Enrique "Kike" Ríos
En Argentina, hablar de discapacidad no debería ser sinónimo de incertidumbre, pero la realidad insiste en contradecir lo que establecen las leyes. Hoy no sólo estamos frente al incumplimiento de una normativa vigente, sino ante la vulneración sistemática de derechos que fueron conquistados y reconocidos por el propio Estado.
Existe una ley nacional aprobada por el Congreso que garantiza el acceso a prestaciones, tratamientos y acompañamiento integral para las personas con discapacidad. Sin embargo, en la práctica, ese marco legal se desdibuja con demoras en pagos, recortes en prestaciones, trabas administrativas y falta de actualización de aranceles que terminan dejando a miles de personas sin la atención que necesitan.
En este contexto, el Gobierno Nacional impulsa un nuevo proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad que, lejos de fortalecer el sistema, enciende señales de alerta. Entre otras medidas, plantea mayores exigencias y controles para el acceso y permanencia en los beneficios, junto con cambios en el esquema de prestaciones y financiamiento que podrían restringir el acceso a recursos esenciales y debilitar la red de profesionales e instituciones que, día a día, garantizan la atención.
A esto se suma una contradicción profunda, no hay verdadera inclusión posible si al incorporarse al sistema laboral se pierde la pensión. Lejos de promover la autonomía, el esquema propuesto termina castigando a quienes buscan integrarse, obligándolos a elegir entre trabajar o conservar un ingreso básico para subsistir.
Esto no es solamente un tema técnico ni presupuestario. Es una cuestión de derechos humanos.
Cada ajuste, cada demora, cada recorte impacta directamente en la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias. Limitar recursos no solo aumenta la vulnerabilidad, sino que también pone en riesgo procesos fundamentales de integración e inclusión social.
Defender la discapacidad es defender una sociedad más justa. No se trata de privilegios, sino de garantizar condiciones dignas, accesibles y equitativas para todos.
Porque cuando una ley no se cumple, es el Estado el que abandona. Y eso no puede naturalizarse.
(*) secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Paraná – exconcejal PJ
