Versión impresa del semanario 20/05/2010

Mario Alberto Quinteros dejó el cargo de camarista. El ahora ex funcionario judicial había competido por el cargo en el que se jubiló, pero su promedio no le alcanzó. Fue a la Justicia para impugnar el concurso y tuvo suerte: detuvo cualquier otra designación que lo pudiera correr y tuvo tiempo de terminar su carrera en el lugar que ostentaba. El

Nadie en Entre Ríos, salvo el oficialismo, y ahora con dudas incluso, quiere elecciones en marzo del 2011. Los partidos consultados por ANALISIS aseguran que van a concurrir a la invitación del gobernador prevista para el 27 de mayo y de ese modo no caer en la trampa de quedar frente a la sociedad como rehuyendo al diálogo; pero en verdad

El tratamiento mediático y un cierto cambio de perspectiva ha puesto en debate público la problemática sobre los casos de femicidios que se producen en el país y la región. Si bien se ha producido un avance en la discusión sobre este tipo de delitos –cuyo carácter se halla en la condición de mujeres de las víctimas, las instituciones públicas no

En la provincia los padres comienzan a recurrir a la Justicia contra las medidas disciplinarias que aplican las escuelas con sus hijos. Se trata de la instancia final de un conflicto irresoluble, y el embate puede resultarles favorable. Un caso testigo de Rosario del Tala lo demuestra.

La clave es hasta dónde. El gran asunto es el límite. Lo central es en qué se puede transigir y qué cosa, en cambio, es innegociable. Se enfrentan de modo recurrente a ese dilema los progresistas que, sin ser peronistas, militan orgánica o circunstancialmente en el kirchnerismo. Deben contestarse interrogantes de ese tipo quienes, desde esa

Municipios y comunas gobernadas por el justicialismo mantienen la exclusividad a la hora de recibir la ayuda que brinda la Nación para atender desequilibrios financieros. Lo que había sucedido entre enero y octubre de 2009 volvió a ocurrir entre los últimos dos meses del año pasado y abril de 2010. Si bien variaron los montos y se redujo el número

En el gobierno entrerriano nada se sabe sobre los más de 25 millones de pesos que se podrían haber cobrado a las empresas que figuraban como deudoras del Banco de Entre Ríos, en la instancia previa a su privatización, cuando el Estado provincial se hizo cargo de ese dinero. A esa conclusión llegaron cuatro fiscales del Tribunal de Cuentas, después