Cannabis: el divorcio entre la Justicia y el avance social

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El abogado integrante de APAC analiza el rol judicial en el medio de un cambio de paradigma respecto a las denominadas drogas peligrosas.

Por Andrés Bacigalupo (*)

Entre Ríos se prepara para el debate en la Cámara de Diputades de la Ley de Accesibilidad al Cannabis Terapéutico, pero todavía existe una realidad: la justicia y sus actores continúan la persecución a usuaries y cultivadorxs de cannabis. Repasamos el caso de Emmanuel Fernández, un cultivador que producía aceite para uso terapéutico de su papá y su mamá. ¿Cómo se encuadra su caso en un marco como el que se espera con la aprobación de la ley?

Una típica historia de la prohibición

Emmanuel Fernandez, un cultivador de cannabis paranaense, enfrenta penas de hasta 15 años de prisión. Así se lo hizo saber la justicia federal, luego de varias citaciones para que concurra al Juzgado a designar defensores, a que se les tomen las huellas dactilares, que sea entrevistado por el médico de la Cámara y sea llamado por personal del Juzgado a que realice su descargo luego de esperar largas horas en un pasillo. 

¿La razón? una muy repetida en la vida de les cultivadorxs. En efecto, Revista Mate relató su pesadilla el año pasado cuando sorpresivamente Emmanuel y su madre sufrieron un allanamiento en su domicilio, por una búsqueda de herramientas robadas. En esa oportunidad, recordábamos la liviandad con que los Magistrados judiciales concedían los allanamientos de moradas a simple llamados telefónicos de la policía. Una realidad muy común en la vida de los cultivadores cannabicos, en la cual nunca o casi nunca se encuentra el supuesto “elemento” sustraído que habilita los allanamientos. Pero eso sí: siempre el derrotero estatal y la brusca invasión en la tranquilidad hogareña se justifican con el hallazgo de plantas de marihuana. Paso seguido, foto con los chalecos, mensajito de whatsapp al medio local amigo —escribimos también de esta típica escena—, esposas, “testigos”, actas y tras las rejas. Quién sabe por cuánto. “Pueden ser desde 48 horas hasta meses según te ‘agarre’ la provincia o la federal”, recuerda Emanuel que le comentó uno de los funcionarios que lo trasladaba a la división antecedentes. 

Ejerciendo su derecho a defenderse, Emmanuel le explicó al Juez —con foto de su padre en manos cual compañía espiritual ante la interrogación—, que comenzó a incursionar en la preparación casera de aceite cannábico hace aproximadamente 8 años para aliviar las continuas y tortuosas dolencias de su papá. Comenta que logró conseguir que este último disminuyera el consumo de hasta cinco fármacos de los trece que diariamente consumía, como asimismo una notable mejora en su calidad de vida, hasta que la Diabetes dio su golpe final en Agosto de 2018.

Recuerda que meses después falleció su tía. Como si no fuera poco, y como dice un lamentable dicho “Las desgracias vienen de tres en tres” su madre sufrió un accidente cerebro vascular hace quince años, dejándola postrada y totalmente paralizado el lado derecho de su cuerpo. Las pérdidas familiares tan repentinas y dolorosas la sumergen en un pozo depresivo muy grave y sus dolores comienzan a incrementarse. Emmanuel le comienza a suministrar aceite cannábico y observa cómo paulatinamente mejora su calidad de vida, estado anímico y onírico. De dos a tres horas diarias en las cuales su mamá apenas podía dormir, pasó a seis horas con calidad de sueño más profundo. Recuerda que Mama Cultiva sirvió de mucho apoyo para incrementar su conocimiento a la vez que hacían sentir a él y a su madre un poco más refugiades en un mundo altamente represivo y prejuicioso contra la planta de marihuana y sus usuaries. 

Esta historia es anterior al 15 de Agosto de 2019, día que las peores preocupaciones de un cultivador de cannabis tocaron la puerta de Emmanuel. Allanamiento de origen dudoso. Policías ingresando agresivamente. Posteriormente, el secuestro de toda la medicina. Se le encuentran cerca de 50 plantines y 20 plantas en crecimiento con no más de 20 centímetros de altura. también se le secuestran hojas, restos de preparación de aceite, las cuales son pesadas en todo su conjuntos y arrojan 236 gramos de peso —una  “gran cantidad” en términos policíacos—, las cuales dan positivo al resultado del test ya que lógicamente la resina del cannabis se impregna en las mismas. 

Su humilde domicilio, no supera los 30 metros cuadrados. La pieza donde se desmantela el invernadero, no alcanzaba la superficie de dos metros cuadrados. Emmanuel le explicó al Juez que muchas de esas plantas, por el espacio reducido, crecen al estilo bonsái y las usan con suerte para un gotero cada una. Contó que la tolerancia del cuerpo obliga a subir las dosis y rotar las cepas. A su vez, el cultivador tiene que prever que muchas plantas pueden ser macho —las cuales son infructuosas para generar la medicina—. En resumen, tanto por el espacio reducido, como por los factores climáticos y botánicos, la cantidad de plantas pequeñas en su casa no supera la cosecha de tres o cuatro plantas grandes cultivadas en un fondo.

