El periodista Horacio Verbitsky, presidente de ese instituto, frente a una multitud, fue el encargado de abrir un panel que también componían Eugenio Zaffaroni, el director ejecutivo del CELS, Gastón Chillier, y la abogada de la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.), Ana Oberlin.

El libro presentado, "Derechos Humanos en la Argentina. Informe 2011", publicado por Siglo XXI Editores, hace un balance del estado de las cosas en la materia, propone una agenda de discusión para materializar en políticas públicas, además de incorporar una serie de debates que están en plena discusión.

"Este informe es una radiografía del estado de los derechos humanos y al mismo tiempo, una rendición de cuentas sobre la tarea del CELS", dijo Verbitsky.

"Si se revisan estos informes anuales a lo largo de 16 años, se va a ver, primero, cuántas cosas cambiaron en el país. Afortunadamente para bien; y se van a ver cuántas cosas cambiaron en el CELS", agregó.

El autor de El vuelo recordó que la organización –que ya tiene 30 años– se fue convirtiendo en un actor político importante, en una usina de ideas con peso propio y en una caja de resonancia de ciertas demandas de la sociedad civil, algunas a las que falta responder.

También dijo que la actividad del CELS creció cuando en la Argentina tenían legitimidad electoral personajes como el policía Luis Abelardo Patti y Antonio Domingo Bussi.

"Hoy día, y gracias a la infatigable actividad de muchos compañeros (entre los que destacó al periodista Pablo Llonto), esos personajes están pagando la culpa de haber cometido crímenes horrendos".

En el primer momento "se tenía tanta urgencia por salvar vidas que los fundadores (de la organización) no contemplaron cómo sería tratar los derechos humanos en democracia". Esa es una tarea de la actualidad, que el libro presentado enumera y discute.

Algo adelantó a continuación Chillier, quien destacó avances: asignación universal por hijo, matrimonio igualitario, esclarecimiento de responsabilidades penales en las fuerzas represivas y, sobre todo, la creación de un Ministerio de Seguridad "para que sean los civiles quienes controlen a los dispositivos policiales".

El estatuto de lesa humanidad para los militares acusados y condenados (muchos exonerados por las derogadas leyes del perdón), acaso haya sido objeto del aplauso más sostenido, seguido del nombre de Pablo Ferreyra, hermano del asesinado Mariano, en una refriega donde la responsabilidad -por omisión- de la Policía Federal está siendo investigada.

Pero tampoco el director del CELS se privó de nombrar las deficiencias y subrayó la propuesta que la organización acercará para el tratamiento del aborto, que debiera convertirse en un servicio social seguro, libre y gratuito.

Nombró que esa política -como otras, la concepción del espacio público y la indigencia– está en las antípodas de "las manifestaciones racistas" que tuvieron lugar durante los incidentes del Parque Indoamericano.

El control de las drogas en sus vertientes más represivas también fue criticada, así como ciertas políticas de minería y "el vergonzoso trato del que fueron objeto los aborígenes de la etnia qom en Formosa".

Oberlin mostró su alegría por la invitación a presentar el trabajo, y enumeró su trabajo en la búsqueda de jóvenes raptados o capturados durante la última dictadura cívico-militar, y la tarea que algunos de los hijos recuperados tuvieron, ayudándola, en los cargos reunidos para condenar a Patti.

"Si Patti y Bussi fueran interlocutores de nuestros políticos, empresarios, sindicalistas, gobernadores, etcétera, eso no haría más que demostrar el fracaso de una política. Bien, eso no sucedió", había dicho Verbitsky.

Finalmente, Zaffaroni hizo poco menos que un resumen de lo dicho, y se comprometió, desde su lugar, a impulsar una judicialización acorde a los tiempos políticos como para que no suceda lo que pasó -y pasa- con la Ley de Medios, por ejemplo, que aún no consiguió su definitiva aplicación.

Uno