Un fiscal que lea diarios

Un fiscal que lea diarios

Por Antonio Tardelli (*)

 

De seguro es una transgresión ética. Es también la consagración de un privilegio. Es el desapego por la norma de parte de quien la norma dictó. Pero es más que eso. O podría ser más que eso. Podría configurar un delito. Un delito cometido desde el poder.

Hay quienes están convencidos de que el vacunatorio del privilegio comporta la comisión de un delito.

Según una investigación ya en marcha en los tribunales federales porteños, la figura a aplicar en el caso sería la de abuso de autoridad.

Pero hay otros criterios.

Profesionales del Derecho sostienen que podría encuadrar en otros tipos penales la actitud de los funcionarios públicos que facilitaron las vacunas a personas que en esta instancia del esquema oficial no reunían los requisitos necesarios para ser inmunizados.

Por ejemplo, el peculado.

O la malversación de caudales públicos.

Se pueden malversar recursos o cosas. Caudales o efectos.

Malversar es desviar. Es darle a algo un destino diferente del establecido.

Se ha advertido ya acerca de cierta indulgencia del sistema de medios respecto del vacunatorio VIP que se ha descubierto en Entre Ríos y que, una vez conocido, fue disimulado con explicaciones endebles.

Puede que haya algo de eso.

Pero hay también otros silencios que en determinados foros comienzan a llamar la atención.

Hay dos especies de la fauna tribunalicia que en las últimas semanas brillan por su ausencia.

Son especies que, en general, se hacen sentir.

No ahora.

No hemos tenido noticias de los denunciadores seriales.

El vacunatorio VIP no ha movido a ninguno de ellos a concurrir a un juzgado a los efectos de forzar una investigación.

Es como si estuviesen todos vacunados.

El otro silencio, estridente, es el de los fiscales.

¿Adonde están?

Podría cantar una tribuna futbolera: ¿Adonde están/que no se ven?”.

Conviene repasar la secuencia: conocida en el orden nacional la vacunación de privilegio, se difundió en Entre Ríos, por obra de la prensa, un listado de personas que secretamente habían sido vacunadas.

Funcionarios del gobierno fueron inmunizados sin formar la fila.

Y sin que el gobierno informara que estaba vacunando a algunos integrantes de su elenco.

Y sin dar a conocer los criterios que justificasen esa determinación.

Ese listado, que posteriormente el Poder Ejecutivo terminó aceptando como bueno, incluía a familiares de prominentes figuras del gobierno entrerriano.

O sea: no hay duda de que algo irregular ocurrió.

Se tiende a pensar que hubo, al menos, una defraudación de orden ético.

La pregunta que debe formularse ahora, sobre todo si se aspira a un razonable funcionamiento de las instituciones estatales, es si no se cometió también un delito frente al cual los poderes públicos tienen que intervenir.

Intervenir para sancionar.

O intervenir para descartar, justamente, la comisión de cualquier acción irregular.

En Buenos Aires, mientras tanto, avanza una investigación judicial.

Un fiscal, Eduardo Taiano, acaba de ampliar la lista de imputados en el expediente.

En principio los responsables de la maniobra ilegal serían el ex ministro de Salud, Ginés González García, y quien fue su jefe de Gabinete, Lisandro Bonelli.

A la nómina de involucrados se añadieron los nombres de Alejandro Collia, que era el secretario privado del ministro, y Marcelo Guillé, subsecretario de Gestión de Servicios e Institutos del Ministerio de Salud.

Se investigan las irregularidades cometidas con las dosis que estaban bajo custodia del Hospital Nacional Posadas.

Allí, o en la propia sede de la cartera de Salud, se benefició con la aplicación de la dosis a personas que no estaban incluidas en el esquema elaborado por el gobierno según un determinado orden de prioridades.

Hasta acá la investigación promovida por el fiscal Taiano ha comprobado la existencia de un irregular circuito de vacunación.

También determinó la existencia de instrucciones precisas para que ciudadanos privilegiados concurrieran a vacunarse a la mismísima sede del Ministerio de Salud.

En esa investigación, incluso, se ha citado a declarar a la escritora Beatriz Sarlo, quien hace algunos días reveló que había rechazado el ofrecimiento que alguien (a quien no identificó) le formuló para facilitarle su acceso a la vacuna.

Pero por acá, por Entre Ríos, nada.

Tal vez la tarea le corresponda a la Justicia ordinaria. Acaso a la Justicia Federal.

En todo caso, hasta ahora, nada por aquí y nada por allá.

Advirtió el Presidente de la República que “no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga: ‘Será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila’”.

Hay quienes creen, sin embargo, que los responsables de la vacunación VIP podrían haber incurrido en el delito de malversación de caudales públicos.

Se trata de una inconducta para la que, en el Artículo 261 del Código Penal, se establecen sanciones de hasta diez años e inhabilitación perpetua.

Tal cosa puede caberle a quien sustrajere caudales o efectos (una vacuna, por ejemplo) que se le hubieren confiado en razón de su cargo.

Pero en todo caso esa es una discusión técnica. Legal.

Es asunto de abogados, jueces y fiscales.

La discusión pública, extendida o acotada, juzga decisiones, actitudes y comportamiento.

Se desenvuelve en el espacio de la política.

Pero andan faltando profesionales del Derecho que desde el llano o desde la función pública pongan a funcionar los resortes institucionales para que se determine si en estos hechos tan sensibles aparece alguna conducta susceptible de ser sancionada.

Por ahora, en Entre Ríos el sistema judicial (lo que incluye a la Justicia ordinaria pero también a la Justicia Federal) protagoniza un estruendoso silencio.

Se necesita dar con el paradero de algún fiscal que lea los diarios, mire la tele o escuche la radio.

 

(*) Periodista. Especial para ANÁLISIS.

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