Por Mario Wainfeld (*)

El Presidente Alberto Fernández despotrica contra el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el caso Ciccone. Lo subleva que no esté fundamentado, una privación de justicia. Se lo recriminó al supremo Ricardo Lorenzetti. De todas maneras, Alberto Fernández no piensa indultar al ex vicepresidente Amado Boudou. Ni promover juicio político, tampoco ampliar el número de miembros del Tribunal.

La relación con Cristina sigue siendo buena, pondera el presidente: sin diferencias insalvables. Ambos entienden la importancia de estar unidos.

Está más que satisfecho con el documento presentado por el Comité de Juristas, que inspirará nuevas leyes, no inminentes.

El mandatario tiene su interpretación propia sobre los alcances del Lawfare, no idéntica a la de otros integrantes del Frente de Todos

Vamos por partes, como enseñaron Descartes y Jack el destripador.

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“La Corte resolvió que el traslado de dos jueces de segunda línea constituía gravedad institucional. Concedió en ese trámite el segundo per saltum en diez años. ¿Cómo es posible que no considere gravedad institucional la condena a cinco años y medio de prisión para un ex vice?” Con toda razón, el presidente despotrica contra el abuso cortesano del Artículo 280° del Código Procesal. Denegar un recurso sin explicar el por qué. La República (que requiere fundamentar cada decisión de Gobierno) te la debo, diría este cronista. Arbitrariedad clavada, en jerga jurídica. Pereza y bajo desempeño ético, para redondear.

El simulacro de sentencia, que el profesor de Derecho penal fotocopió y lleva en el bolsillo, afirma “La Corte según su sana discreción” y rechaza el recurso de Boudou… sin molestarse en añadir un argumento, una cita de jurisprudencia, nada.

“¿Qué es para ustedes la sana discreción?” espetó Alberto Fernández a Lorenzetti con quien dialogó ásperamente el jueves. El cortesano, cuentan fuentes de la Casa Rosada, farfulló excusas y se disculpó un poco. Dos de sus especialidades, agregamos. El presidente recriminó al cortesano la oportunidad de la resolución. “Justo durante la semana en la que me reuní con Joe Biden y Jair Bolsonaro”. “Robar cámara” generando titulares sin laburar, lo sabemos, típica maniobra de los supremos.

Para Fernández media ensañamiento judicial y mediático con Boudou quien tiene derecho a una resolución razonada y no a un sello que troncha autoritariamente el proceso. Ese es el reproche estricto que repitieron en canon ministros del Gabinete nacional.

Exigir prisión efectiva para Boudou es injusto y persecutorio, discurre el presidente. Cumplió dos años en la cárcel, tiene hijos mellizos de dos años, su esposa (a la que recibió meses atrás) es mexicana y la familia materna no puede acercarse a la Argentina. El superior interés de los menores funciona como argumento sólido, aunque el semáforo de Clarín lo tome en solfa.

Indultar no está en la cabeza de Alberto Fernández. Lo descartó en campaña y en los dos discursos ante el Congreso. Un juicio político a la Corte le parece improcedente por razones de fondo fundamentalmente. También porque no cuenta con las mayorías necesarias.

Tampoco analiza sumar miembros al Tribunal. Ni le suena posible crear una nueva Cámara de Casación que trate los reclamos por arbitrariedad de sentencia, restando expedientes a la CSJ. Es una de las iniciativas de la Comisión de Juristas. La idea es valiosa, concede, pero solo podría concretarse mediando consenso con la oposición, un horizonte imposible en la coyuntura. Otras propuestas de la Comisión le interesan y le darán trabajo.

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“Me acusan de haber conformado una Comisión de Juristas con criterios unánimes, la llamaron ‘Beraldi’”, ironiza Fernández quien se deshace en elogios para el “gran trabajo” conjunto que le presentaron. Pero subraya que en casi ningún tema estuvieron de acuerdo todos, en varios hubo hasta tres posiciones. Solo respecto de la Procuración General se formó una mayoría amplia.

El documento, un mamotreto de onda mil páginas, servirá para concebir proyectos de ley, pero será menester leerlo, desbrozarlo, elegir un criterio entre varios. Germinarán “tres o cuatro leyes”. Parecen cantadas y accesibles las Reformas al Consejo de la Magistratura y a la Procuración General. Esta incluye revisar las mayorías exigidas para designar o destituir al Procurador General, confeccionarlas exigirá meses de labor, acaso lleguen para la apertura de sesiones ordinarias.

Los dictámenes contienen opiniones, nadie redactó un proyecto de ley ni algo parecido.

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La relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner es buena, asegura Alberto Fernández contra la vulgata de derecha. “Somos dos personas diferentes, pensamos distinto en muchos temas, pero no nos separan diferencias insalvables. Ella y yo entendemos la importancia de estar unidos”.

CFK no lo consultó antes de publicar su carta reciente cuyo contenido le parece razonable al presidente. “Hay persecución judicial contra Cristina. Se inventó una responsabilidad objetiva inaceptable en el derecho penal para llevársela puesta desde el comienzo del gobierno macrista. Ella tiene razón en enfurecerse”.

A veces se reúnen con frecuencia, en otras pierden contacto refiere el presidente, quien subraya que él la invitó el jueves al acto de la ESMA, “Habló mirándome a los ojos casi todo el tiempo, conversamos bien”.

Una de las diferencias no insalvables y no muy extrovertida es el criterio sobre el Lawfare de CFK, de dirigentes y militantes kirchneristas. Alberto Fernández piensa que hay que ser cuidadoso en extenderlo a todos los juicios contra exfuncionarios. Alude a un caso extremo, irrefutable: el del exsecretario de Obras Públicas José López. En paliques íntimos suma algunos más. “Si todo es Lawfare se diluye la gravedad tremenda del ataque a Cristina”.

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Fernández se involucra en temas judiciales, es optimista respecto del repunte económico en 2021, posiblemente más que el ministro de Economía Martín Guzmán. En ninguna conversación o reportaje deja de referirse a su preocupación principal. La pandemia sigue, “la gente” se está relajando en exceso. Las perspectivas de vacunación, los plazos, los grupos prioritarios, especificidades médicas, encabezan la agenda pletórica de datos.

Como cualquier argentino anhela que termine este año atroz y sobrevenga uno mejor. Sus allegados resaltan sottovoce que la carta de Cristina enfatiza que el Senado aprobó todos los proyectos del Ejecutivo, un gesto hacia “Alberto”, tanto como un mentís a quienes denuncian conflictos severos entre ambos. El presidente celebra la dinámica del Congreso que sigue tratando leyes con un dinamismo bien diferente a la molicie de la cabeza del Poder Judicial. Claro que la derecha autóctona podría alegar que el Parlamento funciona como una escribanía. Desconocerían entre otras variables que el Parlamento está dividido; palo y palo. Y, ya que estamos, cómo funcionan las escribanías.

(*) Esta columna de Opinión de Mario Wainfeld se publicó originalmente en el diario Página/12.