Es fácil observar la clara afectación al derecho humano a la salud que sufre una familia como la de Emmanuel, debido a la prohibición legal del cultivo y uso medicinal del cannabis. Aquella madre que veía disminuido el dolor de una vida llena de mortificaciones, ¿pasa  a la preocupación de tener a su único hijo preso durante largos años por prepararle en casa su medicina? Sin mucho esfuerzo esta nos parece la cruda escena de la Edad Media, donde las cuadrillas al mando del Tribunal de la Santa Inquisición “cazaban” literalmente a las mujeres de zonas rurales que preparaban medicinas naturales con hierbas y frutos y morían calcinadas al fuego por el pecado de hechicería y brujería.

¿Una nueva esperanza?

Ahora bien, ¿por qué rememoramos viejos tiempos? Porque gracias a la lucha cannábica, han cambiado algunas cosas desde aquellos días de Agosto de 2019.  Entre las noticias que nos ocupan, un ambicioso proyecto de ley provincial de Acceso al cannabis en la Provincia de Entre Ríos contempla la posibilidad de ponerle fin a esta aplicación desproporcionada y desorientada de la ley por parte del aparato represivo del Estado, y me refiero técnicamente a los sectores encargados de ejercer el poder punitivo: policía, juzgados, fiscalías.

En la propuesta legislativa que el jueves ingresó a la Comisión Salud de la Cámara de diputades, se busca permitir sin restricciones el autocultivo de cannabis y sus derivados con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor. Esta posibilidad de acceso sólo prevé una recomendación médica que aconseje o acompañe su uso y luego su simple inscripción confidencial en un registro de usuaries. También se contempla la figura del cultivo solidario y comunitario, como también la venta de formulaciones magistrales en farmacias autorizadas. 

Como se advierte, la entrada en vigencia de esta ley, fruto del reclamo social y la demanda incesante de una población que no puede esperar, pondría fin a contradicciones estatales tan groseras como la que viven Emmanuel y su madre. 

Veamos un ejemplo breve: cualquier entrerriane que sufre de reuma o dolor de espalda puede cruzarse a adquirir un comprimido en la farmacia, pero, Emmanuel y su madre no duermen hace meses pensando en una estadía carcelaria que continúe agravando su situación. Este divorcio o grieta entre la ley represiva y la realidad social, marcan una de las peores incongruencias jurídicas que pueden tener lugar en una sociedad racional, que al menos se digne de vivir en el S XXI.

Para que se entienda la magnitud de la amenaza de castigo por parte del Estado: si Emmanuel hubiera consumido alcohol hasta la ebriedad y consecuencia de ello, hubiera ocasionado en un accidente automovilístico que un colectivo repleto de niñes caigan a un vacío, para la ley penal, la pena por homicidio culposo múltiple no alcanzaría el máximo de prisión previsto para el delito que se le acusa actualmente al cultivador.

Resabios de una guerra inútil

Puede vislumbrarse con nítida claridad que proyectos de ley como el de Accesibilidad al cannabis en Entre Ríos, buscan resolver violaciones flagrantes a los derechos humanos. No sólo se encuentra en juego el derecho fundamental a la salud, sino el no sufrir abusos estatales y penas draconianas por conductas que no guardan relación alguna con lo que una sociedad necesita prohibir penalmente para una convivencia pacífica.

Tengo esperanza que esta guerra prohibicionista tonta, en algún momento finalizará. Ha traído mucho dolor al mundo y ha creado nada más ni nada menos que su propio archienemigo: el narcotráfico organizado.

¿Quieren leer un último detalle respecto a la historia de Emanuel? Paradójicamente, se lo puede considerar un afortunado, pues centenares de cultivadorxs han estado o están presxs por muchísimo menos medicina en su poder que la de este caso, como ejemplo de Damián Raña, para no alejarnos tanto en el tiempo.

La necesidad de interpretar el cambio social

En ocasiones la Justicia no proviene del Poder Judicial, o éste la trae demasiado tarde, y con demasiada burocracia. Los daños colaterales que se infringen en personas y familias con una causa criminal en marcha, en ocasiones son inconmensurables. Muches funcionaries pueden justificarse bajo el pretexto de que son esclavos de la ley, y que en consecuencia, el cultivador que encuentren sus agentes, será “ajusticiado”. 

Si el discurso judicial no cambia, si la Justicia no interpreta el cambio social, no queda otra alternativa que atacar el problema de raíz y buscar la justicia en una nueva ley.. En el proyecto impulsado por les legisladorxs provinciales Silvia Moreno y Néstor Loggio (Bloque CREER), se busca resolver el problema desde una política humanitaria y sanitaria. No mediante la política represiva.

Si de política represiva hablamos, ésta recibe su corolario en forma de leyes contra el microtráfico, narcomenudeo o similares, las cuales terminan siendo una excusa para perseguir usuaries y personas que están en situación de venta al menudeo para subsistir.

En definitiva, la militarización de la justicia en pos de combatir a las “drogas”, el desprecio al otre como falta de reconocimiento de su humanidad e individualidad por ser usuarie de sustancias psicoactivas, o pertenecer a grupos subalternos viene siendo un modelo que no para de demostrar sus rotundos fracasos. Este es un programa de acción del SXX que tiene que llegar inexorablemente a su fin por el respeto real de los derechos de usuaries. 

Seguir persiguiendo y criminalizando con políticas represivas a usuaries de sustancias es querer apagar un fuego con Kerosene. Al menos, esta simple y típica historia que les traje, puede ilustrarlos un poco mejor.

*Abogado penalista integrante de APAC

Artículo publicado en Revista Mate

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