarse sin considerar consecuencias, lo que termina desapareciendo no es la libertad de uso, sino la propia base material que hace posible producir, alimentarse y sostener la vida en el tiempo.
Afirma el presidente: “…pensemos en términos dinámicos…”.
La apelación es correcta, pero su uso resulta invertido. Si algo caracteriza al pensamiento ambiental es su enfoque dinámico: analiza cómo evolucionan los sistemas naturales, cómo responden a las presiones humanas y cuáles son los umbrales a partir de los cuales los daños se vuelven irreversibles.
Ignorar esos procesos —como si los recursos fueran inagotables y los impactos acumulativos no existieran— no es pensar dinámicamente: es negar la dinámica. La degradación de suelos, la pérdida de biodiversidad o el cambio climático son procesos en curso que afectan directamente la capacidad futura de producir y sostener la vida.
Reducir esta discusión a etiquetas no aporta argumentos. Las economías funcionan dentro de sistemas naturales que cambian en el tiempo y que tienen límites. Desconocer esa dinámica no evita la autodestrucción; la acelera.
Milei afirma: “…dejemos de pensar de modo precámbrico…hagamos cosas que tengan sentido, porque no sea cosa que, con esto de cuidar, a la Tierra, con el ambientalismo idiota, entonces no hay que destruir el ser humano porque rompe el planeta”.
Ese planteo vuelve a apoyarse en una expresión que, más que aclarar, oscurece. Hablar de “pensar en modo precámbrico” no tiene sentido conceptual: no describe una posición, no define un enfoque, no aporta contenido. Funciona como un recurso retórico para descalificar sin argumentar.
En lugar de precisar el debate, lo reemplaza por una etiqueta vacía. Porque la discusión real no es si alguien piensa de manera “atrasada” o “moderna”, sino cómo se entiende la relación entre economía y naturaleza. Y en ese punto, lo que el ambientalismo introduce no es un retroceso, sino una actualización necesaria: reconocer que los sistemas naturales tienen límites y que ignorarlos tiene consecuencias.
El resto del argumento vuelve a apoyarse en una falsa oposición. Nadie sostiene que “para cuidar la Tierra haya que destruir al ser humano”. Por el contrario, el planteo ambiental parte de una evidencia básica: que dañar los sistemas naturales es, en última instancia, dañar las condiciones que hacen posible la vida humana.
Si de pensar con sentido se trata, el desafío no es elegir entre humanidad o naturaleza, sino comprender que son inseparables. Negar ese vínculo no es una forma de modernidad, sino una simplificación que evita enfrentar el problema real.
Se pregunta el presidente: “¿Para qué nos dio el Creador el planeta?, ¿para contemplarlo?”.
El planteo introduce una justificación moral que no resuelve el problema material. Aun desde una visión instrumental, la cuestión no es para qué fue dado el planeta, sino bajo qué condiciones puede seguir siendo habitable. El ambientalismo no propone la contemplación pasiva, sino el uso responsable. No se trata de elegir entre explotar o no explotar, sino de hacerlo sin destruir aquello que se pretende aprovechar.
En esta misma línea, el papa Francisco, en Laudato si’, advierte que la idea de una Tierra “dada” al ser humano no puede interpretarse como un derecho a su explotación ilimitada. Introduce, por el contrario, la noción de “casa común” y de responsabilidad en su cuidado. Para la iglesia, los humanos, antes que amos de la creación, somos sus custodios.
Afirma Milei: “…si no tuviéramos regulaciones idiotas sobre las semillas, podríamos producir por lo menos el doble…”.
El planteo vuelve a reducir un problema complejo a una consigna. Las regulaciones sobre semillas no existen para impedir la producción, sino para ordenar un campo donde convergen cuestiones agronómicas, sanitarias, ambientales y económicas.
Afirmar que eliminarlas permitiría “producir el doble” supone que el rendimiento depende únicamente de liberar restricciones, cuando en realidad intervienen múltiples factores: calidad de suelos, disponibilidad de agua, prácticas de manejo, clima, acceso a tecnología y condiciones económicas.
Además, muchas de esas normas buscan evitar problemas concretos: pérdida de diversidad genética, aparición de resistencias, impactos sobre ecosistemas o dependencia tecnológica. Ignorar estas dimensiones puede generar aumentos de corto plazo, pero también vulnerabilidades profundas en el mediano y largo plazo.
El punto de fondo no es regulación sí o no, sino qué tipo de regulación permite sostener la producción en el tiempo sin degradar los sistemas que la hacen posible. Descalificarlas no reemplaza ese debate: lo evita.
Cierre
Cuando el poder recurre sistemáticamente a la descalificación, no está simplificando la realidad: está intentando vaciarla de contenido para no discutirla. El problema no es el tono. Es lo que el tono encubre. Porque detrás de cada caricatura del ambientalismo hay una negación más profunda: la de los límites materiales que sostienen la vida y la economía.
Se puede insultar a quienes señalan esos límites. Se puede ridiculizar la idea de responsabilidad, de cuidado o de futuro. Lo que no se puede es derogar las condiciones biofísicas que hacen posible cualquier proyecto económico. Los suelos no responden a consignas, los ecosistemas no negocian, el clima no se somete a decretos.
Llamar “idiotas” a quienes advierten sobre estos procesos no los vuelve menos reales. En todo caso, revela otra cosa: que cuando los argumentos se agotan, queda el insulto. Y cuando lo que se niega es la base material de la vida, el problema deja de ser retórico. Se vuelve, inevitablemente, histórico.
(Esta columna fue publicada originalmente en La (Re) Verde)
