Hijos y entenados

La población de parientes y amigos en los distintos estamentos del Estado ha sido una crítica constante que cada oposición ha realizado a los gobiernos de turno. Desde la vereda de enfrente las críticas arrecian pero a la hora de tomar personal siempre se echa mano a la familia. He aquí algunos ejemplos, que lejos de ser excepciones, no hacen más que confirmar la regla.

(Más información en la edición gráfica de ANALISIS)

Precocidad

“Lavagna me defraudó, lo de Cobos da lástima y lo de Rodríguez Signes era más previsible”, afirmó en charla con ANALISIS el presidente del bloque de diputados radicales, doctor Jaime Benedetti. Negó que el radicalismo esté en liquidación, aclaró que a los radicales K no hay que echarlos porque se van solos y se mostró convencido de que la UCR no extraña a Montiel. Fue prudente al calificar los primeros 100 días de gobierno aunque dijo preocuparle, por ejemplo, el estado de las rutas y la inseguridad, y advirtió que la Justicia no goza de toda la independencia deseable. Les contestó a los que dicen que los diputados radicales son de Primera B y habló de Busti y Bahillo y del salto que dio el economista Schunk rumbo al oficialismo. Dijo sentirse sorprendido por la falta de acción de los gremios estatales y aseguró que el INDEC es una estafa y sus efectos son devastadores. Finalmente, reflexionó que adecuada a los tiempos que corren no sería malo que volviera la colimba.

La pulseada final fue entre Néstor Giacinti y Mario Redondo y éste último fue quien convenció a la dirigencia de Atlético Paraná para tomar las riendas de un equipo que en los últimos certámenes liguistas dejó de ser protagonista y sufrió hasta las últimas fechas para mantener la categoría en la elite del balompié de la capital entrerriana. Sin dudas que se trata de algo que es la cara opuesta a lo que realmente significa el Decano paranaense, que a lo largo de sus 100 años de vida acostumbró a sus hinchas a pelear por campeonatos o el acceso a certámenes nacionales, realidad que hasta no hace mucho tiempo ostentaba.

Los tentáculos de los Gualtieri en el sur entrerriano siguen intactos. Ahora se conocieron una serie de contratos de “comodato”, por los cuales embaucaron a los pobladores de las Islas Lechiguanas, para acreditar la propiedad de los terrenos y expulsarlos en cualquier momento. Los reclamos abundan, porque los habitantes se vieron sorprendidos con la maniobra. La definición de los casos, estará en manos de magistrados entrerrianos, que tienen jurisdicción en la zona, según la investigación periodística del semanario La Opinión.

Charles Parker

Un operativo de vacunación contra la leptospirosis, que debía iniciarse en diciembre último, comenzó recién esta semana, luego de permanecer retrasado varios meses, a pesar de que en la compra directa por vía de excepción de 50.000 dosis con un costo de casi 1,2 millones de pesos se argumentaron razones de necesidad y urgencia para “prevenir la peligrosa enfermedad”. Existen opiniones muy autorizadas que cuestionan esta campaña, entre ellas las que sostienen que la vacuna adquirida no contaría con un protocolo, certificaciones de calidad y manual de uso. Además, trascendió que las pruebas de reacción que deberían hacerse mediante rigurosos requisitos en laboratorio a través de voluntarios, debidamente advertidos y con un estricto registro y control de sus etapas, se harían directamente con los vacunados. Las autoridades sanitarias de Gualeguaychú -donde se iniciaría el operativo-, habrían optado por rechazar la campaña tras consultar con algunos reconocidos epidemiólogos. Pero también se asegura que lo más efectivo es hacer prevención mediante la limpieza, desratización y desmalezado de las zonas críticas. Los datos y documentación a los que accedió ANALISIS, abren fuertes interrogantes sobre este operativo y sobre el accionar de algunos funcionarios, encabezados por el secretario de Salud, Mario Elizalde.

El prefecto general Carlos Fernández fue desplazado por la Presidenta Cristina Kirchner en diciembre, como resultado del escándalo por la muerte del represor Héctor Febres. Entre las últimas resoluciones que emitió, el entonces titular de la Prefectura Naval Argentina firmó el despido de un agente paranaense bajo el argumento de que incurría en “desprestigio” de la institución. El grave delito que le imputan al trabajador raso es que su sueldo de 587 pesos sufrió un embargo por un préstamo que debió sacar para garantizar el tratamiento de su hijo, con una discapacidad profunda. Fue echado a pesar de que el asunto de salud constituye un atenuante que disipa la posibilidad de medidas disciplinarias. El ex agente se llama Luis Sotelo, trabajó más de 30 años en la fuerza y, como la obra social de la entidad nacional no le daba la prestación para garantizar la vida de su hijo, hizo un juicio. La Justicia Federal le dio la razón, pero el encumbrado Fernández lo despidió mientras Febres ingería cianuro en su celda. La notificación del despido es una pieza increíble que Sotelo recibió el día que su hijo con parálisis cerebral cumplía 17 años.

Vecinos agrupados en la zona aledaña al Parque Urquiza de Paraná que se oponen a la autorización indiscriminada de construcción de edificios en altura, vuelven a la carga con sus pedidos ante la comuna. Las quejas se focalizan en que la instalación de las grandes moles de cemento resienten notablemente los servicios esenciales de agua y luz en los domicilios residenciales. En el fondo, la crítica apunta al Código Urbano modificado en 2006 por la administración del ex intendente Julio Solanas (PJ), que da vía libre a este tipo de obras en amplias zonas de la ciudad. La norma es objetada porque desestima una planificación sobre la infraestructura de la urbe así como porque su redacción solamente fue debatida por los sectores ligados a fuertes intereses con el negocio inmobiliario. Como se recordará, la reforma de esta legislación también fue cuestionada en su momento porque modificó el estatuto del cordón verde al este de la capital provincial, amenazando parte de un área natural protegida y la continuidad del trabajo de un importante número de productores que subsisten de sus huertas.